Auditoría detectó incumplimiento de normas e imprecisión en licitaciones.

Las auditorías realizadas a tres hogares refaccionados por la anterior administración del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) dieron como resultado varias irregularidades tanto formales como constructivas al punto que hay espacios que se inundan.

Las obras en cuestión refieren a los hogares ex Regimiento N° 9, ubicado en la avenida José Belloni; del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), situado en la calle Cufré, y las obras realizadas en el Hogar SER de la Colonia Berro.

Según dijeron a El País fuentes oficiales, en el informe entregado al INAU la semana pasada se señala que "hay cosas que no están bien". Entre ellas, fallas de construcción debido a "mala praxis" e "imprecisiones en los llamados que hizo la anterior administración" de Ruben Villaverde que provocaron errores constructivos.

"Hay normas que son imprescindibles que no fueron cumplidas", dijeron las fuentes. Esto hace que, por ejemplo, exista "peligro de inundación" en un área del ex Regimiento N° 9.

La auditoría dirigida por la dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte analizó qué criterios se siguieron a la hora de aceptar las propuestas arquitectónicas y qué controles se realizaron sobre los trabajos finalizados.

Según concluyó la auditoría —que comenzó en julio del año pasado— varios de los problemas constructivos podrían haberse subsanado, pero hay obras que "no recibieron recepción", o que "la tuvieron provisoria y no se corrigieron las fallas detectadas". La recepción es el paso previo al final de obra y es cuando se analizan los aspectos que quedaron pendientes de la misma.

Las auditorías fueron encargadas por las autoridades tras percibir una mala calidad en las construcciones en centros para alojar a menores infractores, cuyas obras habían sido adjudicadas de forma directa y por unos US$ 20 millones en la administración anterior.

Todas estas obras se adjudicaron de forma directa haciendo uso de una facultad que le votó el Parlamento para acelerar la creación de plazas y así terminar con el hacinamiento.

El 6 de septiembre de 2013 el Inau dispuso la contratación directa de una empresa de plaza para la reconstrucción del ex Batallón de Caballería Nº 9, cedido por el Ministerio de Defensa. La adjudicación se realizó por $ 105.072.725 (casi US$ 5 millones). El contrato fue observado por el Tribunal de Cuentas porque no se fundamentó debidamente la causal de excepción para obviar una licitación. En febrero de 2015, el INAU hizo "ajustes paramétricos" y sumó al contrato un total de $ 14.300.000 (US$ 600.000).

En mayo de 2014, el INAU también adjudicó de forma directa obras de ampliación de capacidad y mejoras del Hogar SER de la Colonia Berro por $ 3.404.161.

Pero a esto se le sumó que en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) se podía tener "fácil acceso al hierro de las paredes", y los allí internados "construyeron cortes con los mismos", explicó en su momento la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, lo que dejó en evidencia las fallas constructivas.

El video que terminó con funcionarios ante la Justicia por el maltrato a menores internados, mostró cómo en cuestión de minutos dos adolescentes arrancaban una tapa de cemento del piso, la rompían y se hacían del hierro para utilizarlo como un arma.

El Ceprili, que antes funcionaba en la calle Burgues, se inauguró en septiembre de 2014 en la Avda. Gral. Flores y Cufré. Menos de un año después presentaba, según un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos de fecha 28 de julio, un "desgaste prematuro y deterioro edilicio importante en varias áreas, mayormente en las celdas".

El Instituto de Derechos Humanos pudo observar celdas con las puertas de hierro arrancadas y otras donde se había arrancado la malla metálica interior o la reja. Ese fue el hecho más notorio, pero en el ex Regimiento Nº 9, inaugurado hace casi dos años, se volaron los techos 365 días más tarde de haber sido ocupado, lo que dejó problemas para las autoridades sobre la distribución de los internos. Los defectos en la construcción fueron denunciados también por el sindicato de trabajadores, que alertó en su momento por la inseguridad que se vivía al tener los internos tan fácil acceso a hierros y otros materiales con los que podían elaborar cortes.

Consultada por El País, Fulco reconoció que en el centro de la calle Cufré se detectó una estructura "frágil y vulnerable", construida con "materiales inadecuados". La idea es hacer arreglos allí para que se alberguen en el centro jóvenes que tienen salidas laborales autorizadas, y que por su perfil suponen un riesgo menor de que lo vandalicen. Hoy está cerrado.

Fulco señaló que al término de su gestión pretende que en el conjunto del Sirpa se llegue "a un término óptimo, a un piso, a través de un proceso de mejora continua" que "nos permita salir de este pozo", algo para lo que "estamos comprometidos de manera profunda".

OBRAS MAL HECHAS