Falta cubrir el 30% del país y se resienten zonas periféricas.

Los recortes en la inversión pública tienen consecuencias bien concretas denuncian los sindicatos de las empresas estatales: el programa de "fibra óptica al hogar" está muy enlentecido cuando aún falta cubrir el 30% del país y al ritmo actual se necesitarán todavía 10 o 12 años para culminarlo. Antel sondeó al Ministerio de Economía para que la autorizara a endeudarse a largo plazo por US$ 200 millones para poder culminar la cobertura en la mitad de plazo, pero la respuesta fue negativa, dijo a El País Guillermo Rehermann, coordinador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Según Rehermann, la fibra óptica para telefonía y servicios de datos es mucho más barata que los cables de cobre que hoy se utilizan, entre otros motivos porque no la afecta el agua. A su vez, se podría, una vez sustituida la actual red por la fibra óptica, vender el cobre y obtener una rentabilidad por ello.

Para plantear su disconformidad por la falta de inversiones, los sindicatos de las empresas públicas pararán desde las 9 horas del día 7 hasta la mañana del día 8 en Montevideo. La paralización será de 0 a 24 del día 7 en el Interior para que los sindicalistas vengan a la movilización que se realizará a las 11 horas frente al Ministerio de Trabajo. Marcharán a la Torre Ejecutiva donde pedirán ser recibidos por el presidente Tabaré Vázquez.

Según Rehermann en el caso de Antel se dio prioridad a la construcción del cable submarino a Estados Unidos, al Antel Arena y al data center inaugurado en Canelones, algo que el sindicato comparte pero se postergaron inversiones no visibles pero importantes para zonas periféricas.

Según Rehermann, existe un riesgo cierto de que se resienta la calidad de los servicios por la falta de inversiones. También incide que se ha pedido a Antel un incremento fuerte de los aportes a rentas generales que pasaron de US$ 60 millones anuales a US$ 100 millones.

Rehermann cree que en las empresas públicas falta personal. En ellas trabajan 24.000 personas, una parte minoritaria de los 291.000 trabajadores estatales. Rehermann dice que la falta de personal en las empresas públicas lleva a que se recurra a las tercerizaciones (que a veces no dan un buen servicio) que realizan empresas que suman unos 10.000 trabajadores. La mesa cree las tercerizaciones resultan caras y que los trabajadores de las empresas privadas en algunos casos deberían ser regularizados como públicos en la medida que realizan la misma tarea que ellos con menos derechos. "Las tercerizaciones generalmente terminan saliendo más caras al Estado", señaló el sindicalista.

La mesa de entes cuestionará las declaraciones de esencialidad que afectaron este año a la Unión Ferroviaria y al sindicato de Ancap porque entiende que sus paros si bien afectaron a la población no pusieron vidas en riesgo. Según Rehermann, el gobierno "se pasó de rosca y afectó la libertad sindical".

INVERSIÓN PÚBLICA