Inmobiliarias No reportan operaciones sospechosas y están en la mira

Solo seis funcionarios controlan lavado en sectores de alto riesgo

Uruguay tiene una legislación avanzada -también elogiada- para prevenir el lavado de activos. El sistema se basa en la autorregulación de los involucrados, pero el control de un amplio sector de alto riesgo está en manos de solo seis funcionarios.

Gonzalo Terra

"Nosotros tenemos la misión de controlar al sector no financiero, es una tarea que nos asignó el Ministerio de Economía hace unos años pero no es sustantiva para la Auditoría. Tenemos la obligación de hacer el control pero cuento con un equipo de solo media docena de funcionarios, que son los que tengo disponibles. Se controla por muestreo, que es el método posible en función de las posibilidades que hoy tenemos", dijo a El País el Auditor Interno de la Nación, Hugo Pose.

La normativa vigente en Uruguay, muy estricta y elogiada por los organismos internacionales competentes en la materia, obliga a los involucrados adentro y afuera del sector financiero a autorregularse, informar sobre operaciones sospechosas y guardar registro de todas las transacciones durante cinco años.

¿Qué ocurre frente a un ilícito que evidentemente no será reportado? El 22 de noviembre de 2006 el Ministerio de Economía y Finanzas encomendó a la Auditoría Interna de la Nación (AIN) "la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo". Su obligación es controlar a casinos, inmobiliarias y otros intermediarios de inmuebles, personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, y a las personas físicas (escribanos) o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren en forma habitual sociedades comerciales, cuando éstas no conformen un consorcio o grupo económico".

Cinco años después, el 4 de noviembre de 2011, la Auditoría integró un equipo multidisciplinario encargado del "Control y prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo". Son seis contadores y abogados que deben controlar que diversos sujetos que se desempeñan en el sector no financiero de todo el país y realizan miles de transacciones al mes, cumplan con la normativa que los regula y obliga, entre otras cosas, a denunciar operaciones sospechosas.

Entre ellos se encuentra el sector inmobiliario que durante 2012 no hizo ningún reporte de operaciones sospechosas y está catalogado como de alto riesgo. Se trata del sector del que han surgido la mayoría de los ilícitos y procesados por lavado de activos en los últimos años.

SUPERVISIÓN.

La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF), encargada de hacer los análisis tácticos, operativos y estratégicos para prevenir el lavado, especificó en su Memoria 2012 que ese año recibió 237 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) pero muy pocas surgieron del sector no financiero. Tres correspondieron a casinos, "no habiéndose recibido ninguno de parte de administradores de sociedades, rematadores, inmobiliarias, etc.", especificó la UIAF.

"Sigue siendo escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de reportes recibidos", reafirmó. Y agregó "a efectos de revertir esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se deberán continuar desarrollando tareas de capacitación y difusión de la normativa, conjuntamente con las asociaciones profesionales respectivas, e intensificar las labores de supervisión del cumplimiento de la normativa vigente".

El sector inmobiliario es el "más sensible" al lavado de activos. El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fechado el pasado 5 de marzo, destacó que Uruguay ha dado "pasos afirmativos" para combatir el lavado de activos pero alertó que sigue siendo vulnerable a las mafias colombianas y mexicanas que buscan blanquear activos.

"Los casos de lavado de dinero publicitados están principalmente relacionados con los narcóticos y/o involucran al sector inmobiliario", sostiene el informe.

La Secretaría Nacional Antilavado de Activos, encargada de elaborar las políticas para prevenir el ilícito y que con su desempeño ha logrado que Uruguay sorteara los exámenes a los que fue sometido por organismos internacionales, tiene claro que el sector inmobiliario es el que representa más riesgos.

"El sector nos preocupa porque sigue siendo el más sensible para el lavado. En todas las investigaciones que hemos hecho hay un altísimo porcentaje de lavado a través de transacciones inmobiliarias. Hace una semana hubo 13 detenidos por lavado y todos estaban involucrados en operaciones inmobiliarias", dijo a El País el director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz.

En los últimos años han sido procesados más de 120 personas, muchos de ellos profesionales, vinculados a delitos de lavado. La mayoría participó de complejas operativas inmobiliarias a través de sociedades anónimas.

"Los sectores se ponen ellos mismos en zona de riesgo cuando dejan de cumplir con la normativa vigente. Si no hacen reportes comienzan a preocuparnos. Eso ha ocurrido con las inmobiliarias. También están obligados a llevar un registro de todo lo que hacen y guardarlo durante cinco años. El sujeto obligado, frente a la autoridad que debe controlar, debe exhibir toda la documentación", explicó Díaz.

Pero el control parece ser el talón de Aquiles del escudo legal que en los últimos diez años ha diseñado el país (la normativa comenzó a aprobarse en los últimos dos años del gobierno de Jorge Batlle y se perfeccionó en el mandato de Tabaré Vázquez) para prevenir operaciones de lavado.

SOLO SEIS.

La Auditoría Interna de la Nación reconoce que la tarea la excede. Durante cinco años el equipo multidisciplinario que debía controlar al sector no financiero no se conformó. Fue el actual director Hugo Pose quien lo integró, pero apenas pudo disponer de seis funcionarios para la tarea de controlar a inmobiliarias, escribanos, casinos, casas de remate, comercios de venta de antigüedades y obras de arte entre otros. Incluso, con excepción de los escribanos para los que el protocolo de actuación es muy detallado, para el resto no se han redactado los procedimientos que deben cumplir.

Pose dijo a El País que la tarea de control del sector no financiero "no es sustantiva" para la Auditoría, cuyo objetivo esencial son las auditorías sobre sociedades anónimas, cooperativas y organismos públicos. "Tenemos la obligación de realizar este control pero solo puedo disponer de media docena de funcionarios", explicó a El País.

Sobre la ausencia de reportes de operaciones sospechosas por parte del sector inmobiliario, dijo que muchas de ellas se omiten por la actuación de un escribano en la escritura pública, quien también está obligado por la ley contra el lavado de activos. La UIAF recibió solo cinco reportes de estos profesionales en 2012. Los escribanos deben cumplir con la "debida diligencia" en cada transacción, que entre otros aspectos implica determinar el origen de los fondos y si los valores de mercado son los apropiados.

En este caso la Auditoría realiza controles al azar sobre escrituras realizadas. "Si cumplieron no hay problema, si no lo hicieron se hacen las observaciones necesarias", indicó Pose.

En Uruguay se hacen, en promedio, unas 11.000 operaciones inmobiliarias por mes, de las cuales más del 60% corresponden a compra-ventas.

"Es un número muy menor el que puede ser controlado. Esto se hace por muestreo. Es el método posible en función de las posibilidades que tenemos", señaló Pose.

El auditor interno de la Nación informó que se está redactando un protocolo específico para las inmobiliarias que especificará procedimientos para operaciones no vinculadas a compra-venta, como por ejemplo los alquileres.

Fuentes consultadas por El País indicaron que es posible que también se le solicite a las inmobiliarias que presenten los registros de operaciones de los últimos quince años.

Consultado al respecto, Pose dijo que no podía confirmar ni desmentir la información.

Díaz explicó que el sistema financiero cuenta con una regulación muy firme y que resulta muy difícil blanquear activos en el sistema bancario. No obstante, estimó que los sectores más sensibles son aquellos que realizan transacciones sobre bienes o servicios cuyo valor resulta difícil de estimar.

"¿Cómo puedo determinar objetivamente que un jugador de fútbol, un caballo de carrera o una obra de arte vale US$ 30 millones? Es muy difícil hacerlo. Por eso resulta fundamental que los propios involucrados en el negocio sean los que reporten una operación sospechosa", sostuvo Díaz.

También preocupa la actividad de organizaciones sociales, entre ellas las ONG, algunas religiosas, que carecen de controles estatales rigurosos. "Es otro aspecto que debemos atender", indicó Díaz.

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

La supervisión del cumplimiento de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo por parte de los sujetos obligados está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los sujetos obligados deben cumplir con la "debida diligencia" que implica que ante operaciones que superan determinados montos deben obtener y verificar información sobre los negocios y sus responsables, incluyendo la búsqueda de antecedentes y la determinación del origen del dinero.

Los casinos deben cumplir con la debida diligencia cuando sus clientes realicen operaciones tales como compra o canje de fichas, apertura de cuentas, transferencia de fondos y cambio de moneda por un monto superior a US$ 3.000.

En el caso de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, quedan obligadas por la ley frente a operaciones en efectivo con un cliente por un monto igual o superior a US$ 15.000.

Por igual monto quedan alcanzados los rematadores cuando efectúen ventas en remate público.

Las inmobiliarias y otros intermediarios en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles deben cumplir con la debida diligencia cuando el monto de la operación sea superior a los US$ 100.000 en efectivo y US$ 200.000 utilizando instrumentos bancarios.

Los escribanos quedan sujetos a la ley (se trata de los sujetos para los que el protocolo está más afinado) cuando lleven a cabo para sus clientes operaciones por un monto superior a los US$ 100.000 en efectivo y US$ 200.000 utilizando instrumentos bancarios.

Las comunicaciones de transacciones inusuales o sospechosas deben ser presentadas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

La cifra de Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UIAF en 2012 ascendió a 237, lo que representa un aumento del 17,9% respecto de los recibidos el año anterior. En el período la UIAF puso 8 casos en conocimiento de la justicia penal competente, a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito porque podrían estar vinculados con actividades delictivas o el financiamiento del terrorismo. Solo cinco fueron reportados por escribanos y tres por casinos.

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