Poniendo de relieve la precaria situación financiera de varias intendencias, lo sucedido en Salto con los funcionarios contratados por la anterior administración que terminaron siendo cesados por las nuevas autoridades, puede extenderse ahora al vecino departamento de Paysandú.

Así, el intendente frenteamplista Guillermo Caraballo dispuso el análisis de la situación de los funcionarios que ingresaron de forma no ajustada a los procedimientos específicamente contemplados por las normas, y resolvió extender por única vez y por un plazo de 30 días el vínculo contractual de los funcionarios eventuales que hayan ingresado en el año previo a las elecciones departamentales.

El jueves pasado, el intendente de Salto, Andrés Lima, (FA) sufrió un escrache cuando caminaba por la calle Uruguay, la principal de Salto, por el cese de contratados. Unos cien municipales interceptaron a Lima a la salida de su despacho. Esos funcionarios serían parte de una lista de despidos elaborada por la actual administración, que será difundida mañana martes.

Lima iba a pie por la calle Uruguay cuando los municipales lo interceptaron, algunos lo amenazaron e insultaron, incluso uno de los manifestantes le arrojó una bolsa de residuos.

Un comunicado de la comuna sanducera de este fin de semana señala que a la vez se analizará cuáles de las vacantes generadas por esa vía deben ser completadas por razones de servicio. En el comunicado, el intendente Caraballo especificó que los funcionarios de confianza ingresados en su gobierno deberán cesar cuando finalice la administración asumida en julio.

La administración del intendente Caraballo hizo un estudio de las situaciones bajo el principio general de que aquellas personas contratadas sin respetar los procedimientos previstos y que además hayan ingresado en el año previo a la instancia electoral, no verán renovados sus contratos.

El comunicado de la comuna sanducera establece que "sin perjuicio de ello, atento a que muchos de esos contratos vencieron el 31 de julio y buscando que el cese de las situaciones irregulares no perjudique el normal funcionamiento de los servicios que presta la Intendencia, hemos dispuesto extender, por única vez y por un plazo de 30 días, el vínculo contractual de aquellos funcionarios eventuales, que hayan ingresado en el año previo a la instancia electoral y cuyos contratos vencieron el 31 de julio. Al cumplirse este plazo de 30 días, el vínculo de dichos funcionarios con esta Intendencia quedará disuelto".

La Intendencia hará durante este mes un relevamiento para determinar cuáles son las áreas donde hacen falta funcionarios, y una vez realizado "convocaremos a un llamado público, abierto y transparente, presidido por criterios de igualdad de oportunidades y sin favoritismos partidarios, a efectos de completar las vacantes generadas".

En el caso de tareas no especializadas se realizará un sorteo en la segunda quincena de agosto, a efectos que los beneficiados comiencen su vínculo contractual a partir del mes de septiembre. "En el caso de tareas especializadas, se desarrollarán los concursos respectivos para cubrir dichas vacantes. Además se ha dispuesto no renovar los contratos de aquellos funcionarios vinculados bajo el régimen contrato de función pública, que hayan ingresado en el año previo a la instancia electoral y cuyos contratos vencieron el 31 de julio.

El comunicado señala además que la Intendencia sanducera se propone modificar, progresivamente, el régimen de contratación de los funcionarios, "reduciendo la condición de eventual a aquellas tareas que efectivamente lo sean, culminando así con un mecanismo perverso de discriminación entre los funcionarios y los eventuales, todo esto sometido a una estricta evaluación".

También señala que "si bien nunca celebraremos ninguna situación de cese laboral, sobre todo de los más humildes, estamos decididos a comenzar a desandar el penoso camino de tomar a la intendencia como botín de repartos clientelares cada vez que se aproximan tiempos electorales".

La situación financiera es compleja en varios departamentos.

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