La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores, con votos oficialistas, aprobó la eliminación de la rebaja de la Contribución Rural prevista en el proyecto de presupuesto, aunque exonerando el pago por las primeras 50 hectáreas para productores que no tengan más de 200 con índice Coneat 100.

Es decir, quien posea 199 hectáreas pagará por 149, quien posea 201 hectáreas o más pagará por el total.

El artículo volverá a la Cámara Baja, pero todo indica que allí no tendrá modificaciones y será votado el lunes. El senador oficialista Rafael Michelini explicó a El País que el artículo que se aprobará en el Parlamento exonera a los pequeños productores familiares, a quienes se les mantiene la exoneración vigente por una ley de 2002. Según el senador, no es mucho dinero el que perderá de recaudar el Estado pero a la vez para esas familias será "algo importante".

Los senadores nacionalistas y colorados votaron en contra de eliminar la exoneración porque entienden que el campo no resiste más impuestos.

Los productores que quieran acceder a la exoneración deberán figurar en el registro de productores familiares que lleva el Ministerio de Ganadería. Para poder recibir la exoneración los productores familiares tendrán que presentar en la intendencia respectiva un certificado emitido por el ministerio y una declaración jurada con el detalle de todos los padrones, indicando el valor real de cada uno.

Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural, cuestionó la decisión y dijo a El País que un productor ganadero familiar necesita más de 500 hectáreas para cubrir la canasta familiar. Advirtió que las explotaciones tanto agrícolas como pecuarias necesitan hoy ser medianas para ser rentables. Señaló además que el artículo no dice que lo recaudado vaya a ser dedicado a la caminería. Y juega contra la competitividad en un momento en que caen los empleos, los precios internacionales, las exportaciones y el Producto Interno, y se incrementa el endeudamiento y los costos.

Este asunto y otros serán analizados hoy de tarde en una reunión que mantendrán 12 gremiales agropecuarias y el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. De todas formas, Reilly dijo no esperar que el encuentro con el ministro pueda revertir la implantación del tributo porque el mismo fue fruto de un acuerdo entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes.

En una línea similar, el presidente de la Federación Rural, Fernando Dighiero, dijo a El País que la contribución solamente rendiría US$ 500.000 a cada departamento y se quejó de que los senadores no hayan escuchado a la gremial. "Es un golpe más, luego de que medio país sufriera una sequía", señaló. Algunas gremiales de la federación han pedido la realización de movilizaciones.

. En el caso de los reclamos laborales de los funcionarios judiciales, un artículo del Presupuesto condiciona el cobro de un eventual fallo favorable a la disponibilidad de recursos en el Estado. Según el artículo, si el juicio es favorable al trabajador público se deberá consultar al ministerio de Economía para determinar si hay recursos para pagarle, y luego esos fondos se presupuestarían en la siguiente instancia, es decir un año más adelante. El senador Michelini explicó que la consulta a Economía se hará para evitar que esos juicios eventualmente "desbalanceen las cuentas públicas".

Ese artículo se votará hoy y aún está siendo ajustado, explicó. La idea es poder contemplar los reclamos individuales y dejar para consultar con Economía los globales, entre los que están los de los funcionarios del Poder Judicial, que en caso de ganar el reclamo deberán esperar entre uno y dos años para cobrar, una vez que el dinero sea presupuestado en una próxima Rendición de Cuentas. El senador colorado, José Amorín, dijo que este artículo es "groseramente inconstitucional".

Con respecto al aumento para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, el oficialismo modificó el texto: en vez de disponer una supresión del 50% de las vacantes que se produzcan en los escalafones del personal subalterno, Defensa irá suprimiendo esos cupos hasta ahorrar $ 256 millones al 31 de diciembre de 2019. El procedimiento de determinación de las vacantes a suprimir y los créditos a ser disminuidos se establecerá entre los ministerios de Defensa, Economía y OPP. Permitirá un aumento mensual de $ 800 para los cabos de 1ra, de $ 1.000 para los cabos de 2da, de $ 1.500 para los soldados y marineros, y de $ 2.000 para los aprendices de especialidades. Un marinero o soldado cobra $ 12.000 por mes.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) no llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para incrementar el Presupuesto destinado a la Justicia de manera de contemplar el aumento del orden del 26% que exigen. El Presupuesto del Ejecutivo no previó partidas para la Justicia. La situación mantiene el conflicto, que ayer llevó a ocupar las oficinas del Palacio de los Tribunales. La AFJU mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y los senadores frenteamplistas pertenecientes a la Comisión de Presupuesto. Allí, "no hubo una propuesta concreta por parte de ninguno, no se nos dio la seguridad de que se iba a contemplar alguno de los pedidos que estamos haciendo desde hace meses. El presupuesto que pedimos es fundamental para poder funcionar medianamente con normalidad", dijo a El País Carlos Fessler, presidente del sindicato.

En tanto el ministro de Trabajo, Ernesto Murro se comprometió a trabajar para poder llegar a un acuerdo con los trabajadores.

"Mañana (por hoy miércoles) seguramente tengamos alguna propuesta más concreta por parte de Murro. Esto de algún modo ayuda a descomprimir un poco la tensión", indicó Fessler. Hoy a partir de las 11 de la mañana se darán a conocer, por parte del sindicato, las tres sedes judiciales que serán ocupadas en todo el país. Una ocupación será en Montevideo y las otras dos en el interior. Las medidas seguirán adelante si hoy no hay acuerdo.

Se votó artículo que condiciona el pago de juicios por parte del Estado