VIOLENCIA DOMÉSTICA

Policías contra envío de efectivos violentos al INR

Alegan que decisión es inconstitucional y piden más psicólogos.

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Washington Abdala. Foto: Archivo El País

El Sindicato de Policías de Montevideo considera que la decisión de enviar a los efectivos acusados de violencia doméstica a trabajar a las cárceles es inconstitucional, según explicó a El País el abogado Washington Abdala, que representa al gremio. Se trata del protocolo dado a conocer el 24 de marzo para atender los casos de violencia intrafamiliar.

El sindicato policial de Montevideo y la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios presentaron un informe psicológico y jurídico para apoyar su oposición a la resolución del Ministerio del Interior.

"La máxima constitucional dice que las cárceles son ámbitos de rehabilitación; si se envía a individuos que están investigados por una situación de violencia se está violentando el principio básico del entramado del sistema", explicó Abdala.

Para que se corrobore en los hechos la opinión del abogado, alguno de los 500 policías denunciados por violencia debería presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que ésta se expida.

Abdala señaló que es partidario de realizar una pericia psicológica a los efectivos denunciados para luego tomar una decisión al respecto. Sin embargo, la Dirección de Sanidad Policial tiene un atraso de tres meses en el consultorio psicológico, según viene denunciando el sindicato.

La resolución ministerial comienza a regir este mes y se instruyó luego del homicidio de la bailarina Valeria Sosa a manos de su ex pareja, un efectivo policial en actividad, que había sido denunciado con anterioridad.

El sindicato estima que la resolución es una forma encubierta de conseguir más personal para las prisiones. Los dirigentes principales entienden que las condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no son las adecuadas y que es una tarea "muy desgastante".

No bien se conoció la medida, la presidente del sindicato, Patricia Rodríguez, la definió como "una locura".

La sindicalista de la policía recordó que cuando un efectivo es denunciado por violencia doméstica es desarmado mientras se sustancia el proceso correspondiente.

Por este motivo, el agente no puede trabajar en condiciones normales debido a que por ley debe portar su arma para ejercer su función. No puede hacer el servicio de vigilancia 222 y debe pagar el boleto porque no puede usar uniforme.

Hasta ahora los efectivos desarmados eran destinados a tareas de limpieza en las seccionales en la que prestan servicio.

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