SEGURIDAD

Exigen test de psicólogos privados tras procesamiento de jefa de sector.

El gobierno modificó la modalidad de ingreso de los aspirantes a policía tras el procesamiento sin prisión en 2017 del director de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone. El entonces jerarca fue procesado por la contratación de su hermana, Laura Anzalone con el cargo de psicóloga —título que no revalidó en Uruguay— y presentó renuncia a su cargo. Su hermana también fue procesada sin prisión por un delito de usurpación de título.

Laura Anzalone era encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial pese a que no tenía título de psicóloga.

El pedido de procesamiento fue apelado por la defensa de los acusados y hoy se encuentra a estudio de un tribunal de apelaciones.

El 29 de diciembre de 2017, durante la presentación de 319 cámaras de videovigilancia en los barrios Cerro y La Teja, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi dijo que en 2018 se incorporarán 500 policías al sistema de patrullaje PADO, llegando a un total de 1.500 funcionarios en ese programa. De esos 500 efectivos, 150 se destinarán en el correr de los próximos meses a la Guardia Republicana. La mayoría fue habilitada por los exámenes de Anzalone.

Posteriormente a ese caso judicial, el gobierno estableció que para ingresar a la Escuela de Policía se debía presentar un certificado psicológico privado. Ese test debe señalar que la persona es apta para portar un arma. Antes eran certificados por el Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial.

El diputado blanco, Pablo Abdala presentó ayer un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre si hubo un cambio en la forma de acreditar la aptitud psíquica de los aspirantes a ingresar a la Escuela de Policía de Montevideo.

"Si en esos casos —en todos, o en parte de los mismos— el examen psicológico, en lugar de ser realizado por los servicios respectivos del ministerio, fue sustituido por la presentación de un certificado particular, elegido por los interesados", señala el pedido de informes de Abdala al que tuvo acceso El País.

El documento agrega que, en caso afirmativo, la cartera responda si tal procedimiento se ajusta a las normas legales y reglamentarias en vigencia. "Asimismo, si se trata de una decisión apropiada a los efectos de garantizar las cualidades de los funcionarios policiales", preguntó Abdala al Ministerio del Interior.

Abdala también preguntó sobre los fundamentos adoptados por las jerarquías que "justifiquen" el cambio administrativo. En otro tramo del pedido de informes, Abdala preguntó: "Si las explicaciones relativas al asunto tienen alguna vinculación con la resolución judicial del llamado caso Anzalone, que determinó la existencia de un delito de usurpación de título de psicólogo el año pasado".

Consultado por El País, el diputado Abdala calificó como "un hecho grave" si se confirma que ingresaron a la Escuela de Policía 500 aspirantes mediante certificaciones psicológicas particulares y no confirmadas por profesionales de la cartera.

"Las aptitudes psíquicas son una de las más relevantes para la función policial", expresó.

Una fuente de Interior dijo a El País que el nuevo sistema es más estricto, ya que el aspirante a agente debe cumplir con los requisitos para portar armas y luego un equipo de psicólogos le hace un seguimiento durante los seis meses que dura el curso para agente.

El auto de procesamiento de la jueza penal Ana Ruibal expresó que el entonces jerarca del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone, "vulneró" la transparencia de la administración pública al contratar a su propia hermana. La jueza Ruibal entendió que este se interesó en forma privada o intervino en una negociación que "es incompatible con su situación". Y advirtió que "quedó probado en el expediente que el acusado contrató los servicios profesionales de su hermana".

El psicólogo y experto en seguridad del Partido de la Gente, Robert Parrado, expresó que menoscaba la calidad de ingreso a la Escuela de Policía que un aspirante deba entregar un certificado de un psicólogo privado. Y consideró que es "muy grave" que la propia Escuela de Policía no valore las competencias de una persona para ser policía y solo pida tests psicológicos que refrenden que un individuo sí puede portar un arma. "No es lo mismo certificar que una persona es apta para llevar un arma que decir que alguien tiene competencias para ser policía", dijo Parrado a El País. En función de las aptitudes de una persona para ser policía, en la escuela se le puede brindar herramientas teóricas y prácticas que le permitan desempeñar su labor correctamente luego de egresado, dijo el experto.

Por su parte, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, calificó de "ilógico" el cambio de requisitos para aspirante a agente. "¿Qué psicólogo privado va a decir que no se está apto para ser policía si se le paga por el certificado?", se preguntó Rodríguez. La gremialista dijo que los aspirantes debían ser eliminados al ingreso de la escuela y no durante el curso.