FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Recusan decreto que prohíbe filtrar datos

Periodistas presentan recurso contra norma que pena filtraciones.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y un grupo de periodistas, a título personal, presentaron un recurso que persigue dejar sin efecto el decreto presidencial que sanciona como una "falta grave" la filtración de documentos.

En un escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los firmantes, entre ellos periodistas de investigación y docentes universitarios, dejaron en claro que el texto presidencial atenta contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a informarse.

El decreto aprobado el 13 de febrero, que cuenta con la firma de Raúl Sendic como presidente en ejercicio ante la ausencia de Tabaré Vázquez que se encontraba de gira oficial por Europa, "deja un antecedente muy grave", dijo Daniel Ochs, abogado que representa a los periodistas denunciantes.

Según el abogado, "la reserva pasó a ser la regla, en lugar de ser la excepción, y eso entorpece la labor periodística".

De hecho la calidad informativa a la que acceden los profesionales de los medios de comunicación, "es una necesidad de la sociedad y le permite al ciudadano saber cómo prepararse ante los asuntos públicos". A partir del decreto "solo se informa sobre los hechos ya consumados".

Sanciones.

Mientras Vázquez estaba en la gira oficial por Europa, Sendic autorizó la modificación del "procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público", que estaba vigente desde 1991.

El cambio prevé la sanción, inclusive el despido, al funcionario que divulgue información y no cumpla con los principios de "lealtad" y "reserva".

La modificación de la norma no contó con la consulta previa a la unidad especializada en transparencia y, para Ochs, termina "confundiendo y atemorizando" a los funcionarios, porque "ya era obvio" que algunos asuntos se deben manejar con reserva, aunque sean la excepción.

El Poder Ejecutivo tiene 150 días para analizar y responder al recurso presentado por los periodistas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o, de lo contrario, se abrirá el camino para la revocación del decreto cuestionado por el sindicato de la prensa.

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