El gobierno buscó minimizar ayer la denuncia de malos tratos entre las familias sirias que llegaron como refugiados en octubre. Incluso el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, dijo que hay "miles de casos por año" entre familias uruguayas que no tienen gran trascendencia.

Cánepa, el director nacional de Derechos Humanos Javier Miranda, y el director de Policía Comunitaria, Leonardo Guardia, declararon ayer ante la jueza Dolores Sánchez. La magistrada citará ahora al psicólogo Alejandro Vera, coordinador del plan de reasentamiento de los refugiados sirios.

Cánepa dijo a la jueza que no contaba con más información que el informe preliminar que elaboró la Cancillería sobre el caso.

"Miren la importancia que le damos a una familia siria y no sale todos los días en las tapas de los diarios la gravedad que tiene (la violencia doméstica) en Uruguay. (...) Entiendo la importancia que le damos porque son los sirios que trajimos y es una situación muy especial pero hay miles de casos anuales que no tienen esta trascendencia", afirmó Cánepa luego de declarar ante Sánchez.

Una fuente judicial dijo a El País que el que más se extendió en su declaración fue el director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda.

Miranda, dijo la fuente, explicó que "siempre se supo" que iba a ser difícil la inserción por la diferencia de cultura pe- ro que, justamente, por esa razón desde el comienzo esas familias "han tenido apoyo personalizado".

Según la fuente, Miranda dijo que no se ha suscita- do ningún hecho importante "que amerite ningún tipo de denuncia".

El director de Derechos Humanos agregó que, en principio, se suscitaron algunos inconvenientes entre las familias sirias que se alojaron en la casa de retiros de los Hermanos Maristas. "Al principio se pueden dar dificultades porque estaban todas juntas", dijo la fuente. Agregó, consignando a Miranda, que cuando las familias sirias fueron retiradas a sus hogares definitivos estos problemas cesaron.

"Si se hubiera suscitado algún inconveniente se hubiera dado cuenta a la Justicia (...) Siempre se tuvo presente cuál era la cultura de ellos", aseguró.

El canciller Luis Almagro dijo ayer a radio El Espectador que le parece "fantástico" que la Justicia haya intervenido de oficio la denuncia de malos tratos entre las familias sirias refugiadas.

"Hoy no hay ningún asistente o psicólogo que haya presenciado actos de violencia. Yo no descarto nada porque ahora está en una investigación judicial", aseguró.

Precisamente, el próximo paso de la jueza Sánchez será citar al psicólogo que coordina el plan de reasentamiento de las familias sirias.

Desde octubre la responsabilidad sobre las cinco familias sirias pasó por varias manos. Primero fue la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y, luego, Cancillería. En ambas instituciones hoy reina el hermetismo y se di- ce desconocer los detalles del realojo.

Según una fuente judicial, el coordinador actual de las duplas (equipos multidisciplinarios) que atiende a los refugiados y los visita dos veces a la semana, es el psicólogo Alejandro Vera, que también trabaja para el Movimiento Tacurú.

Este psicólogo trabajó como asesor del excomisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, hoy candidato a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación. Garcé llegó a denunciar en 2009 a Vera, acusándolo de ingresar al Penal de Libertad celulares y otros objetos prohibidos —mp3 y comida—, según da cuenta un artículo de La República. El origen fue el testimonio de un recluso.

Vera atribuyó esto a lo que, en lenguaje carcelario, se denomina "martingala", cuando un interno hace determinado tipo de declaraciones para lograr ciertos beneficios, y negó los cargos en su contra.

Vera será el encargado de dar detalles a la jueza Sánchez sobre el reasentamiento de las familias sirias en Uruguay.

Desde hace semanas sobrevuela información sobre presuntos casos de violencia doméstica entre las familias sirias. Primero fue el presidente, José Mujica, cuando dijo que los sirios tienen "costumbres como las de nuestros abuelos" . Luego el prosecretario, Diego Cánepa, diciendo que las denuncias fueron canalizadas. El gobierno asegura, mientras tanto, que durante las entrevistas preliminares se explicó a los refugiados sobre el rechazo del país a la violencia de género.

El director de la Policía Comunitaria, Leonardo Guardia, dijo que la fuerza no mantuvo ningún contacto con las familias sirias. Sí, dijo, preparó a las localidades que iban a recibir a las familias.

"Preparamos a la comunidad para que, por ejemplo, no sea discriminatoria con la costumbre de que el hombre camina adelante", explicó Guardia a El País.

"Participamos de algunas reuniones con Derechos Humanos y nuestro cometido era brindar un poco de educación a la comunidad", dijo.

Aseguró, además, que la Policía Comunitaria no recibió ninguna denuncia sobre violencia doméstica dentro de las familias y, aclaró, que no se mantuvo ningún contacto con los refugiados.

Guardia aseguró que en principio se había pensado incluir a la fuerza en un programa de prevención del delito, cosa que no sucedió.

El gobierno buscó ayer minimizar denuncias de malos tratos entre siriosGABRIELA CORTIZAS