Otra denuncia de la IMM; una escribana marchó a prisión.

Una escribana que tenía el título suspendido, un "promotor inmobiliario", una anciana, dos de sus hijos y la esposa de unos de ellos terminaron procesados por estafa. Entre los seis desarrollaron una "inmobiliaria" que colocaba lotes pertenecientes a un terreno ubicado en Toledo Chico y Cruz del Sur.

Todo comenzó con una nueva denuncia de la Intendencia de Montevideo, actuando en su nombre la alcaldesa del municipio E, Sandra Nedov, radicada en la Seccional 18. El caso fue asumido por la jueza Ana Ruibal del Juzgado de 13er Turno.

Este es el tercer predio en pocas semanas donde la comuna interviene para frenar el avance de los asentamientos irregulares. Los dos primeros afectaron a terrenos municipales y particulares cercanos al Parque Guaraní y el barrio denominado "La Quinta".

El terreno fue calificado como "rural" por la Intendencia, por lo que no puede ser fraccionado. Hace por lo menos dos décadas fue objeto de un desalojo. Todos los habitantes salieron del lugar, menos un ladrillero. El propietario del predio le permitió quedarse en el lugar para que pudiera trabajar y mantener a su familia, según dijeron fuentes policiales.

Aquel obrero falleció y heredó el oficio a sus hijos, que junto a su madre mantuvieron el emprendimiento. En determinado momento, la viuda y sus hijos consiguieron el permiso de posesión de parte del predio.

Un día un cliente les propuso fraccionar las seis hectáreas que ocupaban y vender los terrenos por poco dinero. Para ello necesitarían que alguien hiciera los papeles. Allí apareció la escribana que tenía el título suspendido; se acordó que los papeles costarían $ 10.000 para los nuevos "propietarios".

El vendedor se ocupaba de propagandear los terrenos en las redes sociales. Ofrecía lotes con papeles por entre $ 55.000 y $ 70.000. No obstante, si el cliente no tenía esa cifra aceptaba una entrega de $ 20.000 y el resto en cómodas cuotas, según pudo probar la Policía.

En poco tiempo el terreno pasó a ser un asentamiento con varias decenas de familias viviendo en el lugar.

Tras la denuncia de la Intendencia, la Policía citó a las personas que residen en el barrio.

Unas 20 personas desfilaron por la seccional, entre ellos un hombre mayor, de unos 80 años, que exhibió la documentación refrendada por la escribana. Posteriormente, los investigadores analizaron toda la documentación que manejaban los "propietarios".

En todos los papeles aparecía la firma de la misma escribana. La Policía llamó a declarar a la profesional y allí se supo que tenía el título suspendido.

En ese instante quedó detenida. Tras ella cayeron el "promotor inmobiliario", la viuda del ladrillero, dos de sus hijos y la nuera. Todos estaban íntimamente vinculados a la maniobra de estafa contra los incautos compradores y el propietario del predio.

La juez Ruibal terminó procesando con prisión a tres integrantes de la familia, incluida la anciana, que por superar los 70 años de edad podrá cumplir la condena en su domicilio, según explicó la magistrada a El País.

Además, procesó a la escribana y al "promotor inmobiliario" por reiterados delitos de estafa. La nuera de la anciana fue procesada sin prisión.

Quedó demostrado en las actuaciones judiciales y policiales que los compradores integran familias de escasos recursos. La mayor parte de ellos debieron sacar préstamos para hacerse de los terrenos y comenzar a construir con sus manos las viviendas.

Ahora los lotes pasarán al titular del terreno quien había iniciado tiempo atrás un trámite de desalojo. Por otro lado, se le está entregando a los compradores los materiales de construcción que habían llevado al lugar.

La juez Ruibal ordenó una prestación de garantía para que los damnificados puedan recuperar todos los elementos que colocaron sobre el terreno.

Ahora los compradores podrán iniciar un juicio civil contra los seis procesados para recuperar la inversión perdida. Para sus abogados la recuperación del dinero no será fácil.

En los primeros meses de septiembre la Justicia Penal procesó a ocho ocupantes del asentamiento localizado en los alrededores del Parque Guaraní. Estaban ocupando un predio perteneciente a la Intendencia de Montevideo.

Posteriormente la propia Intendencia y el Ministerio de Vivienda realojaron en contenedores a un grupo de ocho familias en un predio perteneciente al Ministerio del Interior en la zona de Camino Maldonado, el resto se desperdigó en casas de familiares u otros barrios.

Dos semanas después le tocó el turno al barrio "La Quinta", cercano al Parque Guaraní. En este caso, se decretó el desalojo y hubo un enfrentamiento entre la Justicia y la Intendencia por los tiempos en que se resolvió la medida. Los intrusos se habían afincado en un terreno perteneciente a un privado y fueron realojados en un predio municipal de Casavalle.

LOTEOS ILEGALES EN MONTEVIDEO