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Supuesto uso de tarjeta del Mides con fin político

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Mides reconoció que había beneficiarios que no estaban en situación económica para ser incluidos.
Fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, en Av. 18 de Julio y Barrios Amorín, ciudad de Montevideo, ND 20120903, foto Francisco Flores
Archivo El País

Los recursos públicos destinados entre 2010 y 2015 y, en particular, en los meses previos a las elecciones del pasado 26 de octubre por el ministerio de Desarrollo Social (Mides) a beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, pudieron tener un uso "político" para mejorar las perspectivas electorales del Frente Amplio, de acuerdo con una serie de denuncias recibidas por el diputado colorado Conrado Rodríguez.

Los casos fueron planteados en los departamentos de Rivera y Cerro Largo, explicó a El País el legislador de Batllistas de Ley. "Queremos saber cuánto dinero se gastó en el programa Uruguay Social entre 2010 y 2015, especificando por mes y por departamento, y cuántos han sido los beneficiarios", indicó, en función de lo cual cursó un pedido de informes al Mides, hoy a cargo de la ministra Marina Arismendi.

Las denuncias que recibió el diputado Rodríguez indican que en muchos casos en esos departamentos no se controlaron las condiciones de las personas para recibir el beneficio estatal, por lo cual él solicitó información acerca de esta situación.

"He recibido denuncias concretas en varios departamentos como Rivera y Cerro Largo y como legislador quiero conocer la información oficial", dijo. Las denuncias refieren a que se habrían concedido las tarjetas de beneficios con intenciones "políticas" para favorecer las posibilidades electorales del Frente Amplio en los departamentos, agregó el legislador.

Según la Corte Electoral, en Cerro Largo, un departamento gobernado por el Partido Nacional, el Frente Amplio obtuvo el 51,4%, es decir mayoría de votos válidos. Y en Rivera, donde gobierna el Partido Colorado, el Frente Amplio reunió el 46,6% de los votos en los comicios de octubre.

Polémica.

La distribución de la tarjeta Uruguay Social por parte del gobierno del expresidente José Mujica dio lugar a la polémica continua por varios motivos, entre ellos el perfil de los beneficiarios.

Así, a comienzos de julio de 2014 el entonces subsecretario del Mides, Lauro Meléndrez, admitió a El País que más de 29.000 personas cobraban a fines de 2013 la tarjeta Uruguay Social sin estar en una "situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica", como debería de ser para recibir el subsidio, pero aseguró que esa cifra bajó, lo cual generó una polémica entre el oficialismo y la oposición.

Unas 29.000 personas (entre 217.000 menores o embarazadas de 89.000 hogares de bajos ingresos beneficiados por ese plan) cobraban el subsidio de la tarjeta Uruguay Social sin que les correspondiera, según un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) de 2012 y 2013, conocido en esos días y publicado por Búsqueda.

La tarjeta Uruguay Social otorga una transferencia monetaria a los hogares "que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad socio-económica. Tiene como objetivo principal asistir a los hogares con mayores dificultades para acceder a un nivel de consumo básico de alimentos y artículos de primera necesidad", explica el Mides en su sitio web.

En el año 2014, el valor de la transferencia en su modalidad simple era de entre $ 684 y $ 1.839, de acuerdo a la cantidad de menores de edad en el hogar. A su vez, a aquellos hogares que se encuentran entre los 30.000 más vulnerables se les duplicaba la prestación ubicándose entre $ 1.368 y $ 3.678 por mes, indica el Mides.

Arismendi: No a exigir las contraprestaciones

La polémica entre el gobierno del Frente Amplio y la oposición se abonó cuando en febrero de este año, en plena transición entre la administración de José Mujica y el gobierno de Tabaré Vázquez, la designada ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, afirmó en entrevista con El País que no se puede exigir una contraprestación a las personas por la ayuda financiera que brinda el Mides, porque eso implicaría "culpabilizar" a los beneficiarios. En ese sentido advirtió que si se abre ese debate hay que preguntar: "¿Por qué la gente está en la situación que está? ¿A los que tienen más, los que nacieron en una cuna de oro qué contraprestación les estoy pidiendo? (...) ¿Los niños que nacieron en situación de exclusión en el 2001, en el 2002, o en el 2003 tienen la culpa? Yo le tengo que decir yo te doy, pero tu cumplí con esto y con lo otro. No, no es ese el criterio y yo lo discuto en cualquier lado, estoy muy convencida", opinó.

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