BAJA RENTABILIDAD

Surgen voces contra venta del horno de Ancap

El vicepresidente Raúl Sendic y el sindicato de la empresa rechazaron la intención del ente de venderlo.

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Las plantas de cemento seguirán abiertas, pero se reasignará parte del personal. Foto: Archivo

Dejando en evidencia, a juicio de diputados de la oposición, que el actual Directorio de Ancap quiere desprenderse de todos los bienes y negocios deficitarios para el organismo, sus integrantes ratificaron en el Parlamento que no se ensamblará el tercer horno de la planta de cemento pórtland de Paysandú porque hacerlo tiene un costo superior a US$ 100 millones y el retorno de la inversión sería "muy bajo".

Para llegar a esta conclusión los responsables del organismo parecen no haber tenido en cuenta como posible cliente a la firma UPM, para la construcción de su segunda planta de pasta de celulosa. De todos modos, esta inversión está sin confirmar aún.

La idea de desprenderse de ese horno molestó al actual vicepresidente Raúl Sendic, quien en 2012, cuando presidía Ancap, ordenara la compra del mismo por unos US$ 80 millones. El horno está hoy desarmado "en contenedores, entre pastizales", según planteara a las autoridades del ente el diputado nacionalista Nicolás Olivera (Alianza Nacional) en la comisión de Industria de Diputados.

Sendic afirmó ayer en una entrevista con la emisora M24: "no estoy de acuerdo con que se venda el horno de Paysandú", porque "vamos a tener a UPM que va a ser un gran consumidor de pórtland".

Ayer, el sindicato de trabajadores de Ancap anunció su rechazo a la intención de vender el horno. "Es muy grave el anuncio de vender el horno", dijo Gerardo Rodríguez, dirigente de Fancap, a Radio Carve. Entre otras razones señaló que sin ese horno "no hay futuro para el pórtland".

Cemento.

Con respecto al negocio del cemento, la directora de Ancap Laura Saldanha explicó en la comisión legislativa que en 2017 "nos propusimos revertir la tendencia, reducir costos y reestructurar el negocio buscando llegar a un equilibrio en 2018". Y afirmó a continuación que "luego de analizar profundamente" la posible construcción del horno "lo hemos descartado porque nos parece que el retorno de la inversión es muy bajo".

Por eso, Saldanha afirmó que "estamos evaluando alternativas para el horno; no tenemos definido su destino. Lo que es claro es que no va a quedar ahí en contenedores. Vamos a buscar la forma de colocarlo o venderlo".

Para llegar al "equilibrio" en el negocio, Saldanha estimó que se necesita invertir entre US$ 40 millones y US$ 50 millones, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la comisión del miércoles 5.

También la directora del ente habló sobre los análisis que se hacen en el Directorio sobre las necesidades de personal en las tres plantas de cemento, Paysandú, Minas y Manga.

Pese a que Ancap confirmó por medio de su presidenta Marta Jara en la comisión que las tres quedarán abiertas, Saldanha indicó que "necesitamos reasignar el personal por modernización de equipos" porque "hoy gastamos US$ 2 millones anuales en horas extras".

Despidos.

A su vez, el presidente de ALUR Juan Carlos Herrera, que es también el vice de Ancap, informó en la comisión que tras la investigación de la liquidación errónea de US$ 100.000 a una firma proveedora en vez de $ 100.000, hubo despidos del jefe de planta, el jefe de administración y el jefe de mantenimiento, y la suspensión sin goce de sueldo de la asistente administrativa por un plazo de catorce días. "Los tres despidos fueron por notoria mala conducta", explicó.

Preguntado por Olivera al respecto, Herrera informó que se radicó una denuncia penal y que será en ese ámbito que se determinará si hubo dolo o no en esta situación.

Tras la reunión, el diputado Olivera denunció ante el vicepresidente Herrera una situación que le fue trasmitida a él en Paysandú. Se trata del caso de una persona que trabajaba para ALUR que cuando se construía la planta a su vez tenía una "empresa solapada trabajando para ALUR". Según Olivera, esta persona ofrecía maquinaria a los subcontratistas que construían la planta.

"Después, me denunciaron que parte de la casa de esta persona está hecha con materi-ales de ALUR, con lo que quedó de un galpón. Y ahora está trabajando para ALUR", explicó a El País. Olivera entregó fotos al vice de Ancap.

En otro momento de la reunión, el diputado Olivera interpretó, a partir de información brindada por representantes del ente, que un 20% del personal habría ingresado sin concurso. Se quedó en pedir una auditoría para ver si es verdad.

Fuerza Aérea no quiso la avioneta.

Juan Carlos Herrera, presidente de ALUR y vice de Ancap, explicó en la comisión de Industria que cuando asumió en ALUR el 20 de mayo de 2016 ordenó "que la avioneta no se usara más para transporte de ALUR, de Ancap, ni de ninguna otra organización pública"; y "que se le hicieran los vuelos de mantenimiento correspondientes, pero que no se siguiera usando para realizar vuelos". Y dijo en la comisión que se planteó a la Fuerza Aérea hacer un comodato, pero finalmente la Fuerza Aérea desistió de ese traspaso de uso, ante lo cual se decidió la venta.

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