Un pequeño grupo de legisladores acaba de decidir sorpresivamente prohibir las donaciones con exoneración fiscal a universidades privadas. Es una mala decisión realizada por malas razones.

Las donaciones con exoneración fiscal a las universidades existen en todo el mundo. Son importantes para otorgar becas y realizar investigaciones. La ley vigente en nuestro país permite a decenas de instituciones públicas y privadas recibir donaciones con exoneración fiscal. Los diputados solo excluyeron a las cinco instituciones universitarias privadas. Sorprende un acto tan obvio de discriminación en una época en la cual la inclusión y la diversidad son valores incorporados a todas las políticas públicas.

La consecuencia más directa de esta decisión —en caso de ser aprobada por el Parlamento— es que a partir del próximo año cientos de alumnos becados en las universidades privadas no podrán seguir estudiando. En el mundo abstracto de los principios ideológicos esto quizá sea considerado por esos diputados como un costo inevitable. Pero para cada individuo afectado y su familia será otra instancia de principios abstractos perjudicando vidas concretas. Quizás algunos de esos estudiantes puedan continuar sus estudios en la Udelar. Pero hay razones por las cuales no eligieron la Udelar en primera instancia. Quizás la carrera que quieren estudiar no se dicta en la Udelar. Quizás los horarios no son compatibles con su trabajo. Quizás tenga otras razones. En cualquier caso el derecho y la capacidad de estos alumnos y sus familias para elegir lo mejor para ellos debería ser respetado.

Pero esta medida tiene otras consecuencias igual o más perjudiciales para nuestra sociedad. Para entender estas consecuencias debemos analizar los motivos de esta prohibición.

¿Esta prohibición apunta genuinamente a reducir el gasto público en un momento en que nuestra economía lo necesita? No. El monto total de la renuncia fiscal no disminuye. El total de donaciones no disminuye, solamente se gasta en otras instituciones públicas o privadas.

¿Esta prohibición surge porque los montos donados son tan grandes que la recaudación fiscal se ve comprometida? No. El gasto público anual en educación en nuestro país es aproximadamente de 1500 millones de dólares. Las exoneraciones otorgadas a las universidades privadas en 2015 fueron un poco más de un millón de dólares, es decir menos del 0,1%.

¿Esta prohibición quiere resolver algún beneficio de las universidades privadas que no tienen las universidades públicas? Los beneficios son idénticos en la ley vigente para las universidades públicas y privadas. En 2015 las instituciones universitarias públicas recibieron más donaciones que las privadas (las instituciones universitarias públicas recibieron aproximadamente un millón ochocientos mil dólares).

¿Esta prohibición responde a dudas sobre la transparencia en el uso de las donaciones? En más de 10 años de funcionamiento no ha habido ningún cuestionamiento. El mecanismo es sencillo y transparente. El Ministerio de Economía aprueba previamente y controla posteriormente cada donación.

En conclusión, no existen motivos económicos ni mucho menos académicos que justifiquen esta prohibición discriminatoria. La explicación aparece en las actas oficiales de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes del 27/7/16. En esas actas, uno de los diputados promotores explica con franqueza que el motivo de esta prohibición es ideológico.

Esta es la consecuencia más grave y de largo plazo de esta prohibición. La toma de decisiones de interés público exclusivamente por ideología es un retroceso de nuestra democracia. Cuando en la normal rotación de partidos que existe en la democracia otro partido ejerza el poder, ¿sería justo que los cambios introducidos por el actual gobierno sean eliminados por razones ideológicas? Si mañana hay una mayoría neoliberal, ¿estaremos de acuerdo en que tomen decisiones en base a la ideología de turno? Debemos defender una democracia en la cual las decisiones sean justificadas racionalmente, consensuadas políticamente y ponderadas con respeto y consulta a las partes.

En Uruguay no existieron estas donaciones hasta que el actual partido de gobierno las introdujo hace más de 10 años. Fueron introducidas como parte de una modernización del mundo académico que además incluyó otras acciones valiosas como la creación de la ANII —Agencia Nacional de Investigación e Innovación— la incorporación de Uruguay al régimen de acreditaciones universitarias del Mercosur, la expansión de la Udelar en el interior y la creación de la Universidad Tecnológica. Eliminar las donaciones no es un acto aislado, es un cuestionamiento a esta visión modernizadora. Es parte de una filosofía que apunta a mantenernos aislados del mundo. Es una medida que podríamos esperar de Donald Trump, no de jóvenes legisladores uruguayos.

Es de esperar que el pleno de la Cámara no comparta esta visión del país.

LA RESPUESTA DEL EXPERTO