Dirección comprobó que los menores estaban golpeados

Sirpa presentó denuncia contra la Republicana

La directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, presentó ayer una denuncia penal contra efectivos de la Guardia Republicana que se encargaron de la vigilancia en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) durante la noche del sábado, cuando los funcionarios del INAU iniciaron la huelga y los menores hicieron una quema de colchones, y efectuaron el traslado de 19 internos al ex Hogar Puertas.

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La Republicana en el Ceprili.

Fulco dijo a El País que presentó la denuncia penal luego que se le practicara un examen médico a los adolescentes, se labrara un acta y se constatara que varios de ellos habían sido golpeados. "Hicimos el examen médico, un acta y la denuncia", afirmó.

Los menores fueron trasladados, según Fulco, porque el lugar en el que estaban en el Ceprili era "inhabitable".

Fulco ya había presentado una denuncia penal como consecuencia de los incidentes del 24 de julio en el Ceprili, que terminó el viernes con el procesamiento de 26 funcionarios, 17 con prisión, todos por un delito de tortura.

El presidente Tabaré Vázquez habló hoy sobre el tema ante los medios al llegar a Florida al acto por el aniversario de la independencia. Dijo que si se comprueba que agentes policiales estuvieron involucrados y golpearon a menores "los vamos a dar de baja". 

El diputado Fernando Amado que estuvo en el Ceprili el domingo, había dicho a El País que vio indicios de que en la madrugada del sábado hubo "una batalla campal".

El legislador señaló que vio un joven con una fuerte hinchazón en los labios y otro con claras muestras de haber sufrido un golpe en la cabeza que habría recibido en el vehículo de la Republicana, que se encargó del traslado de 19 adolescentes al ex Hogar Puertas.

El sindicato del INAU, que hizo públicas imágenes de los adolescentes lastimados, se desentendió de las golpizas en una carta a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y al director de nacional de Trabajo, Juan Castillo.

Además, informaron a la Justicia y llamaron a legisladores para que sean testigos de cómo recibieron los centro y a los menores el domingo.

El sindicato realizará el jueves un paro de 24 horas y marchará al Sirpa en reclamo de garantías laborales, "tanto físicas como jurídicas", y en solidaridad con los procesados, incluido el presidente del sindicato, José Lorenzo López.

En la mira.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que mostró un total respaldo a la gestión de Fulco y que fue interpelada por Tabaré Viera la semana pasada, es seguida con lupa por el diputado del Partido Colorado.

Viera dijo a El País que podría recurrir a la Justicia si la secretaria de Estado no contesta interrogantes que eludió en la interpelación.

El diputado comentó que le dará un mes a Arismendi para que "conteste las 16 preguntas que no contestó y se comprometió a hacer por escrito".

Viera afirmó que la única pregunta que respondió fue la primera que tenía que ver con la creación de la institución que debe atender a los menores infractores.

Tras doce horas de sesión, la interpelación había terminado como era previsible: declarando satisfactorias las explicaciones sobre el episodio de la golpiza a internos del Ceprili.

Renuncia director del Sirpa por diferencias.

El director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Edgar Bellomo, comunicó ayer su renuncia a ese organismo y formalizará por escrito su alejamiento el miércoles. Bellomo dijo a El País que su renuncia se debe a "diferencias de estilo". "No estoy de acuerdo con un estilo de confrontación con los trabajadores y el gremio (…) Es obvio que está avalado por el gobierno, pero creo que no sea lo mejor. Hoy sería bueno tender puentes y no destruirlos", aseguró. El jerarca reconoció que comparte "los objetivos finales" que tiene el Poder Ejecutivo de cómo tratar a la minoridad infractora pero insistió en que discrepa "con las formas". Bellomo no firmó la denuncia que presentó Gabriela Fulco y terminó con 26 trabajadores procesados.

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