Secretaría Antilavado comenzó controles y encontró resistencias.

En las últimas semanas, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, recibió varias llamadas de escribanos molestos con los controles que comenzó a aplicar la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Fuentes oficiales y privadas dijeron a El País que los escribanos plantearon diversas quejas, algunos consideran que la documentación que pide la Secretaría Antilavado es "excesiva" y otros protestan por "la prepotencia" de los inspectores que los visitaron.

Los escribanos están obligados por ley a reportar operaciones sospechosas. Esto ocurre cuando, entre otras razones, sus clientes no pueden acreditar el origen de los fondos que financiarán la operación, evitan transacciones bancarias o están claramente vinculados a hechos ilícitos dentro o fuera del país. Sin embargo, de las más de 100.000 transacciones inmobiliarias que se realizan anualmente en Uruguay, los escribanos reportaron cinco operaciones sospechosas en 2012, dos en 2013, otras dos en 2014 y 8 en 2015. El control sobre los escribanos recaía en la Auditoría Interna de la Nación, que tenía solo seis funcionarios para verificar la actividad de todos los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Desde este año, esa competencia está a cargo de la Senaclaft, y se lo ha tomado en serio. La dirección a cargo de Carlos Díaz formó un fuerte equipo de inspectores y comenzó a controlar. Comenzaron por los escribanos y otros actores financieros, y las quejas no demoraron en llegar a lo más alto de la Torre Ejecutiva.

Según las fuentes consultadas por El País, Roballo trasmitió a Díaz el malestar de los escribanos, pero este se mantuvo firme en la decisión de continuar con la política de fiscalización que diseñó para este año en cumplimiento de recomendaciones internacionales. Uruguay, además, a nivel internacional y por la filtración de los denominados Panamá Papers, quedó expuesto como un país que facilita negocios de dudosa licitud a través de sociedades panameñas. Frente a este escenario, la Secretaría Antilavado entiende que hay que dar señales claras.

Por otra parte, la DGI desembarcó en las últimas semanas con sus equipos inspectivos en los estudios jurídicos más grande del país que se dedican a la creación y administración de sociedades anónimas. Estas acciones también generaron malestares que llegaron a la Torre Ejecutiva. La DGI investiga si hay evasión tributaria en dichas sociedades.

POCOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS