Servicios esenciales

Sindicatos rebaten legalidad del decreto

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) encargó un informe jurídico en el que sus asesores legales María Isabel Cammarano y Daniel Parrilla sostienen que cuando se aprobó la Ley 13.720 que regula los servicios esenciales, se estaba pensando en los "servicios esenciales en sentido estricto", o sea aquellos que por su naturaleza podrían comprometer bienes jurídicos superiores como la vida, la seguridad y la salud.

Estos servicios, recuerdan, "están estructurados institucionalmente de forma tal de poder ser mantenidos por turnos de emergencia, hecho que no ocurre con la enseñanza y reafirma que el legislador siguió los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto". A juicio de esos abogados, se justifica la interposición de recursos administrativos así como la denuncia ante los organismos correspondientes de la OIT.

Los juristas entienden que "mediante el decreto que se analiza se ha desmantelado todo un estatus jurídico del derecho de huelga apoyado en la normativa de mayor jerarquía, tanto interna como internacional, pulverizando dicha protección y sustituyéndola por una discrecionalidad arbitraria del Poder Ejecutivo que a partir de ahora será quien determine los límites y el alcance de un Derecho Humano Fundamental", como es la huelga.

Citan, en este sentido, dictámenes de los años 1996 y 2006 del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que expresamente establecen que el sector de la educación no constituye un servicio esencial en sentido estricto.

Sostienen también que "la cuestión de la esencialidad de determinados servicios está directamente relacionada con el derecho de huelga que integra la libertad sindical y en nuestro país la huelga tiene jerarquía constitucional reconocida expresamente" en el artículo 57 de la Constitución.

En el decreto que estableció la esencialidad, el Poder Ejecutivo argumentó que "las medidas adoptadas hasta el momento han provocado la pérdida de una significativa cantidad de horas docentes y de servicios de alimentación en escuelas de todo el país". También señaló en los considerandos, que por su extensión, los paros docentes comprometen derechos básicos y que "el Estado ha agotado todas las instancias legales de negociación con los gremios docentes y, sin embargo, estos no han declinado su voluntad de avanzar hacia una huelga que afectará el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, así como la seguridad y la estabilidad de las familias frente a sus responsabilidades", señala el decreto del presidente Tabaré Vázquez.

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