El robo de 18.000 municiones de ametralladoras de avión de la Base Aérea de Santa Bernardina, Durazno, tuvo como primera consecuencia la destitución del jefe de esa unidad de esa Fuerza Aérea, coronel (Av.) Daniel Méndez, mientras la Justicia de Crimen Organizado comenzó una investigación "reservada" del caso a fin de determinar responsabilidades y posibles hechos conexos.

El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, oriundo de Durazno, adelantó en esa ciudad que "la primera medida que se ha tomado, rápidamente, ha sido el relevo del jefe de la unidad", para "no generar juzgamientos antes de finalizar la investigación; es una persona que tiene una jerarquía importante", explicó.

Menéndez precisó que el carácter de la investigación que se hace, además, en el ámbito de la Justicia militar, es muy amplio. "Se incluye la investigación del faltante de municiones pero también comprende el arqueo del resto. Los arqueos se realizan cada dos meses, en forma permanente y también se hacen arqueos en forma aleatoria en ciertas circunstancias", informó.

El pasado domingo, El País informó que el diputado del Partido Nacional Jaime Trobo cursó un pedido de informes al Ministerio de Defensa porque había recibido información sobre la desaparición de miles de municiones de las ametralladoras de los aviones Pilatus, del Escuadrón de Ataque de la Base duraznense, en un período que va de noviembre de 2014 a marzo de 2015.

"No es que esto se fue a investigar porque el diputado lo avisó. Son arqueos que se realizan en forma ordinaria, y yo digo, en forma aleatoria. Nosotros después de esto obviamente dispusimos algún otro tipo de medida", adelantó.

Como informara El País, el caso fue tomado para investigación por el juzgado de Crimen Organizado a cargo de la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. Es un "expediente reservado", explicó el fiscal del caso a El País. De ahí que se excusara de brindar información sobre, por ejemplo, si comenzarán las citaciones a presuntos involucrados.

En el comando de la Fuerza Aérea se recibió el pedido de informes el viernes 19 y de inmediato se dio la orden de reunir la información solicitada. De todas formas, un vocero de la fuerza afirmó a El País en ese momento que no se tenía información sobre un faltante de municiones" en el arsenal de Santa Bernardina, lo que se constató dos días más tarde, el domingo 21, cuando el entonces jefe de la Base ordenó un relevamiento.

"¿Qué tipo de procedimientos de registro de armamento y municiones se llevan en las distintas unidades de la Fuerza Aérea?", preguntó Trobo en su pedido de informe. Además, "con qué regularidad se realizan controles de stock, de armamento y municiones", y "si se realizan auditorías a los mencionados controles, a cargo de quién y qué procedimientos se realiza en caso de revelarse inconsistencias".

En otra pregunta, Trobo inquirió "si se realizaron inventarios y controles en los polvorines o depósitos" de la Base Aérea de Santa Bernardina en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. También preguntó "qué seguridades y sistemas de control, electrónicos, cámaras, etc., hay en la base".

Consultó si los sistemas de control de seguridad se han mantenido en funcionamiento sin contratiempos y en caso de haberse dañado o interrumpido su funcionamiento, preguntó qué medidas se tomaron.

"¿Qué controles de stock y verificación de existencias de municiones y armas se realizaron entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015, en la totalidad de los depósitos o polvorines de la citada unidad militar", es otra de las preguntas.

El diputado nacionalista Jaime Trobo dijo ayer a El País que la próxima semana quizás resuelva el inicio de acciones legislativas para poner el caso del robo de balas en el ámbito parlamentario. La primera medida será convocar a autoridades del Ministerio de Defensa Nacional al Parlamento para conocer la situación de primera mano. El robo de las municiones entre diciembre de 2014 y marzo de este año, ha quebrantado, para el legislador, la cadena de mando de la base y sorteado los controles electrónicos de los depósitos.

En el año 2007 se descubrió un robo de armas de guerra en la propia sede del Comando General de la Fuerza Aérea, en la Base de Boiso Lanza. Por este delito terminaron procesados con prisión cuatro soldados, tres civiles sin prisión y un recluso del Comcar que organizaba las ventas. Ese robo tuvo como botín un total de once fusiles semiautomáticos FAL calibre 7,62 mm con nueve cargadores de veinte proyectiles cada uno y dos subametralladoras FMK 3 calibre 9 mm con cuatro cargadores de procedencia argentina. Estas armas fueron sustraídas de un depósito de Boiso Lanza, hecho que quedó al descubierto luego de un balance de armamento y equipamiento que días antes había iniciado el nuevo comandante de una compañía terrestre de la Fuerza Aérea. Intervino el Juzgado Militar de Instrucción de 1er. Turno además de realizarse la denuncia policial en la Seccional 17ª de Montevideo.

El juzgado de Crimen Organizado inició una investigación “reservada”