expresidente Batlle lo acusa  de “pretender cambiar la historia por decreto”

Resolución de Vázquez reabre el debate sobre gobierno de Pacheco

El decreto del presidente Tabaré Vázquez —que creó una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos a partir de 1968— reabrió un debate histórico sobre el nivel de democracia del gobierno de Jorge Pacheco Areco .

El clima estaba enrarecido en 1968. A la violencia de la guerrilla tupamara, se sumaban las manifestaciones de estudiantes en la calle y una situación económica marcada por la suba de precios. "Se veía que el país venía en un declive importante", dijo a El País el historiador Benjamín Nahum.

"Pacheco Areco decidió gobernar con medidas prontas de seguridad, que alguna vez el Parlamento decidió levantar por ser su potestad; pero al día siguiente el presidente las volvía a implantar", dijo Nahum. Para el historiador, "el gobierno de Pacheco Areco tenía muy poco de democrático, a pesar de que hay gente que dice que la guerrilla se levantó contra un gobierno democrático".

En el Frente Amplio sostienen que el deterioro de la democracia se inició con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, en 1968. El expresidente Jorge Batlle y militares retirados salieron ayer a marcar sus discrepancias con el decreto de Vázquez.

El exsenador frenteamplista y abogado especializado en derechos humanos, Óscar López Goldaracena, dijo a El País que la "actuación ilegítima del terrorismo" comenzó a partir del 68 con la aplicación de las medidas prontas de seguridad, y consignó que esto ya fue reconocido en la ley 18.596, de reparación a las víctimas de la acción ilegal del Estado.

En la misma línea, el diputado Luis Puig (PVP) señaló a El País que "la represión comenzó bastante antes de la disolución de las cámaras. Comenzó cuando se gobernaba por decreto", dijo, en referencia a las medidas prontas de seguridad aplicadas en 1968 por Pacheco Areco.

Para el presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, Gastón Grisoni, la decisión del gobierno de crear una comisión que investigue todas las violaciones de derechos humanos "es un paso válido, y la fecha que se toma para eso, es la fecha real en la que el Estado de Derecho se empezó a deteriorar".

Grisoni dijo que antes del golpe de Estado —del 27 de junio de 1973— hubo "persecución sindical y episodios de tortura". Por el decreto de Vázquez, indicó que se podría avanzar en la aclaración de la primera desaparición de un estudiante (Abel Ayala), registrada en 1971.

A su vez, señaló que se podría llegar a resolver el asesinato del estudiante de Agronomía, Héctor Castagneto, que fuera detenido el 17 de agosto de 1971, tal como fue denunciado penalmente por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

"Grave error".

Batlle dijo a El País que el decreto para investigar la violación de los derechos humanos —a partir del gobierno de Pacheco Areco— "señala una total desviación de poder de parte del presidente de la República".

"El gobierno de Pacheco Areco actuó dentro de la ley. Dentro de lo establecido por la Constitución de la República, contrariamente a lo que ha dicho el Frente Amplio, cuando sostuvo que lo político es más importante que lo jurídico. En el caso de este decreto, hay una violación del presidente Váz-quez de la categorización como un tiempo ilegal e ilegítimo del gobierno del señor Pacheco Areco", opinó.

El expresidente colorado sostuvo que se puede discre-par con las medidas prontas de seguridad, porque también desde el Partido Colorado se han cuestionado, pero afirmó que "son recursos constitucionales".

Batlle acusó a Vázquez de "pretender cambiar la historia por decreto" y aseguró que esa actitud de querer investigar desde 1968 "invalida" el discurso que brindó en su asunción el 1° de marzo frente a la Asamblea General.

A su vez, el presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, manifestó su discrepancia con la fecha que establece Vázquez para iniciar las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos.

"Para averiguar, hay que averiguar todo, y esto empezó en 1962, con la actuación de la guerrilla tupamara. Acá lo primero es lo primero, y alguien lo empezó en el 62. Creo que como siempre, a mi juicio, falta un pedazo", dijo a El País.

Cedrez concluyó que "las cosas no terminan de aclararse, porque las partes no terminan de hacer su autocrítica".

Y en ese sentido, reclamó que la autocrítica sea realizada por el "poder político", ya que según afirmó, a los militares no les corresponde, porque fueron "servidores públicos mandados a combatir una organización delictiva".

"Son enfermitos y unos mentirosos"

El ministro de Defensa y ex guerrillero tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, es blanco de críticas en el Frente Amplio y las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura. Sin embargo, el gobierno no piensa removerlo, dijo el vicepresidente Raúl Sendic.

Ayer, justo en el día que se realizó la vigésima Marcha del Silencio por el centro de Montevideo, Fernández Huidobro tildó a las organizaciones sociales que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos de "intoxicantes", "mentirosos" y "enfermitos".

"Están mintiendo descaradamente, porque nosotros hemos estado enviando información que nos han pedido. Son insultos lo que me dicen (...). Todos los que permanente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares son enfermitos y enfermitas", señaló Fernández Huidobro.

Además aclaró que pese a que el cargo de ministro "es el más perecedero", no tiene pensado dar ningún paso al costado. Asimismo, sostuvo que "el golpe de Estado en realidad fue civil. Lo dirigió una embajada extranjera con gente de trajes de alpaca y perfumería francesa, todos civiles recontra civiles".

El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a El País que el ministro de Defensa "ha sido un obstáculo permanente para las investigaciones. Ahora tendrá que cumplir con las órdenes que le imparta el presidente (Tabaré) Vázquez y de lo contrario tendrá que dar un paso al costado".

Consultado sobre los calificativos que usó Fernández Huidobro, Grisoni sostuvo que "el ministro habla demasiado. Como dijo el doctor (Jorge) Da Silveira en relación con un jugador de fútbol: creo que el ministro tiene un problema con el alcohol y se desboca".

Pese a la polémica instalada en torno a Fernández Huidobro no está planteada su remoción. "No comparto el planteo del ministro, pero no creo que se remueva, es una responsabilidad del presidente, pero no creo que lo vaya a hacer", dijo Sendic.

Información oficial: 85 muertos y asesinados desde 1968 y 192 desaparecidos desde 1971

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que depende de la Presidencia de la República, presenta información sobre distintos casos ocurridos desde 1968 y hasta el 27 de junio de 1973 y a partir de esa fecha y hasta el final de la dictadura, que incluyen 85 muertos y asesinados políticos, entre los que hay miembros del MLN-Tupamaros que cayeron en enfrentamientos.

La Secretaría también detalla una lista de 192 detenidos desaparecidos. Entre los casos hay algunos como los del maestro y periodista Julio Castro y del militante del Partido Comunista, Ubagesner Cháves Sosa, cuyos restos fueron en contrados. Julio Castro desapareció el 1° de agosto de 1977, en tanto la desaparición de Chaváves Sosa ocurrió el 28 de mayo de 1976.

Entre los detenidos desaparecidos la Secretaría enumera casos ocurridos, a partir de 1971, en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, de militantes del MLN-Tupamaros, PVP, Partido Comunista, GAU, Vanguardia Comunista, Montoneros, Tendencia Marxista Revolucionaria, Cristianos por la Liberación, Fidel, ERP-PRT, Resistencia Libertaria, Poder Obrero y militantes del ámbito sindical.

De los 192 casos de detenidos desaparecidos, 38 ocurrieron en Uruguay, en tanto la mayoría se produjo en Argentina. Los informes también se refieren a los casos de personas asesinadas que aparecieron flotando en las costas de Uruguay, en los años de la dictadura. Un listado menciona los restos que pudieron ser identificados y también los que permanecen como N.N. u Los informes de la Secretaría indican que en el periodo de la dictadura hubo 101 personas muertas como consecuencia de acciones represivas y puntualiza que el total de muertos llega a 124, ya que incluye a personas detenidas antes del Golpe de Estado. Señala que entre 1971 y antes del Golpe de Estado, hubo 23 muertos (uno en 1971, 20 en 1972 y 2 antes del 27 de junio de 1973.

MARCHA


Denuncian violación de laicidad en Udelar


El diputado nacionalista Jaime Trobo denunció que se violó la “laicidad” en la Facultad de Agronomía, cuando a iniciativa del gremio de esa institución educativa se interrumpió una clase para proyectar un spot convocando a participar de la vigésima Marcha del Silencio, realizada ayer.

“Esta mañana (por ayer) en la Facultad de Agronomía, el gremio interrumpió las clases y los profesores lo admitieron y proyectaron un video convocando a la marcha de esta noche. Me consta, porque estudiantes de allí me hicieron saber eso y además me trasmitieron que no se quejan porque después hay represalias”, dijo Trobo.

El legislador sostuvo que el hecho constituye “una violación a la laicidad”, al promocionar “un acto público que no tiene nada que ver con el curso al que asisten los estudiantes”.

“Cada estudiante hace lo que le parece y si quiere ir a a la marcha va. ¿Pero por qué hay que someter a un individuo a esta presión?”, preguntó el legislador. En ese sentido, aseguró que los estudiantes que le denunciaron el episodio “están indignados”.

El aviso al que hace referencia es un spot elaborado por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay FEUU).

En el spot, que fue difundido en redes sociales, participan los actores Gabriel Calderón, Tamara Couto, los comunicadores Álvaro Carballo y Rafael Cotelo, el músico Alejandro Balbis y el exrector de la Universidad, Rodrigo Arocena.

Ayer a la marcha concurrieron el cantante argentino León Gieco, el exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza, y el refugiado Abu Wael Dhiab, ex recluso de la cárcel de Guantánamo. Por primera vez y por razones de salud no asistió Luisa Cuesta, figura emblemática de las organizaciones que nuclean a madres y familiares.

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