LAVADO DE ACTIVOS

Solicitan la libertad de un cambista brasileño

Su defensa aduce que es excesivo el plazo de espera de la extradición de 40 días.

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Acusado: el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Foto: O Globo / GDA

La defensa de uno de los cambistas brasileños detenidos en Montevideo por su supuesta vinculación con una trama de lavado de activos provenientes de coimas pagas al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, pidió su libertad por considerar inconstitucionales la leyes que "internalizan el acuerdo sobre extradición de los Estados partes del Mercosur", a la vez que planteó una acción de habeas corpus "contra la prisión indebida" de su cliente.

Claudio Fernando Barboza de Souza fue detenido el viernes 3 de marzo en Montevideo al retornar de Chile adonde había viajado por el feriado de Carnaval. Ese mismo día fue apresado en Maldonado Vinícius Claret, también conocido como Juca Bala, ambos envueltos en operaciones de lavado de dinero provenientes del esquema montado por Cabral.

Ambos hombres quedaron detenidos a la espera de que la Justicia brasileña efectivice el pedido de extradición al amparo de las leyes 17.498 y 17.499.

Pablo Correa, abogado de Barboza, se presentó ante la jueza de la causa, Beatriz Larrieu, interponiendo el recurso de inconstitucionalidad de ambas normas aduciendo que las mismas otorgan un plazo de 40 días para recibir el pedido de extradición pudiendo quedar los acusados detenidos durante ese plazo. Para el jurista ese lapso "de por sí es una duración absolutamente excedente del plazo máximo de detención de 48 horas que la Constitución (uruguaya) establece en caso de delito cometido en el país, cuando mediare flagrancia o semiplena prueba".

Barboza solicita a Larrieu que "tenga por planteada a su vez la acción de habeas corpus contra la prisión indebida de mi defendido en razón de la solicitud realizada por la Policía brasileña".

Antecedentes.

Una denuncia de la Fiscalía de Brasil sobre la red de lavado de dinero organizada por Cabral, presentada el martes 7, le dedica un capítulo entero a Uruguay.

El documento, al que tuvo acceso El País, señala que en Uruguay funcionaba una casa de cambio, cuyos propietarios tenían vinculaciones con personas allegadas a Cabral.

También menciona a uruguayos como integrantes o subordinados de la organización norteña y a la constructora brasileña Odebrecht investigada por el pago de coimas en varios países de América Latina. Este consorcio realizó obras de infraestructura en Brasil y en otros países de América Latina.

El dinero era cobrado por integrantes de la organización y llevado a un estudio jurídico en Río de Janeiro. De ahí era trasladado a Uruguay o transferido a cuentas en EE.UU. Bahamas y Alemania, entre otros países.

Tomarán declaraciones por causa del Lavajato

El nuevo fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, se apresta a redireccionar la investigación uruguaya sobre el pago de coimas en Brasil conocido como Lavajato, dijeron a El País fuentes del caso.

La causa a cargo de la jueza María Helena Mainard investiga a dos abogados y a dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos.

Según dijeron los informantes en breve el fiscal pedirá a la jueza que cite a los cuatro indagados a declarar.

Denuncia.

Uno de los abogados uruguayos investigado

fue denunciado por el Ministerio Público de Brasil como responsable de una operación de lavado de dinero junto al ex director del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.

El juez brasileño Sérgio Moro aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público Federal, que entiende que el abogado es el ideólogo de una operación de lavado de la que se benefició Cerveró.

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