PROYECTO DE LEY

Proponen eliminar subsidio para los políticos corruptos

Si se extingue el derecho se deberá devolver el monto.

Conrado Rodríguez. Foto: Fernando Ponzetto
Conrado Rodríguez. Foto: Fernando Ponzetto

El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley para suspender el subsidio que cobran los políticos y titulares de cargos de particular confianza cuando sean objeto de un procesamiento o una acusación fiscal, según el caso, por delitos contra la Administración pública y otros relacionados con la corrupción.

Para los casos en que haya sentencia condenatoria definitiva firme, la propuesta directamente elimina el subsidio.

La iniciativa señala que cuando se extinga el derecho al cobro del subsidio, se considerará indebido el cobro de todo o parte del mismo que se hubiere efectuado con anterioridad, que quedará sujeto a recuperación administrativa o judicial.

En su explicación sobre el alcance de la iniciativa, el diputado Rodríguez indicó que en los casos en que el funcionario que desempeña un cargo político o de particular confianza incurra en la comisión de delitos contra la Administración pública u otros vinculados a la corrupción, “cae la mayor parte de los fundamentos del subsidio, creado para dar ciertas seguridades al funcionario que desempeña cargos en posiciones preeminentes de decisión y actúa con dedicación, probidad, imparcialidad y rectitud”.

Y aclaró que sin embargo, no existe previsión legal que aplique una sanción similar a la prevista en el artículo 39 de la ley 9940 con respecto al derecho al cobro del subsidio para los cargos políticos y de particular confianza cuando el funcionario que tenga derecho al mismo haya cometido delitos contra la Administración pública.

CAMBIOS.

CAMBIOS. Precisamente, desde hace 77 años la legislación uruguaya prevé que la comisión de delitos contra la Administración pública trae aparejada la pérdida de los derechos jubilatorios.

En efecto, el artículo 39 de la ley 9.940, del 2 de julio de 1940, dispone que “la sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la Administración extingue los derechos a la jubilación”. Esta disposición es aplicable a todos los funcionarios públicos.

Luego de la dictadura las leyes jubilatorias fueron modificándose, y entonces para los casos en que no se configurara la causal de jubilación anticipada, se creó un subsidio del 85% de los haberes de actividad, a gozar a partir del cese por el triple del tiempo en el cual la persona hubiera ocupado el cargo con un máximo de tres años.

El proyecto pasará a ser considerado por la comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

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