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Preocupan los arrestos ciudadanos

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Intentó robar una librería pero el comerciante lo detuvo y, luego, la Polcía se lo llevó.
Arresto ciudadano de un delincuente luego del intendo de hurto a una licoreria en la Peatonal Sarandi, policias llevandose al ladron luego de que comerciantes de la Ciudad Vieja lo detuvieron y redujeron, operativo policial, ND 20130815, foto Leonardo Carreño - Archivo El Pais
Archivo El Pais

La Policía da cuenta casi semanalmente sobre situaciones de "arresto ciudadano". Casos en los que las propias víctimas o testigos de un delito se enfrentan a quien cometió el ilícito y ya sea en el acto, o persiguiéndolo tras el mismo, logran detenerlo, para luego entregarlo a los efectivos.

Jueces penales consultados por El País afirmaron que, si bien se trata de una situación de larga data en Uruguay, han notado un leve crecimiento en el último tiempo, a la vez que los índices delictivos siguen en aumento, según se informó en la edición del día de ayer. En tanto, fuentes policiales dijeron que no se lleva un registro de tales episodios, pero confirmaron que la "participación ciudadana" contra la inseguridad viene en expansión.

En ese marco, integrantes de la oposición política coinciden en observar con preocupación esta realidad, y entienden que el riesgo que asumen los ciudadanos con ese tipo de iniciativas es muy grande.

Los líderes partidarios consultados rechazaron, particularmente, que el Ministerio del Interior haya emitido un comunicado destacando la actuación de los civiles que lograron atrapar al violador de Ciudad de la Costa, hace dos semanas, porque entendieron que se alienta de esa forma a que los ciudadanos incursionen en episodios similares.

"Veo este fenómeno con preocupación, porque si los ciudadanos tienen que empezar a hacer arrestos quiere decir que la Policía y el ministerio no cumplen con su trabajo. Esto es fruto de una pésima gestión", dijo el senador colorado Pedro Bordaberry al ser consultado por El País.

El legislador afirmó que "una cosa es la participación ciudadana a través de comisiones de seguridad, una cosa es el vecino trabajando cerca de la Policía para prevenir el delito, y otra cosa son los ciudadanos haciendo arrestos, ya sea a un violador o a un rapiñero. El ciudadano no tiene la preparación para hacerlo y corre muchos riesgos", dijo.

Bordaberry hizo hincapié en señalar la responsabilidad del Ministerio del Interior en el asunto y comentó que "en definitiva es todo fruto de una pésima gestión en materia de seguridad. La violencia y la inseguridad se nos vino encima y el ministerio no supo reaccionar", lanzó.

Por su parte, el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, entendió que se trata de "un camino peligroso" que genera "enorme preocupación".

Para el nacionalista, el alentar episodios como los arrestos civiles puede "conducir a situaciones de las más diversas y complejas. Primero porque la gente enfrenta el peligro de la delincuencia, y segundo porque se puede derivar con facilidad en un camino de excesos y delitos por parte de los propios ciudadanos. Puede haber gente que busque combatir a la delincuencia y que termine lamentando sus propias acciones", opinó.

Larrañaga profundizó en ese aspecto y dijo: "El ciudadano puede terminar involucrado en situaciones penales de diversa índole y de suma gravedad. Esto se puede prestar para pesquisas secretas o para episodios de justicia por mano propia".

En tanto Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, también dijo que "hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones", a lo que agregó que "no las alentaría".

"Los ciudadanos tienen todo el derecho de indignarse, pero de ahí a hacer justicia por mano propia hay una distancia corta. La gente se indigna, se da manija y sigue para adelante, y del arresto pasan a la sentencia, entonces tenemos que tener mucho cuidado y mantener la lógica institucional", señaló el legislador.

Mieres afirmó que estas cosas "ocurren porque hay una sensación muy extendida en cuanto a que la Policía no logra actuar con eficacia y, entonces, ante ese vacío, aparece la ciudadanía organizada para resolver el problema. En el caso del violador de Ciudad de la Costa se resolvió bien, pero puede pasar que mañana una multitud enardecida termine haciendo justicia por mano propia", advirtió.

El senador del Partido Independiente también cargó contra el Ministerio del Interior, y dijo: "Si hubiera más eficacia policial no ocurrirían los arrestos ciudadanos, o serían excepcionales. Entonces debemos entender que estamos ante un fenómeno preocupante, porque de estas cosas se debe encargar la autoridad".

ARMAS

. Un relevamiento realizado por El País en noviembre del año pasado, mostró que cerca del 50% de los parlamentarios o alguien de su familia ha sido víctima de un arrebato, robo o rapiña en los últimos dos años.

En el 90% de los casos dijeron haber hecho o saber que se presentó la denuncia policial correspondiente. En tanto, poco más del 15% dijo tener armas en su domicilio o permiso para portarlas.

En esta oportunidad, tras consultarlos sobre los arrestos ciudadanos, se pidió a los legisladores una opinión sobre las armas en manos de civiles, ante lo cual mostraron diversas posturas. Mieres dijo que está "totalmente en contra de que la gente tenga armas" y opinó que "la normativa debería ser muy restrictiva" al respecto.

En tanto, Bordaberry dijo que lo mejor sería que la población no estuviera armada.

"Hay casos en los que me parece que se justifica, los que arriesgan la vida a diario creo que está bien que tengan porte de armas, teniendo por supuesto todos los controles necesarios", dijo el senador colorado.

En tanto, el diputado Víctor Semproni —uno de los pocos frenteamplistas que ha mostrado un fuerte rechazo a las políticas de desarme civil— dijo a El País que él está armado, y afirmó entre risas: "Mejor que no diga lo que haría si me vienen a robar".

El oficialista expresó que la solución no es quitarle el arma a la gente "honesta". "Si la gente se quiere defender lo va a hacer con un arma, un palo o un pico de botella. El problema no son las armas, es la reacción del ser humano, y un montón de gente, entre la cual me incluyo, al verse agredida se va a defender", dijo.

Sobre los arrestos ciudadanos, afirmó que es comprensible que la gente "al sentirse agredida, reaccione. Es algo natural, y si ven un delito que los afecta o afecta a un tercero es lógico que quieran defenderse".

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Según Fundapro, la cantidad de rapiñas en los últimos diez años se triplicó. Foto: Archivo. 

POLÍTICOS dicen que es “camino peligroso” si la población hace tareas policialesANDRÉS ROIZEN

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