POLÉMICA COMPRA DE INMUEBLE

Privado desiste de negocio con la IMM

Aunque la comuna había tomado la misma decisión, se quedará con el dinero del depósito de garantía.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Intendente dijo que tomó la decisión para "darle tranquilidad a todo el mundo". Foto: M. Bonjour

Con la presentación de un informe, la comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia de Montevideo dio por concluido su trabajo en torno a la polémica compra del inmueble destinado al nuevo Laboratorio de Regulación Alimentaria. Como se informara, la comuna adjudicó la compra por US$ 1.500.000 y luego se enteró que dos días antes la propiedad había sido vendida en US$ 750.000.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, la comisión resolvió aconsejar al intendente Daniel Martínez que desista de comprar el inmueble. Pero a su vez, la comuna informó en las últimas horas que el propio vendedor dio marcha atrás en el negocio.

Ayer, El País intentó obtener la palabra de Roberto e Isidoro Kosak, dos de los oferentes mencionados en el expediente, para conocer los motivos por los cuales decidieron retirar la oferta, lo cual no fue posible. Fuentes cercanas a la negociación indicaron a El País que los empresarios "se sintieron incómodos" por la repercusión pública que tuvo el tema.

Pese a que la propia Intendencia también resolvió dar marcha atrás, la resolución firmada por el intendente Martínez aclara que la administración se quedará con la garantía de mantenimiento de oferta depositada por el privado, la cual asciende a unos $ 100.000.

"No tengo claro cómo se podría justificar que la Intendencia no la cobre. Podría ser por razonabilidad, pero creo que normativamente no se puede", declaró a El País el coordinador del gabinete municipal, Jorge Rodríguez.

"Creo que esto (no comprar el inmueble) baja mucho la intensidad del tema, aunque la investigación (por la vía administrativa) está dispuesta, por lo que supongo que se continuará. El grupo de trabajo integrado por los directores ya cumplió su cometido y se disolverá. Lo último será la presentación de un informe, lo cual ocurrirá probablemente mañana (por hoy)", agregó.

Mientras tanto, en la Junta Departamental se reunió ayer una preinvestigadora a impulso del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón, quien pretende que el Frente Amplio acompañe con sus votos la conformación de una investigadora.

Jorge Rodríguez anticipó que "el intendente no se meterá, dejará que los ediles hagan lo que crean correcto".

Según el jerarca, lo único que hizo el grupo ad hoc fue pedir tasaciones.

"Se le pidió una tasación exacta al grupo de Catastro y Avalúo de la Intendencia y otra a un privado. La tasación del privado era más baja que la oferta que tuvimos, de US$ 1.200.000. La del Catastro municipal superó los US$ 1,5 millones, estaba un poco por encima de lo que se ofertó en el llamado", indicó el coordinador del gabinete municipal.

La Junta al margen.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó distintas irregularidades en el proceso. Una de ellas es el incumplimiento a lo señalado por el artículo 36 numeral 1° de la Ley 9.515, que establece que "le compete a la Intendencia adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar construir otros nuevos, con acuerdo en ambos casos de la Junta Departamental, por dos tercios de votos". Esto nunca no ocurrió.

Según una resolución municipal en poder de El País, el intendente Martínez puso su firma a la compra del inmueble el 16 de febrero de 2017, aceptando la oferta de US$ 1.490.000. El bien tiene una valoración de Catastro de exactamente la mitad de ese precio.

Sin embargo, la Intendencia consideró ayer que todavía estaba "a tiempo" de dar participación a la Junta. Según Jorge Rodríguez, el expediente se iba a mandar al deliberativo después que regresara del TCR.

"Lo hemos hecho muchas veces así. Es más, en los últimos tiempos empezamos a hacerlo así porque en cantidad de veces la Junta nos devolvía el expediente diciendo que quería tener primero el informe del Tribunal. Legalmente no se establece cuál va a primero, dice que debe ir a los dos lugares, pero no se establece un orden", sostuvo el jerarca.

Rodríguez admitió que sin importar a dónde se envíe primero, debe ir a la Junta y al Tribunal antes de que el intendente resuelva adjudicar. En este caso, hay una incongruencia con la resolución firmada por Martínez el 16 de febrero de 2017, la cual sostiene que "el intendente de Montevideo resuelve adjudicar la licitación pública N° 318045/1" (sic).

El documento, en poder de El País, no refiere al envío del expediente a la Junta, pero tampoco al Tribunal de Cuentas.

"El Tribunal de Cuentas observó mal el proceso".

Aunque el intendente firmó una resolución de adjudicación el 16 de febrero, el coordinador del gabinete municipal asegura que no fue tal.

"Es una propuesta de adjudicación, ésta no existe hasta que la Junta vote. Lo que hay es una resolución en la que se propone la adjudicación. El contrato se perfecciona una vez que la Junta se pronuncia. Capaz que hubo un problema de redacción con la resolución, pero no tiene valor jurídico si no pasa por el Tribunal y la vota la Junta. Nosotros teníamos claro que había que ir a la Junta, nunca dudamos en eso", indicó Jorge Rodríguez.

Según el jerarca, "el Tribunal de Cuentas observa mal, porque sabe que podemos ir a la Junta antes o después. Tiene un millón de expedientes en los que hemos ido antes al Tribunal y después a la Junta; nunca había observado esto".

El fallo del TCR también dice que "el pliego de condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no sólo ubicación y superficie, sino además las especiales construcciones que deben existir".

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO.

"La Intendencia no tiene que pagar".

El intendente Daniel Martínez dijo ayer en rueda de prensa que tomó la decisión de poner fin al negocio para "darle la mayor transparencia y tranquilidad a todo el mundo, en particular al personal".

También señaló que la compra del inmueble "no estaba adjudicada del todo, porque todavía tenía que ir a la Junta y terminar el proceso".

En declaraciones formuladas durante el lanzamiento de la cuarta edición de la Maratón de Montevideo, anticipó que "comenzará de vuelta un proceso competitivo, con las mismas garantías pero eliminando estas dudas".

Martínez aseguró que la IMM no deberá pagar ningún tipo de multa por dar marcha atrás en el negocio, porque "nos enteramos que la inmobiliaria también desiste de la venta".

"Insistimos en que se investigue".

El edil Diego Rodríguez dijo ayer a El País que le llama poderosamente la atención "que el intendente en febrero de 2017 adjudicara a través de una licitación pública el inmueble de la calle Penco y que ahora, ante los hechos de público conocimiento sobre la dudosa operación y compra posterior del inmueble, responsabilice de la caída del negocio a los oferentes. E incluso que disponga la retención de la garantía de mantenimiento de la oferta".

"Solicitamos la conformación de una comisión investigadora a efectos de que la población sepa en qué y cómo se gasta su dinero. Vamos a agotar todas las instancias que tenemos como legislador departamental para que se sepa la verdad. Y esperamos contar con el apoyo del FA", agregó.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te puede interesar
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)