Interior y SCJ crean una comisión para activar El Guardián

Pulseras electrónicas para prisión domiciliaria

El Ministerio del Interior (MI) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anunciaron ayer que se ampliará el uso de pulseras electrónicas para casos de violencia doméstica y que también está a estudio la posibilidad de utilizarlas para los detenidos en prisión domiciliaria y aquellos reclusos que salen en libertad condicional.

El sistema se aplicará también en Maldonado, Colonia y Florida. Foto: A Colmegna
El sistema se aplicará también en Maldonado, Colonia y Florida. Foto: A Colmegna

"Las pulseras tienen su costo pero han resultado ampliamente exitosas. Pensamos en la posibilidad de utilizarlas para la prisión domiciliaria, es decir para que se puedan usar en vez de un control por parte de funcionarios que estén en la puerta de las casas", dijo el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en tanto, advirtió que el uso de las pulseras para casos de violencia doméstica "ha avanzado", en el sentido de que cuando se comenzaron a utilizar en 2013 estaban disponibles solo en Montevideo, en 2014 también en Canelones y San José, y este año se prevé su uso también Maldonado, Colonia y Florida.

"Quiero hacer una apreciación personal, si por mí fuera también las utilizaría en las salidas transitorias (...) Esto hay que hablarlo. A mí me gustaría", insistió el secretario de Estado.

El convenio marco firmado establece en uno de sus cuatro anexos la elaboración de forma conjunta, entre el MI y la SCJ, de "Protocolos de Comunicación y Actuación Interinstitucional relativos a las personas en situaciones de violencia basada en género (...) con los objetivos de mejorar el abordaje de estos asuntos y de evitar la revictimización de las personas involucradas por parte de operadores de ambas Instituciones".

En este sentido, el plan es ampliar "la utilización de los sistemas y medios electrónicos existentes en el Poder Judicial, en el MI y otros disponibles en el mercado".

Convenio.

Además de lo que tiene que ver con la violencia de género, el convenio también establece llevar adelante un protocolo "que defina y regule las acciones" para empezar a utilizar el sistema de escuchas telefónicas conocido como El Guardián.

"Estamos conformando una comisión con técnicos del MI y otra con técnicos del Poder Judicial y la idea es que (El Guardián comience a utilizarse) lo más rápido posible", explicó Chediak en rueda de prensa.

"Debemos hacer un protocolo que dé garantías a todas la partes; a la Policía, la fiscalía, al Poder Judicial y sobre todo a los ciudadanos, en el sentido de que se va a cumplir, por supuesto, con las obligaciones constitucionales y legales para este tipo de interceptación. Se avanzará en el garantismo. Este sistema es mucho más garantista que los otros 22 sistemas que hoy está funcionando en todo el país", añadió el presidente de la Corte, que además señaló que todo lo que se intercepte con El Guardián será grabado, y que esto permite que "el sistema sea auditable". Chediak sostuvo que todas las operaciones, que pueden ser a correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares, se hacen una vez que el Poder Judicial emite una orden, y que si esto no es así es considerado un delito. Por otra parte, Bonomi dejó claro que las intercepciones las llevan a cabo las empresas telefónicas y no la Policía.

"Quiero aclarar algo: muchas veces se entiende que cuando un juez autoriza la interceptación la Policía es quien la hace y esto no es así, ni en el sistema viejo ni en el nuevo. La interceptación la tiene que hacer la empresa telefónica y luego comunicar a la Policía. Este sistema centralizado da mayores garantías de que eso (esperar el permiso de un juez para llevar adelante el operativo) no se pueda evadir. La Policía no lo puede hacer sola, sí lo puede hacer en combinación con algún funcionario, como ha pasado y terminaron los dos presos", explicó.

Los otros dos convenios, en tanto, tienen que ver con que el Poder Judicial sea quien tome las huellas digitales a menores detenidos (ver aparte) y la colaboración en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.

Poder Judicial tomará huellas a menores


El Anexo 4 del convenio firmado ayer por el Ministerio del Interior (MI) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) establece que "el Poder Judicial pueda tomar las impresiones digitales de menores procesados internados", según explicó el secretario de Estado, Eduardo Bonomi.

El texto establece que se "promoverá el análisis y el diseño conjunto de una solución para los casos de adolescentes sometidos a un proceso infraccional en las Sedes Judiciales que permita el envío por medios tecnológicos de su ficha decadactilar, registrada por funcionarios judiciales en Sedes Judiciales, a la Dirección Nacional de Identificación Civil para que ésta realice su identificación y remita la información resultante al Poder Judicial".

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, consideró que es un "punto importante es que sean los funcionarios del Poder Judicial los que tomen las huellas a los efectos de la identificación de aquellos adolescentes que hayan podido entrar en conflicto con la ley penal", porque de esta manera se podrá "aprovechar la base de datos del Ministerio del Interior para poder contrastar en tiempo real las identidades".

La cartera y la Corte acordaron crear un grupo de trabajo para analizar los "aspectos normativos a considerar, condiciones de trabajo, procesos, procedimientos, responsabilidades, definición de los recursos humanos necesarios, locativos, tecnológicos y de logística, costeo de recursos, tiempos de desarrollo e implementación" de esto.

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