Jueces esperan que la reforma del Código del Proceso Penal revierta situación

Procesados: 4,5% en 200.000 denuncias

De 200.000 denuncias que recibió el Ministerio del Interior en 2013, solamente 9.127 culminaron con procesamientos. Estos datos, desprendidos de un cruzamiento de información entre la cartera y el Poder Judicial, dan cuenta de inconvenientes en el sistema penal, según el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Son "producto del actual proceso desastroso", dijo.

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El nuevo Código del Proceso Penal establece que sean los fiscales los que investiguen. Foto: Archivo.

El secretario letrado de Fiscalía de Corte, Fernando Romano Gariglio, dijo a El País que esta cifra se puede explicar por la existencia de deficiencias en el sistema. Romano dijo que estos 9.127 procesamientos, que representan el 4,5% de las denuncias, no representa un porcentaje disparatado, sino que se viene repitiendo a lo largo de los años.

"Hemos dicho hasta el cansancio que el actual proceso inquisitorio ha fracasado. Es ineficaz e ineficiente, en la medida en que no respeta ni a las víctimas ni a los victimarios", dijo Díaz. "¿Dónde está la sensación de inseguridad e impunidad de la gente? En ese 95% de los delitos que quedan impunes", agregó Díaz en declaraciones a La Diaria.

Reforma.

Tanto Díaz como Romano coincidieron en que el nuevo Código del Proceso Penal —que entrará en vigencia el 1° de enero de 2017— se encamina a solucionar al menos en parte estas deficiencias.

"Estamos buscando un sistema penal diferente para que no se repita esta situación y para mejorar la eficiencia. Hoy tenemos un proceso penal oscuro, que no da respuesta a nadie, ni a víctimas ni victimarios", dijo Romano.

"Se está buscando un nuevo proceso penal acusatorio, público, oral, donde la víctima va a tener mucha mayor intervención", dijo.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Gómez, dijo a El País que la reforma del proceso, aunque necesaria, no es una garantía de que este 4,5% de procesamientos se vea incrementado.

"Pensar que por el solo hecho de tener el cambio vamos a tener resultados extraordinarios sería presuntuoso. Pero, de todas formas, lo cierto es que se necesita un cambio respecto a los derechos de los imputados, víctimas y damnificados de los delitos y con esa adecuación da la impresión de que puede ayudar a tener un mejor sistema de justicia", opinó.

"Históricamente hay casos que, lamentablemente, no tienen la solución conforme a lo que la sociedad requiere. Es un dato de la realidad y es muy probable que con el nuevo sistema sigan existiendo casos", apuntó.

El nuevo código establece un sistema que se conoce como "acusatorio" donde los juicios penales pasarán a ser orales, públicos y serán los fiscales quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y dirigir las indagatorias. Luego, será el juez el que, en base a la opinión del fiscal y del defensor, resuelva. En la actualidad el juez dirige la investigación y el proceso es escrito y eso hace que sea también más lento.

El nuevo Código del Proceso Penal fue sancionado en diciembre de 2014 y regirá desde 2017. Su redacción se encomendó a una comisión de expertos al frente de la cual estuvo el magistrado Dardo Preza —recientemente fallecido— lo cual le asegura el respaldo de los operadores judiciales.

Para su implementación se necesitan unos US$ 25 millones, la reorganización del sistema y capacitación de funcionarios administrativos, jueces y fiscales. Por eso, el nuevo código comenzará a regir en 2017.

Víctimas más protegidas

En la nueva modalidad de juicios que plantea el Código del Proceso Penal se especifican medidas para la protección de las víctimas. Se precisa además que los fiscales están obligados a entregar a estas información acerca del curso y del resultado del procedimiento, ordenar medidas para protegerlas y a su familia frente a probables hostigamientos o agresiones.

Con Juicios orales y públicos

El Código del Proceso Penal, aprobado en diciembre de 2014, se encuentra dentro del sistema acusatorio. Esto significa que desde 2017 los juicios penales será orales y públicos. Pero la modificación más significativa se introduce en la tarea de los fiscales. Estos coordinarán y dirigirán las indagatorias.

Debido a esto se infiere que se incrementará el número de fiscales. Además, plantea la creación de cargos de jueces que tendrán bajo su responsabilidad los expedientes hasta el procesamiento y otros que asumirán competencia para el dictado de la condena. Hoy el mismo juez dicta sentencia y hace el seguimiento de la ejecución de la condena.

Al acelerarse los procesos, se tenderá a solucionar uno de los grandes problemas de la Justicia: hoy más del 60% de las personas que están privadas de libertad no tiene sentencia. mediante el nuevo Código se le da más jerarquía al Ministerio Público y una posición institucional de independencia quitándolo de la órbita del Ministerio de Educación. El propio texto establece que el fiscal de Corte y procurador general de la nación y los fiscales letrados actuarán con independencia.

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