Cifra indica que el 80% ve bien elegir una presidenta.

Un 66% de la población de Uruguay considera que las mujeres deberían ocupar más cargos políticos y casi seis de cada 10 uruguayos (57%) opina que deberían adoptarse acciones afirmativas que faciliten su participación, según una encuesta de la empresa Cifra que se divulgará hoy y encargada por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El trabajo, realizado en junio, muestra que casi ocho de cada diez personas piensa que sería positivo que de aquí a diez años el país tuviera una mujer presidenta. No hay diferencias de opinión significativas entre varones y mujeres. Sólo el 5% piensa que sería negativo.

En la encuesta se preguntó si es adecuado el número de mujeres legisladoras y ministras o si debería haber más. Las personas que votan al Frente Amplio y quienes se identifican con la izquierda y el centro ideológico están más a favor de que haya más mujeres que ocupen cargos en el Parlamento y en el gobierno, que los votantes colorados y blancos y quienes se identifican con la derecha.

Seis de cada diez personas querrían que existiera algún sistema de acción afirmativa en Uruguay para promover la participación de las mujeres en cargos políticos: el 35% opta por una ley "de paridad" y el 22% por una ley "de cuotas".

El grupo que más discrepa con la ley de "cuota de género" que se aplicó en 2014 son las personas con educación terciaria, entre las que la mayoría absoluta está en desacuerdo: 53%. La oposición más grande a esta norma proviene de los hombres más informados.

Tras la aplicación de la ley de cuota de género en las elecciones de 2014 el Parlamento uruguayo quedó integrado con un 20% de mujeres, cifra inferior al promedio mundial (22,9%) y bastante lejana a los niveles de paridad o cercanos a la paridad alcanzados por Bolivia, México, Ecuador y Nicaragua, o a los guarismos del 30% que han alcanzado hace ya varios años- países con un nivel de desarrollo similar al que tiene Uruguay como Argentina y Costa Rica.

Uruguay no dispone de una Ley de Cuotas aplicable a la elección del Parlamento ni a la elección de las autoridades departamentales y municipales-porque la ley que se aplicó a las votaciones nacionales de 2014 y departamentales de 2015 estableció que la cuota se usaría por primera y única vez para esos comicios.

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