INVESTIGADORAS

Proponen aumentar controles legislativos

El diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley para aumentar las potestades de las Comisiones Investigadoras.

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Según Pasquet, "la resolución de la junta no tiene argumentos". Foto: M.Bonjour.

"Creo que lo que pasó con la investigadora de Ancap dejó al desnudo las carencias de la actual legislación en materia de comisiones investigadoras", dijo el legislador a El País.

"Tantas veces escuchamos en sala a representantes del Frente Amplio decir que las investigadoras no tienen más facultades porque en los 90 el presidente (Julio María) Sanguinetti vetó varias de las disposiciones de la que hoy es la ley 16.698. Bueno ahora que el Poder Ejecutivo está a cargo del Frente está la posibilidad de cambiar", agregó.

Es por eso que el diputado colorado decidió revivir un proyecto de ley que varios legisladores de la coalición de izquierda habían presentado en 1995 que da más potestades a las Comisiones Investigadoras.

La iniciativa parlamentaria había sido firmada por los senadores Susana Dalmás, Marina Arismendi, Luis Eduardo Mallo, Nicolás Storace, Alberto Cid, Danilo Astori, Albérico Segovia, Walter Santoro, Alberto Couriel, Helios Sarthou, Carlos Julio Pereyra, Rafael Michelini, Reinaldo Gargano y Manuel Laguarda.

En la exposición de motivos el representante nacional explica que en la práctica ha quedado de manifiesto "la insuficiencia de los medios con que cuentan las Comisiones Parlamentarias de investigación". Durante la actuación de la comisión investigadora creada recientemente por el Senado para examinar la situación de Ancap, los legisladores y la ciudadanía toda asistieron con asombro e impotencia al espectáculo de gerentes de dicha empresa pública que, citados como testigos por la Comisión, "ignoraron olímpicamente la convocatoria".

Entre las disposiciones que abarca la iniciativa presentada se agrega un artículo para exceptuar de la prohibición de investigar a las personas de derecho privado, a aquellas cuyo capital social se integre total o parcialmente con fondos públicos. A su vez tipifica como delito la negativa del funcionario público a presentar informes o exhibir documentos necesarios para la investigación.

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