CUATRO MINISTROS EN SIETE

Topolansky podrá tomar la decisión política de pagarle ahora.

DANIEL ISGLEAS

Por mayoría de cuatro ministros en siete, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) falló que el exvicepresidente Raúl Sendic solamente podrá cobrar el subsidio por el desempeño de su cargo durante 31 de los 60 meses que le correspondían a partir del fin de la Legislatura, es decir, en febrero de 2020. Esta decisión se tomó en base a un informe de la sala de abogados del organismo que en su momento fuera adelantado por El País.

El fallo del Tribunal indica que se resolvió "observar los gastos del pago del subsidio al exvicepresidente de la República, dispuesto por resolución de la presidenta de la Cámara de Senadores" del 3 de octubre de 2017.

El documento sostiene que "el vicepresidente de la República es miembro del Senado y se le aplica la norma de tal, salvo disposición específica en contrario". Y agrega que el mismo "tiene voz y voto como senador", pero que "queda suspendido en esa calidad si desempeña interinamente la Presidencia de la República, motivo por el cual es consistente que se le nomine separadamente de los miembros del Senado en el artículo sobre juicio político".

En la mañana de ayer hubo una votación dividida que terminó con cuatro manos en alto a favor de apoyar el informe jurídico y tres en contra. Los votos que hicieron la mayoría fueron los de la presidenta del organismo Susana Díaz y de los ministros Álvaro Ezcurra, Darwin Machado (suplente de Ruperto Long), y Francisco Gallinal.

El subsidio mensual por un año equivale a unos US$ 13.000. El domingo 29 de octubre, mientras participaba en una recorrida por Canelones, Sendic afirmó que el pago le "corresponde" y que es "el único ingreso" que tiene, pero admitió que aún no cobró un peso.

Para el Tribunal, Sendic fue legislador, motivo por el cual le corresponde el subsidio al término del período legislativo, o sea en el año 2020, tal cual señala el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución.

Las únicas chances de que cobrara a partir de su renuncia, ocurrida en septiembre, son dos: o que una junta médica corroborara su delicado estado de salud o que hubiese una razón política. Para esta última se deberían reunir los tres quintos de votos para aprobar el pago inmediato del subsidio. Pero esta alternativa puede ser descartada de plano porque para lograr esa mayoría especial de votos el oficialismo necesita el apoyo de los otros partidos, y eso no ocurrirá.

El TCR comunicará ahora a Topolansky la observación a la resolución y la vicepresidente podrá o bien anular la autorización del subsidio o reiterar el gasto y pagarle. En este caso se le abrirá a Topolansky otro flanco de enfrentamiento con la oposición.

La vicepresidente está ahora al frente del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Tabaré Vázquez a México, por lo cual recién el próximo lunes se analizará la situación con los coordinadores del resto de las bancadas.

Quien brindó un punto de vista interesante sobre el particular fue el presidente del Frente Amplio Javier Miranda, quien en una visita a Salto pidió prestarle atención al fallo del TCR. "Es un órgano de contralor del Estado con lo cual más allá de lo que uno pueda pensar de cómo debe interpretarse un texto jurídico, es uno de los poderes del Estado, por lo tanto hay que prestarle atención", sostuvo.

En los últimos días, en medio de la polémica por el pago del subsidio, Topolansky salió a defender al exvicepresidente. "El subsidio es como un seguro de paro, como cualquier persona que termina una cuestión laboral y tiene un tiempo, no es más que eso, lo que pasa es que esto se dio en medio de una situación con otros ribetes y entonces probablemente eso haya sido la causa de la polémica", indicó.

El TCR decidió días atrás que todos los subsidios que concedan el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales sean sometidos a estudio del departamento jurídico del organismo y sean votados —aprobados o rechazados— por los ministros.

La propuesta la hizo Gallinal y fue acompañada por el resto de los autoridades. De acuerdo con lo resuelto en la sesión de la semana pasada del Tribunal, se le comunicará a todos los auditores delegados del organismo en las intendencias y en el Poder Legislativo que cada vez que se pida un subsidio por parte de un legislador o de un intendente departamental, el asunto no sea intervenido por esos representantes del Tribunal, sino que se remita al propio organismo para su análisis.

"Tratándose de un asunto constitucional (Art. 77 numeral 10) cuando se trate de legisladores o intendentes que el subsidio venga directamente acá", reclamó Gallinal.

La ley 16.195 de 1991 determina que los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el fiscal de Corte, los titulares de cargos legislativos, ministros y subsecretarios de Estado, entre otros cargos, pueden cobrar el subsidio.