Cambian seguridad interna; reformas edilicias y énfasis en la capacitación.

La presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, utiliza la palabra "refundación" cuando, en entrevista con El País, se refiere al papel que cumplirá el Estado durante la reclusión de menores infractores (hoy hay más de 600 en el sistema). Promete cambios de fondo y, desde el punto de vista práctico, empezará por la custodia de los centros de detención, donde el sindicato solía hacerse fuerte. Continuará con la capacitación de los trabajadores, la cual es mínima actualmente, y por las reformas edilicias, porque si bien en el período pasado se invirtieron veinte millones de dólares en proyectos, su elección y calidad no parecen haber sido las mejores y la frase "emergencia edilicia" sigue siendo utilizada por las autoridades.

Las medidas internas irán acompañadas de un cambio institucional. Como ya es costumbre en esta institución, cuando su imagen se deteriora el primer reflejo del sistema político es cambiarle el nombre. Y siempre se lo bautiza con uno extenso y "no estigmatizante".

En pocos años, el actual Sirpa supo ser Semeji (Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción), y antes Interj (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil). Cuando en algunas semanas Diputados vote la ley ya aprobada en el Senado, el Sirpa dejará de existir para dar paso al Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente (Incca).

El otro cambio es de fondo: se separa del Inau para ser un servicio descentralizado y encargarse la custodia de los menores infractores en todo el país. "Un desafío enorme", dice Fulco.

El Sirpa ha sido una fuente constante de malas noticias en los últimos años. Primero por las sistemáticas fugas de menores, utilizadas como mecanismo para descomprimir al sistema. Luego, cuando las fugas se redujeron drásticamente, por las persistentes denuncias por maltrato a los internos. Este año fue la propia Fulco quien presentó la denuncia penal y aportó las pruebas para que 26 funcionarios fueran procesados por el delito de tortura. Todos quedaron filmados, algunos miraban y otros golpeaban a internos para desarticular un presunto intento de motín.

"Uno de los ejes de la refundación es la preparación del personal para trabajar en funciones de seguridad. Organizamos un nuevo grupo que fue capacitado y entrenado en base a modelos de buenas prácticas, siempre bajo la perspectiva de la protección de los derechos humanos de esta población de jóvenes vulnerables", explicó Fulco. El nuevo grupo está integrado por cuarenta funcionarios que fueron especialmente seleccionados. "Es el grupo despegue", ilustra Fulco. A ellos se unirá una parte importante de los doscientos nuevos funcionarios que serán contratados el año próximo. Los funcionarios fueron capacitados en el trato con los menores y el manejo de situaciones de crisis como motines, ingresos a celdas, reducción de internos, etc.

"La seguridad va a estar al servicio de los programas de tratamiento. Eso estaba invertido. Cualquier movimiento estaba sujeto a la seguridad, y había programas de salud mental, educativos o recreativos que se suspendían por motivos de seguridad. Una semana sí y una semana no, eso frustraba a los internos y a los profesionales encargados de los programas. Eso se termina, la seguridad estará al servicio de los programas de rehabilitación", indicó.

Fulco señaló que se pondrá énfasis en los programas socioeducativos para que los jóvenes que están un máximo de cinco años dentro del sistema, puedan rehabilitarse. "Esto no puede ser un depósito de seres humanos", afirma Fulco, y dispara que el trabajo que lleva adelante procura "reordenar" todas las áreas.

Ello implica fortalecer la clasificación y diagnóstico desde el ingreso del joven, de manera que cuente durante su estancia con un programa de tratamiento individualizado. Aunque parezca obvio, Fulco afirma que por primera vez una Junta observará al joven durante los primeros treinta o sesenta días de manera de adaptar el plan de rehabilitación a sus necesidades. La Junta enviará informes periódicos a la Justicia para dar cuenta sobre sus avances y retrocesos de manera que sirvan como insumos a la hora de resolver una medida sustitutiva como la prisión domiciliaria o las salidas laborales.

Otro proyecto importante está vinculado a la preparación del personal. "Tenemos un estudio sobre el nivel educativo de los funcionarios y dio que un alto porcentaje tiene un nivel de preparación insuficiente", dijo Fulco. Se creará una escuela de formación y una consultoría de la Unión Europea identificará qué perfil de funcionario es necesario para desempeñarse en cada tarea.

—¿Hay jóvenes no rehabilitables?

—Cuando se cruzan patologías, historias de vida de mucha vulnerabilidad y procesos de victimización tempranos que incluyen violencia familiar y social es muy probable que el joven, cuando deja la institución porque cumplió la pena, necesite un control social de largo plazo. Hay jóvenes que salen con un alerta roja y resulta fundamental un seguimiento afuera de entre tres y cinco años. Si en ese tiempo no reincidió, es muy probable que ya no lo haga.

—Qué tipo de acompañamiento se realiza hoy de esos jóvenes.

—Se están coordinando acciones con el Mides y la comisión asesora intergubernamental que se creó hace tres meses. También hemos puesto energía en fortalecer las medidas no privativas de libertad. La idea es desplegar de forma muy articulada todos los recursos públicos y privados disponibles. Se debe poner mucha energía en trabajar con el joven, la familia y aquellos grupos que son muy vulnerables y donde la reincidencia es más probable.

—¿Mejoró su vínculo con el sindicato?

—Tenemos una mesa de diálogo permanente. Allí se tratan temas relativos con el bienestar de los trabajadores del Sirpa. Lo que nosotros hemos dejado bien claro es que allí no se negocia ni se discute la gestión que llevamos adelante.

—La han llamado "militar" por su forma de conducir el Sirpa.

—Me han dicho de todo. Pero esta es una gestión técnica, basada en estudios científicos porque se trata de un tema de alta especialización.

—¿Se siente afectada cuando se la descalifica públicamente?

—Han sacado muchas cosas sobre mí pero yo estaba avisada de que algo así iba a ocurrir. Cuando uno se prepara para recibir el insulto el impacto es menor. Tenemos que sacar adelante una gestión, lo personal queda en segundo plano. Tengo 33 años de experiencia en estos temas, es mi vocación.

Reclusión de menores infractoresGONZALO TERRA