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Se reaviva la investigación de la ruta del dinero "K" en Uruguay

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En la mesa donde votó Cristina, el oficialismo perdió por 44 votos. Foto:  AFP
Argentinian President Cristina Fernandez de Kirchner greets a supporter after casting her vote during the run-off election, in Rio Gallegos, province of Santa Cruz, Argentina on November 22, 2015. Argentines vote Sunday in a runoff election in which pro-business right-winger Mauricio Macri will try to end 12 years of left-wing government by beating center-leftist Daniel Scioli. AFP PHOTO/WALTER DIAZ ARGENTINA-ELECTION-RUNOFF-KIRCHNER
Walter Diaz/AFP

El juez de la causa en Argentina viaja a Montevideo en busca de datos.

El juez que investiga la ruta del dinero "K" viajará a Uruguay en busca de información sobre la operación de compraventa del campo "El Entrevero" de Punta del Este, propiedad de Lázaro Báez.

El juez argentino Sebastián Casanello fue autorizado por la Justicia de su país a viajar a Uruguay para continuar con la investigación, según informó el diario argentino Perfil.

Casanello llegará a Uruguay el miércoles 8 de febrero con el objetivo de reclamar información acerca de la estancia "El Entrevero", ubicada en Punta del Este. Este campo es propiedad de la sociedad anónima Jumey, presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, el empresario kirchnerista procesado con prisión el 18 de abril de 2016 por la Justicia argentina, por el delito de lavado de activos.

El juez estará acompañado por su asistente, Ariel Sabán, a cargo del expediente.

La estancia, de 152 hectáreas y valuada en 14 millones de dólares, fue adquirida por Jumey en el año 2011 y embargada por la jueza Adriana de los Santos en 2016, tras el procesamiento de Báez en Argentina. Su adquisición fue organizada por Leonardo Fariña, el "valijero" de la ruta del dinero "K".

El 9 de marzo de 2011, Fariña envió un mail al encargado de la empresa financiera SGI (también conocida como "La Rosadita"), Gustavo Fernández, con copia a Pérez Gadín, Fabián Rossi (encargado de armar sociedades offshore en Panamá) y Martín Báez (hijo de Lázaro), solicitando una transferencia de US$ 5 millones como primera parte de pago.

Qué Pasa de El País publicó un informe el año pasado donde dio cuenta que según Fariña —a quien el periodista argentino Jorge Lanata grabó en una cámara oculta contando esta historia y que hoy es un "colaborador" de la Justicia argentina— El Entrevero era un terreno sobre la Ruta 10 y con acceso directo a la playa. Costó US$ 16,5 millones y el dinero "lo trajo Maximiliano Goff Dávila junto con Julio de Marco, la inmobiliaria participante (para la compraventa) fue Walter Perazo Inmobiliaria y el escribano interviniente fue Adolfo Pittaluga Shaw", atestiguó Fariña para rebajar el tiempo de su eventual pena.

Para no confundirse entre tantos nombres, de estos había solo dos uruguayos: Perazo y Pittaluga Shaw. Ambos declararon ante la Justicia uruguaya en 2013 y no tuvieron consecuencias penales por el caso. Sí hubo una sanción administrativa de US$ 88.934 al primero, y US$ 276.035 al segundo, que impuso el Banco Central por no haber reportado la operación sospechosa en su momento.

Por ley los escribanos y las inmobiliarias están obligados a avisar al Banco Central si consideran que el dinero de una compraventa puede provenir de una actividad delictiva.

El dinero para comprar El Entrevero partió de Jumey S.A., una de las compañías de Báez que dirigía su contador, Daniel Pérez Gadín. Quien lo hizo saber fue Federico Elaskar, el exdirector de "La Rosadita", quien se había peleado con su socio y denunció el entramado terminando preso en la cárcel de Ezeiza.

Los vuelos.

A principios de 2011 Cristina Fernández regresaba de su viaje oficial a Medio Oriente cuando el avión de Lázaro Báez trajo a Uruguay tres pasajeros y, se presume, los primeros bolsos con dinero. Aterrizó a las 22:10 horas en Laguna del Sauce y estuvo 105 minutos en pista. Regresó sin los pasajeros que trajo. En la gira participó también Julio De Vido, ministro de Planificación y acusado de haber desviado los fondos públicos.

El segundo de los vuelos a Uruguay del avión de Lázaro llegó el jueves 3 de marzo de 2011 a las 14:08 horas. Lo hizo sin pasajeros y se fue con uno solo. En el aeropuerto estuvo solo 19 minutos.

El tercero ocurrió dos semanas después, el 21 de marzo. A las 8:14 minutos tocó pista en Laguna del Sauce. Llegó vacío y a las 9:15 horas volvió a partir con dos pasajeros. El cuarto vuelo fue el 7 de abril. Arribó a las 22:33 horas, dejó a un pasajero y estuvo apenas 17 minutos en Laguna del Sauce. Partió a las 22:50 con destino a Aeroparque.

Por quinta vez el avión de Lázaro Báez visitó Uruguay casi un año después. El 28 de febrero de 2012 arribó a Punta del Este a las 15:55 horas, cargó dos pasajeros y partió a las 17:00.

Un mes después, el 5 de abril de ese año, retornó a Uruguay a las 8:29 horas para dejar cinco pasajeros e irse a las 9:50. El avión no volvió a aparecer por Punta del Este en lo que restó de ese año.

Los últimos dos vuelos a Uruguay fueron registrados en 2013, cuando las denuncias ya habían estallado en Argentina.

El avión tocó pista en Laguna del Sauce el 22 de noviembre de 2013, a las 18:51 horas. Provenía de San Fernando, ciudad al norte de Buenos Aires, con cuatro pasajeros. Partió hacia Argentina a las 19:59 horas sin pasajeros.

El último vuelo fue el lunes 25 de noviembre de ese año, a las 16:53 horas. Llegó vacío y retornó a Argentina con cuatro pasajeros.

Por la ruta del dinero "K" también es investigado en Uruguay Ricardo Echegaray, que fue titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde 2008 hasta 2015. El abogado tiene un expediente con su nombre en Uruguay tras una denuncia que lo vincula en la presunta compra de dos terrenos en Punta Carretas por cerca de US$ 1 millón.

Tras la divulgación de los "Panama Papers", Echegaray fue además asociado a la inversión a través de empresas offshore, por las que también se investiga al expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo.

Citan a Cristina Kirchner y a sus dos hijos.

El juez federal argentino Claudio Bonadio citó ayer a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, a sus dos hijos —Máximo y Florencia— y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez en el marco de la causa Los Sauces por los presuntos delitos de "cohecho" y "lavado de dinero", consignaron fuentes judiciales.

En la causa Los Sauces, Bonadio investiga el presunto retorno de dinero de obras públicas a la familia Kirchner de parte de empresarios cercanos bajo la pantalla de alquileres de cuartos de hoteles en los hospedajes de la ex familia presidencial.

La expresidenta deberá presentarse ante los Tribunales el 7 de marzo, mientras que sus hijos deberán hacer lo propio un día antes. Con ellos, cerrará la ronda de indagatorias que incluirá las declaraciones de Lázaro Báez (3 de marzo) y sus tres hijos (22 y 23 de febrero); Cristóbal López y su socio Fabián De Souza (2 de marzo), y del contador Osvaldo Sanfelice (1° de marzo) de la empresa Negocios Inmobiliarios, entre otros imputados.

Los Sauces S.A. es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. La sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la AFIP y lo que dejó asentado en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble.

Estas inconsistencias fueron parte de una denuncia que presentó la diputada Margarita Stolbizer por "falsificación de documentos públicos".

La expresidenta fue procesada en diciembre pasado como jefe de una asociación ilícita en la concesión de obra pública a Lázaro Báez y aún no se resolvió su indagatoria en un desprendimiento de ese expediente, por el caso Hotesur.

El juez Bonadio dispuso el llamado a indagatoria apenas comenzado el año judicial 2017 luego de que en diciembre recibiera un informe del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación que confirmó que las sociedades de Cristóbal López y Lázaro Báez depositaban sumas millonarias en la empresa de la familia Kirchner, y corroborara la existencia de depósitos o aportes que no tendrían justificación de origen. Según el informe, ambos transfirieron a la familia Kirchner más de US$ 25 millones. LA NACIÓN/GDA

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