LA PRIMERA RENDICIÓN SIN MAYORÍA

Rendición: FA busca más recursos para la educación

Se requieren unos $ 1.000 millones adicionales para atender prioridades.

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Sindicatos docentes piden al gobierno que se cumpla con la promesa electoral. Foto: A. Colmegna

Toda la bancada de diputados del Frente Amplio busca recursos dentro de la Rendición de Cuentas para asignar más fondos a la educación, el sistema de cuidados y realizar ajustes en remuneraciones de funcionarios de ASSE. El resultado de la suma indica que se necesitan entre $ 800 millones y $ 1.000 millones más de los previstos por el Ministerio de Economía.

El Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento una Rendición de Cuenta de 277 artículos que suponen un aumento del gasto de US$ 172 millones, de los cuales hay que asegurar financiamiento para unos US$ 112 millones, lo que se hará por medio del incremento de la tasa consular, aplicación del IRPF a los premios de los juegos de azar e IRAE a las utilidades de la Banca de Quinielas. Para la educación se asignó un total de US$ 108 millones, pero eso no conforma del todo a la bancada de la coalición.

El tema estuvo sobre la mesa ayer, en una reunión que se realizó en el Palacio Legislativo entre los legisladores y una delegación del Poder Ejecutivo encabezada por el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y el subsecretario de Economía Pablo Ferreri.

Como aspectos prioritarios, la bancada definió la necesidad de contar con $ 200 millones adicionales para salarios docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que no fueron incluidos en los incrementos previstos y estaban incluidos en un convenio firmado en el 2015. Además hay quienes como el Movimiento de Participación Popular (MPP) que pidieron más recursos para asegurar el funcionamiento de la Universidad Tecnológica (UTEC).

En tanto se requieren entre $ 300 millones para reforzar el sistema de cuidados y $ 150 millones más para poner en marcha los Centros de Primera Infancia (CAPI) para niños de cero a tres años, señalaron a El País fuentes políticas.

El encuentro abrió una discusión acerca de si el crecimiento económico está subestimado en la Rendición de Cuentas. La estimación oficial es que Uruguay crecerá en el entorno del 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero los analistas económicos pronostican una cifra superior al 3% del PIB. Varios diputados plantearon que la perspectiva de la economía será mejor de la prevista y por lo tanto se puede disponer de recursos adicionales. Sin embargo, Economía dejó en claro que "no hay que adelantarse" porque ya se hicieron previsiones optimistas en el presupuesto quinquenal y después debieron ser ajustadas.

Además se recordó que lo mejor es actuar "con cautela", porque países como Argentina, Brasil y Chile tienen una situación económica compleja.

Ferreri tampoco es muy optimista respecto a los fondos que se puedan obtener por el cobro del IRAE a las aplicaciones como Netflix, Airbnb o UBER. No se esperan recursos adicionales por esta vía debido a que el uso de las plataformas lleva a que otros servicios (como el cable) se dejen de usar bajando el pago de impuestos.

El diputado José Querejeta había planteado que por este incremento se podrían obtener entre US$ 7 y US$ 10 millones, los cuales podrían destinarse a reforzar el presupuesto de los centros destinados a la primera infancia.

El margen de maniobra para la reasignación de recursos es muy acotado, debido a que todos los ministerios pidieron que no se les recorten más recursos, comentaron a El País fuentes legislativas. En la pasada Rendición de Cuentas, el Frente Amplio logró reasignar $ 730 millones. Una de las soluciones que se usó en ese momento fue emplear recursos previstos para el Sistema Nacional de Cuidados.

Tasa consular.

No hay nadie dentro del Frente Amplio que cuestione el incremento de la tasa consular a los bienes importados, por la cual se obtendrán recursos para financiar los incrementos de gasto de la educación. Sin embargo, hay preocupación por la reacción que puedan tener Brasil y Argentina en la cumbre del Mercosur que se celebrará esta semana en Mendoza.

En tanto, se entablará diálogo con el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, quien se mostró dispuesto a votar el incremento de la tasa consular. En el oficialismo entienden que si esto no se aprueba, no hay posibilidad de financiar los incrementos para la educación.

Mañana o el martes se volverá a reunir la bancada del Frente Amplio con autoridades del Ejecutivo para "afinar números" y terminar de cerrar la Rendición de Cuentas y negociar el voto 50 con la oposición, dado que con el alejamiento de Gonzalo Mujica se perdió la mayoría.

Artículo 15 "no tiene respaldo político".

El artículo 15 de la Rendición de Cuentas —que permite al gobierno posponer el pago de sentencias judiciales— "no tiene suficiente respaldo político" como para mantenerse en pie, dijeron a El País fuentes legislativas.

Tan así es que solo Asamblea Uruguay (sector del ministro Danilo Astori) y el Movimiento de Participación Popular (MPP) están dispuestos a defenderlo realizando alguna modificación al texto original planteado por el Ejecutivo.

El resto de los sectores como el Partido Socialista, el Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el grupo IR y la Liga Federal del diputado Darío Pérez son partidarios de eliminarlo de la Rendición de Cuentas. El argumento es solo uno: no se pueden acotar los créditos laborales de los trabajadores que se ganan a través de la Justicia, como por ejemplo es el caso de los funcionarios judiciales. Si bien dentro del Poder Ejecutivo hay "apertura", también se hizo una defensa del polémico artículo que es tildado de inconstitucional por parte de algunos expertos.

Otro artículo que está en duda —porque no tiene suficiente consenso como para ser aprobado— es el 9 que habilita a la administración pública a contratar nuevamente a funcionarios que hayan sido destituidos por omisión o ineptitud. En este caso, la idea general que prima en la bancada es que esto no debería estar incluido en la Rendición de Cuentas.

En tanto, se objeta el artículo 4 que hace referencia a que los concursos se hagan dentro de cada unidad ejecutora y no a nivel central como se plantea en el Estatuto del Funcionario Público, lo cual se entiende como un "retroceso".

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