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Suba de transferencias al BPS y de intereses limita alza del gasto

El gobierno se adelantó al enviar Rendición al Parlamento y generó malestar en el Frente.

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El ministro Astori entregando la Rendición de Cuentas. Foto: D. Borrelli

Diez días antes de que venciera el plazo constitucional, el ministro de Economía Danilo Astori entregó ayer la Rendición de Cuentas —de 277 artículos— al Parlamento. Por el creciente peso de la seguridad social y los intereses de deuda se acotó el gasto orientado a las prioridades del gobierno.

Como ya se había adelantado, el aumento del gasto es de US$ 172 millones, de los cuales hay que asegurar financiamiento para unos US$ 112 millones, lo que se hará con impuestos que se incluyen en el articulado. "Para la educación asignamos US$ 108 millones, en total, lo que es por lejos, por muy lejos, la prioridad más clara de esta Rendición", sostuvo Astori.

El ministro explicó que la antelación con que se presentó el proyecto obedece a un cronograma que elaboró el gobierno sobre la Rendición y otros temas como la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares y la inversión de UPM.

En lo político, al enviar el proyecto de Rendición al Parlamento el gobierno traslada el centro del debate y deja muy poco margen para modificaciones a los legisladores del Frente Amplio, que hasta ayer no conocían el articulado. Fuentes políticas confiaron a El País que la rapidez con la que se remitió el proyecto generó malestar en algunos sectores que confiaban en acercar propuestas para un mayor incremento del gasto.

La iniciativa ingresa formalmente a la Cámara de Representantes en una sesión extraordinaria prevista para mañana jueves: se comenzará entonces a contar el plazo de 45 días corridos para discusión. El plazo expira a la medianoche del domingo 6 de agosto y luego pasará al Senado donde tiene 45 días para ser aprobada.

Astori concurrirá a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados el miércoles 28 para explicar a todos los partidos el contenido del proyecto. El ministro precisó que no es un articulado "cerrado", es decir que está abierto a eventuales modificaciones .

La rapidez con que el gobierno envió la Rendición al Parlamento está asociada al cuidado del gasto. Para este año se prevé un déficit de 3,3% del PIB, el año que viene de 2,9% y en el 2019 el objetivo es reducirlo a 2,5%.

La Rendición contiene una advertencia: "Relajar la restricción fiscal puede permitir asignar más recursos para financiar el gasto público durante un tiempo, al cabo del cual los costos provenientes de la gestión de la deuda pública tornarán insostenible la expansión del gasto. Evitar esta conducta es crucial y constituye otra de las líneas de la política económica".


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En ese marco se impone a la gestión presupuestaria "la necesidad de evitar toda inercia incremental en materia de gasto (...) El país no puede permanecer mucho tiempo más con ese resultado fiscal. A medida que se prolonga en el tiempo se hace más difícil combatir, controlar, resolver", admitió Astori.

Escaso margen.

Entre 2010 y 2014, la composición de los intereses de la deuda y las transferencias a la seguridad social se estabilizaron en torno al 30% del total del gasto. A partir de 2015, las transferencias a la seguridad social y los intereses de la deuda incrementaron su participación en la composición total del gasto en un 32%.

Según se explica, estos incrementos en el peso de los gastos que tienen menor grado de discrecionalidad en el corto plazo, acotan el margen para incrementar (...) el gasto orientado a las prioridades.

De hecho, el aumento de los gastos no acompañado de un incremento de los ingresos implicó que en el año 2015 la asistencia financiera de Rentas Generales al Banco de Previsión Social alcanzase los $ 11.000 millones, cifra que es siete veces la asistencia del año 2014. En el 2016 se reforzó esta tendencia y la asistencia al organismo rondó los $ 14.000 millones. En tanto, para 2017 se esperan nuevos incrementos alcanzando los $ 18.000 millones.

Este aumento de las prestaciones y del gasto trae de la mano una mayor presión sobre las cuentas públicas "que no fueron enteramente previstas", según se reconoce en el capítulo de la Rendición referido a la Seguridad Social. De hecho, previo a la ley de flexibilización de las jubilaciones, el BPS había realizado una proyección sobre cuál sería el número de altas incrementales por el efecto de la nueva ley y las mismas rondaban las 37.000 acumuladas desde 2009 a 2015.

Sin embargo, en base a la información actualmente disponible las mismas ascenderían a 103.000; es decir que son casi tres veces las proyectadas. Este número de altas implicaría un costo adicional no proyectado de alrededor de US$ 330 millones anuales en 2016. Solo el gasto en salud aumentó 2% por ingresos de nuevos colectivos al Fondo Nacional de Salud.

Por otra parte, si se analiza la composición del gasto de la Administración Central y los organismos descentralizados se destaca la elevada participación de las remuneraciones en la totalidad gasto, las cuales pasaron de representar el 56% del total en 2004 al 62% en 2016.

LAS INVERSIONES DEBEN COORDINARSE CON LA OPP Y ECONOMÍA.

Entes deberán bajar gastos y suprimir vacantes.

El Poder Ejecutivo dispuso que las empresas públicas contengan sus gastos el año próximo, tanto en lo que se refiere a compra de materiales no imprescindibles como a sus dotaciones de personal.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas establece la reducción global de 2% en términos reales de las adquisiciones de bienes y servicios, con excepción de aquellas que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por la empresa, a la vez de no incrementar los gastos en publicidad y propaganda (estos gastos ya fueron reducidos 50% en 2015 para las empresas en competencia, y limitados exclusivamente a comunicaciones de carácter institucional para las monopólicas), conjuntamente con un manejo estricto de donaciones y misiones oficiales, limitándolas al mínimo indispensable.

En el mismo sentido, se mantendrán en el ejercicio 2018 los criterios de no llenar un tercio de las vacantes generadas en el año, de reducir al menos 10% las horas extras, y de no aceptar nuevos regímenes de Retiros Incentivados ni la extensión de la vigencia de los existentes, ni de aceptar nuevas reestructuras. Las inversiones del ejercicio 2018 serán las acordadas con la OPP y Economía , las que a su vez, solo se podrán ejecutar si sus estudios de rentabilidad financiera y económico-social cuentan con dictamen favorable del Sistema Nacional de Inversión Pública.

CONTENIDOS DE LA RENDICIÓN.

Beneficios para poder expropiar.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estipuló un mecanismo para la expropiación de terrenos con destino a obras de infraestructura declarados de "urgente posesión". En el caso de que esos terrenos tengan propietarios con más de diez años de posesión, y permitan la "ocupación en vía administrativa" dentro de un plazo máximo de 30 días, recibirán un incremento del 15% del valor de la tasación correspondiente al rubro del terreno en cuestión. El ministerio anunciará el nuevo trazado de la vía férrea para el ferrocarril que transportará la producción de la nueva planta de UPM hasta el Puerto de Montevideo. El ministro de Transporte Víctor Rossi adelantó que se necesitará expropiar una serie de terrenos.

Renuevan el catastro del campo.

El ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori confirmó que la cartera ya puso en marcha una actualización catastral para la propiedad rural, algo a lo que se había comprometido ante la bancada del Frente Amplio cuando presentó los lineamientos de la Rendición. Eso significará un aumento de la contribución inmobiliaria rural que, según Astori, tenía sus valores "desvinculados de la realidad y obsoletos". La propuesta para la actualización catastral fue promovida por el diputado socialista Roberto Chiazzaro, en vez de una iniciativa para aumentar el Impuesto al Patrimonio que había propuesto ese sector político y que el ministro Astori no compartía. En los hechos, esto subirá la contribución inmobiliaria rural.

Licencia por nacimientos prematuros.

El proyecto de ley dispone una nueva licencia especial para los padres de hijos nacidos prematuros con menos de 32 semanas de gestación y que requieran internación.

El beneficio laboral es tanto para los padres biológicos como adoptivos. "Tendrán derecho a licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días", dice el texto.

A su vez, cuando esté finalizada esa nueva licencia especial, los padres tendrán derecho a hacer usufructo de la licencia por maternidad o paternidad. "En el caso de la licencia por maternidad corresponderá el usufructo de 18 semanas de licencia", aclara el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresó a estudio del Parlamento.

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