El sindicato del Instituto del Niño y del Adolescente (INAU) y el Pit-Cnt se vieron sacudidos ayer, cuando la fiscal Adriana Umpiérrez pidió el procesamiento con prisión del vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López, y de otros 25 funcionarios por su participación en los incidentes del 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili).

La fiscal entiende que los 26 funcionarios actuaron como autores, coautores o cómplices en un delito de "tortura".

Los 26 están citados para hoy viernes al juzgado. El juez penal Gustavo Iribarren dispone de 45 días para expedirse y tiene tres alternativas: archivar el caso, hacer lugar a los procesamientos o pedir una ampliación de las pruebas. De todas formas, fuentes judiciales adelantaron a El País que el magistrado podría expedirse hoy mismo sobre los pedidos de procesamiento.

De los 26 implicados, 16 serían, según la fiscal, autores o coautores, y los restantes 10 cómplices. El abogado Juan Fagúndez, defensor de López, dijo a El País que este está imputado como cómplice.

Umpiérrez se basó en el ar- tículo 22 de la ley 18.026 que establece que "el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría". El delito puede ser excarcelable.

Este artículo detalla que se entenderá por tortura "todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales, el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) y todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física".

La ley, aprobada en 2006, tiene como título "Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad".

López, recientemente electo vicepresidente del Pit-Cnt, es el principal referente del sindicato del INAU y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

La fiscal entiende que se justifica pedir prisión, como consecuencia de la "notoria alarma social que los hechos significaron". Para los presuntos cómplices pide prisión debido a los "esenciales" derechos que entraron en juego y a que los funcionarios dejaron de lado su función de "reeducar". Utilizar la figura de "malos tratos" no hubiera sido suficiente, cree la fiscal. Convocará a prestar declaración a más internos del pabellón C del Ceprili, que todavía no fueron interrogados.

Al caer la tarde llegaron al sindicato del INAU los abogados y el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira. El sindicalista dijo que confía en el Poder Judicial y cuando se le preguntó si estaba allí para respaldar a López, se limitó a responder que fue "a conocer la opinión del abogado" y que había escuchado "cantidad de argumentos jurídicos". No quiso juzgar el estado de ánimo de López. Y preguntado si lo ocurrido podía precipitar la renuncia de López como vicepresidente del Pit-Cnt (hoy está de licencia) respondió: "el que no me debo precipitar soy yo".

Umpiérrez narra que el 24 de julio, se produjo un intento de fuga sobre las 16.30 de los internos del pabellón C del Hogar Ceprili (que será objeto de una indagatoria por separado porque también se habrían producido en esa oportunidad apremios físicos a internos).

"Si bien la existencia de una reunión sindical formal es negada, de hecho se gestó la misma, sin establecer la determinación de una guardia de urgencia por lo que opera la realidad que refieren los internos del pabellón C y es que les trancaron las puertas de sus habitaciones y carecieron de respuesta a sus insistentes llamadas por un término de dos a tres horas", escribió Umpiérrez.

Así fue que uno de los internos rompió el candado de su habitación que compartía con otro y ambos salieron al patio interno a las 19.44. Poco después, uno de los menores levantó y rompió una tapa con lo que se hizo de hierros y trozos de hormigón con los que, junto con su compañero, intentaron violentar los candados para, según lo que explicaron, "llamar la atención".

Dos minutos después ingresan dos funcionarios para reducir a los menores. Los jóvenes son esposados y engrillados y luego ingresaron alrededor de 35 personas más. En ese momento es que, cree la fiscal, "operan una serie de conductas que ingresan individual y colectivamente en la definición legal de tortura, sometiendo a los internos a sufrimientos físicos y mentales, que se ajustan sin esfuerzo a lo definido como tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Umpiérrez menciona, entre esas conductas, "golpes de puño o puntapiés, el uso de elementos químicos, el retiro de las pertenencias de los jóvenes y la sujeción en el piso de estos de manera degradante, con sus caras hacia el suelo".

La reducción de los jóvenes no duró más de un minuto, pese a lo cual, y sin que existiera peligro, "el personal en el desmedido número ya reseñado", sacó a otros jóvenes de las celdas, esposados y engrillados.

Los jóvenes niegan que hubiese un foco ígneo que justificase el uso de un extintor. Tampoco inspecciones oculares posteriores confirmaron que hubiese habido fuego. Pese a esto, se usó un extintor que le provocó convulsiones a un joven y un episodio de asma a otro que debió recurrir a un inhalador.

Un funcionario tomó violentamente a los adolescentes y los mantenía contra el piso, en tanto otro adoptó una actitud que la fiscal considera "intimidante" con los puños cerrados.

La fiscal aclaró que el hecho de que no haya una solicitud sobre nueve indagados, no obsta para que más adelante la realice porque las líneas que separan unas conductas de otras son "finas" y pueden llevar a que cambie de criterio.

Además de Joselo López, otros 25 funcionarios del INAU están implicadoJ. P. CORREA / D. PÍRIZ