AGENCIA DE VIVIENDA

Quieren rematar la terminal de Maldonado

La Agencia Nacional de Vivienda fijó para el próximo 30 de junio el remate de dos padrones de la ciudad de Maldonado por deudas de más de 40 años.

Uno de los padrones alberga a la terminal de ómnibus interdepartamental. El otro a 54 viviendas de ex funcionarios municipales agrupados en Covidemm, una cooperativa creada para construir las casas.

Durante la gestión del entonces intendente Gilberto Acosta Arteta, la Intendencia de Maldonado cedió ambos predios constituidos por varios padrones.

En los mismos se levantarían las viviendas de los funcionarios de la Intendencia de Maldonado. Covidemm pidió un préstamo al Banco Hipotecario mediante la escritura de una hipoteca de garantía.

El proceso fue retomado durante la dictadura militar cuando el entonces intendente interventor, el coronel José María Siqueira, resolvió tomar un sector del predio para construir el tramo de la calle Sarandí hasta la avenida Roosevelt y levantar la terminal de ómnibus. Los integrantes de Covidemm aseguran que la Intendencia de Maldonado no realizó trámite expropiatorio alguno. Tampoco el préstamo fue amortizándose. Los funcionarios tampoco reclamaron a la Intendencia por el sector del predio tomado, ni por regalías que generó a lo largo de las décadas la explotación de la terminal levantada en una parte de su terreno.

Con el correr del tiempo, la hipoteca pasó al fideicomiso creado a partir de la crisis del 2002. La AGN es la encargada de recuperar el monto prestado a la cooperativa de viviendas de los funcionarios municipales.

El padrón donde se encuentran las viviendas tiene una superficie de 11.797 metros cuadrados y es delimitado por las avenidas Orlando Pedragosa Sierra y Roosevelt con las calles Sarandí y San José.

En las últimas semanas, los propietarios de las fincas y la propia Intendencia de Maldonado fueron notificadas de forma individual por la Agencia Nacional de Vivienda.

Fuentes del organismo indicaron a El País que cada uno de los vecinos fue notificado del monto que adeuda al estado por la compra de la vivienda.

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