EDISON LANZA

"Si prosperan sanciones contra los autores del cartel, ¿qué seguirá?"

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH manifestó que "hay que tomar en cuenta criterios muy estrictos" para establecer sanciones en casos como el del Coffee Shop.

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Pizarrón: ya no se refiera a Tarantino, ahora se aclara que no hay discriminación. Foto: F. Ponzetto

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, se refirió a la polémica por el texto en el pizarrón del Coffee Shop de Pocitos, con el mensaje "No dogs or mexicans allowed" (no se permiten perros ni mexicanos).

En una columna publicada este lunes por La Diaria, Lanza manifestó que "los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión se refuerzan mutuamente y tienen una relación afirmativa en tanto ambos son la garantía y salvaguarda de la dignidad humana".

El periodista consideró que "el debate" sobre el mensaje del bar "vale la pena", ya que se muestran algunas expresiones de los uruguayos a la hora de percibir la discriminación. "Por un lado", señala Lanza, "los uruguayos mantienen en su ADN -tradición republicana y dictadura mediante- el rechazo frontal a cualquier forma autoritaria de dirigir la sociedad y a cualquier forma de restricción gubernamental de las libertades fundamentales". Al mismo tiempo se puede observar "que buena parte de la población está comprometida con la lucha contra toda forma de discriminación por cualquier motivo (raza, género, nacionalidad, orientación sexual, etcétera) y reclama medidas concretas del Estado para que la igualdad sea efectiva y no meramente declarativa".

Lanza indicó que el debate sobre el tema "escaló hasta niveles de polarización que parecían difíciles de imaginar en un contexto democrático como el uruguayo" porque "el famoso cartel hizo saltar una llave térmica que ya estaba recalentada", que es la "discusión no saldada" sobre la discriminación y "qué instrumentos y medidas puede o debe promover el Estado para superar ese estado de cosas".

La polémica "no refiere tanto a la frase en cuestión" sino a "la posibilidad de que el Estado aplique una especie de sanción objetiva a los propietarios del local por haber estampado en la vía pública expresiones discriminatorias con notoria torpeza o fuera de contexto", explicó, y agregó que es "una tendencia creciente en Uruguay y en otras partes de la región".

Lanza entiende que "habitamos el continente más desigual del mundo y en el transcurso de 500 años, se han enquistado en nuestras sociedades prácticas y una cultura (hundida capilarmente) de discriminación contra grupos históricamente postergados en todos los planos" como son "los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres y las personas LGBTI".

Sin embargo, del mismo modo aparecen "amplios sectores" que "perciben que los movimientos a favor de la no discriminación les quieren embuchar su prédica a la fuerza".

Esta situación encuentra su causa, según indicó Lanza en "la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos o el resurgimiento de la derecha nacionalista en Europa", lo que genera que "por diversos factores" muchas eprsonas "se sientan agobiados por la presión social que ejerce el establishment de 'lo políticamente correcto'".

Respuesta jurídica

El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH explicó que la forma jurídica de resolver estas situaciones es aplicar el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada por Uruguay.

Este indica que las sanciones penales deben ser aplicadas solo a casos de “incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas”.

Por lo tanto, lanza entiende que "las expresiones discriminatorias per se no deberían ser objeto de sanción en una sociedad democrática" y se deben tener en cuenta "criterios mu estrictos" para determinar qué incita a la violencia, tales como "el contexto social y político prevalente; la posición o el estatus social del emisor del discurso; la intención del emisor del discurso; el contenido o la forma del discurso, que puede incluir la evaluación de hasta qué grado el discurso fue provocador y directo; el ámbito del discurso, incluyendo elementos como el alcance del discurso, su naturaleza pública, la magnitud y el tamaño de la audiencia; y la posibilidad, incluso la inminencia, de que exista una probabilidad razonable de que el discurso tenga éxito en incitar a una acción real contra el grupo al que se dirige".

"Una idea censurada", continuó Lanza, "por aberrante que sea, estará allí, agazapada, lista para saltar a la luz pública en algún momento, y tal vez de la peor forma, arropada por líderes que promueven expresiones y políticas racistas o xenófobas".

Además, tomando en cuenta esos criterios se evita que los gobiernos utilicen estas sanciones "para criminalizar a líderes sociales, periodistas o medios de comunicación, haciendo interpretaciones que manipulan normas vagas o ambiguas de ese tipo".

El después

"Si prosperan sanciones contra los autores de este cartel, ¿qué seguirá luego?", se preguntó Lanza.

"Si las autoridades nacionales reaccionaran con tanta diligencia frente a todas las expresiones discriminatorias por su tenor literal, sería interminable el desfile por los juzgados de periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos, murguistas, humoristas, deportistas, columnistas, directores de teatro, etcétera", explicó.

"La libertad de expresión debe gozar de un amplio margen de protección", manifestó, y agregó que "es un derecho que hay que defender en su frontera, allí donde se manifiesta también aquello que nos revuelve las tripas", ya que "si la red de sanciones es muy densa, demasiados peces quedarán atrapados".

Lanza llamó a "derrotar a las expresiones discriminatorias en el debate y en la arena pública, en el libre intercambio de ideas y, a más largo plazo, en todos los niveles de la educación".

"Es legítimo combatir la discriminación y la incitación a la violencia contra cualquier grupo, pero en una sociedad democrática es desproporcionado sancionar -sobre todo penalmente- expresiones que pueden ser discriminatorias, chocantes o equivocadas respecto de distintos colectivos", sentenció.

El jerarca dijo también que "quienes nos consideramos del lado de 'los buenos', los 'bienpensantes' y respetuosos de los derechos humanos, deberíamos preguntarnos por qué razón tanta gente sigue sin entendernos", ya que "buena parte de la sociedad no destierra expresiones abiertamente discriminatorias" y tampoco adopta "estilos de vida de respeto hacia los grupos más vulnerados, hacia los migrantes y hacia las minorías".

"Algo estamos haciendo mal", manifestó Lanza, y afirmó que "pese a todos los avances jurídicos en materia de no discriminación registrados en las últimas dos décadas, aún mucha gente piensa que en realidad se le quiere imponer un estilo de vida que no comparte".

Lanza concluyó su columna indicando que "sancionar, prohibir, penalizar o enviar a alguien a la hoguera de las redes no va a mejorar las cosas: va a promover una grieta social aun mayor y una reacción aun más intolerante, sin perjuicio del efecto inhibitorio que tendrá en la expresión de ideas y opiniones que puedan considerarse chocantes u ofensivas".

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