PROYECTO DE LEY

Proyecto de ley busca registro de autos oficiales

El diputado Mario Ayala lo presentó ante irregularidades.

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Parlamento analiza proyecto para registrar autos oficiales. Foto: Archivo El País.

¿Cuántos automóviles tiene el Estado? ¿Son nuevos o viejos? ¿Cómo se compran? Esas son algunas de las preguntas que se hace el diputado nacionalista por Artigas Mario Ayala, quien presentó un proyecto de ley en el Parlamento para que se realice un inventario disponible a la población.

Ayala vive en la ciudad de Artigas y, según él, está "cansado" de ver automóviles y ambulancias oficiales estacionados en los comercios de Cuaraí, la ciudad vecina. Según explicó a El País, el cometido del registro es que el ciudadano pueda identificar a qué organismo y bajo la responsabilidad de quién está el vehículo, así como la función a que está asignado y del horario de su tarea.

Como diputado de Alianza Nacional, Ayala admitió que no ha podido conseguir los datos concretos sobre la flota oficial. Algo similar le ha sucedido al senador nacionalista Sebastián Da Silva, suplente del nacionalista Javier García, quien ha cursado pedidos de informes a todos los ministerios y ha recibido como respuesta datos fragmentarios.

"La idea es que esa información figure en un sitio web al que el ciudadano pueda acceder en caso de ver un auto oficial en determinado lugar", dijo.

"Acá en Artigas vemos ambulancias haciendo compras en los supermercados de Cuaraí. Son vehículos que no son del hospital local, sino de Salto y de otros departamentos. También autos oficiales haciendo compras en Cuaraí. Son frecuentes las denuncias que hay en las redes sociales", sostuvo Ayala. El legislador será citado a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados para informar el alcance de su proyecto de ley.

El control de los vehículos oficiales se hace de distinta forma en los organismos estatales. Recientemente el Ministerio del Interior dispuso establecer un mecanismo por el cual pueda cobrar a los funcionarios por las infracciones de tránsito que cometan al manejar autos oficiales.

Según una resolución ministerial del 30 de diciembre de 2016, las infracciones no afectan al vehículo sino a la persona y son consideradas como una falta administrativa, por lo que "se podrán adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr el reembolso de los perjuicios causados".

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