La Intendencia debería restituir a Pablo Sanmartino, expresidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), coordinador de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, y miembro de Asamblea Uruguay, luego de que hubiera vencido el plazo de su separación del cargo sin una resolución judicial sobre su situación.

En julio pasado,Sanmartino fue separado del cargo por resolución del intendente Daniel Martíneza raíz de una serie de denuncias formuladas por el sindicato de municipales (Adeom) —que derivaron en una investigación administrativa— por la incompatibilidad que supone ejercer en la Secretaría comunal de deportes y en la CAU, institución con la que, desde la Intendencia, organizaba eventos deportivos que involucran el manejo de dinero.

Según un documento de la Unidad Sumarios de la IMM, en poder de El País, Sanmartino "fue claro al reconocer que el manejo de dinero como jerarca de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación no ha sido prolijo".

Admitió "haber manejado erróneamente la publicación de los premios que se pagarían a los atletas que participaran en la Maratón Montevideo 2016", así como "en el manejo de cierta publicidad".

Hasta que tomó licencia por la investigación administrativa en su contra, Sanmartino fue responsable de la organización de cuatro importantes carreras: San Felipe y Santiago, 5k Mujeres, Maratón de Montevideo 21k y Maratón de Montevideo 42k. La primera de ellas se hizo en 2015 y las otras tres en 2016.

Las denuncias sobre irregularidades en la Maratón de Montevideo incluso terminaron cambiando los resultados deportivos, luego que el atleta Andrés Zamora cuestionara el resultado que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016 al cubano nacionalizado uruguayo Aguelmis Rojas.

Sanmartino admitió en la investigación administrativa que la Intendencia, a través de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación que él dirigía, debía controlar el dinero recaudado por Redpagos y vertirlo a la CAU, pero reconoció que "no ejerció dicho control".

El documento agrega también que el municipal "admitió desconocer si los dineros públicos que debía administrar fueron correctamente gastados".

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