En la ciudad de Dolores desertaron 21 jóvenes y una jueza penal ordenó citar a sus padres.

La policía comunitaria del pueblo mercedario de José Enrique Rodó, Mabel Viera, espera que mañana lunes le llegue un oficio del juez Héctor Boero para que comience a citar a padres cuyos hijos escolares y liceales desertaron de la educación pública.

Operadores judiciales dijeron a El País que la deserción escolar y liceal es elevada tanto en el pueblo de José Enrique Rodó como en la ciudad de Cardona, también ubicada en el departamento de Soriano.

Por ejemplo, en la Escuela N° 9 de José Enrique Rodó hay una niña que no concurre a clase desde hace tres meses.

En ese caso y en otros detectados en José Enrique Rodó, se aplicó el "Protocolo de Ausentismo" que se inicia luego de tres faltas del estudiante. El paso siguiente es la citación de los padres por parte de la dirección del centro educativo.

En caso de no lograr una respuesta, toma cartas en el asunto el inspector de Institutos y Liceos a efectos de intimar a los responsables legales del menor. De persistir la deserción, el caso pasa a la Policía Comunitaria o directamente a la Justicia. Los padres del alumno desertor podrían incurrir en omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

En abril de este año, la jueza Letrada de Primera Instancia de Dolores de 2° Turno, Mariana Capurro, ordenó a la Policía Comunitaria que buscara casa por casa a 21 liceales que habían desertado del liceo.

Tras la orden de la magistrada, la policía comunitaria María Barrera concurrió a los hogares de los jóvenes.

En algunos casos no encontró a los padres de los estudiantes y les dejó una citación para que concurran a la sede policial a la brevedad.

Los 21 padres fueron entrevistados por Barrera, quien recorre Dolores de punta a punta en una motocicleta de su propiedad. En todos los casos, Barrera les labró un acta sobre los motivos que llevaron a los jóvenes a abandonar la enseñanza liceal.

La agente se reunió con la directora del liceo de Dolores, Mariel Bazán, e intercambiaron puntos de vista sobre el problema. Luego Barrera elaboró un informe a la jueza Capurro sobre las respuestas obtenidas de los padres de los jóvenes.

En la mayoría de los casos los padres señalaron que sus hijos habían retomado sus estudios en la UTU de Dolores. Otros progenitores explicaron que los menores se habían reenganchado en el turno de la noche del liceo de la ciudad.

Barrera también informó que apenas cuatro estudiantes no habían regresado al sistema estudiantil por las siguientes razones: cumplieron la mayoría de edad, viajaron a otros departamentos a trabajar o vivían en pareja y tenían hijos.

La jueza Capurro aún no emitió ninguna resolución sobre esos cuatro jóvenes, aunque uno de los padres dijo que su hija pensaba retornar al liceo luego del nacimiento de su hijo.

El 15 de abril de este año, pocos días después de la resolución judicial de la magistrada, un tornado golpeó a la ciudad de Dolores. Cinco personas fallecieron, hubo 250 heridos y decenas de casas derruidas. Uno de los lugares más afectados fue el liceo de Dolores. Hoy el liceo funciona en varios contenedores muy ordenados ubicados al lado de la UTU. Allí concurren los liceales de todos los turnos.

En 2013, las autoridades de la educación detectaron una elevada deserción de escolares y liceales.

A fines de 2014, definieron un protocolo de actuación, que comenzó a aplicarse el año siguiente, para garantizar que todos los niños y adolescentes alcanzados por la obligatoriedad de la enseñanza (Ciclo Básico inclusive) no queden afuera del sistema.

El protocolo consta de varias etapas que involucran en una primera instancia al maestro y en la más extrema a la Policía y a la Justicia (ver nota aparte).

El protocolo, al que tuvo acceso El País, identifica como problemas la no inscripción de los niños y adolescentes en el sistema educativo, el estar inscripto y no concurrir; el haber concurrido y dejar de hacerlo y también el hecho de "concurrir parcialmente; tener asistencia esporádica o intermitente.

Según fuentes judiciales, esto fue lo que ocurrió con los 21 jóvenes liceales de la ciudad de Dolores que la Justicia ordenó ubicar.

Unos 16.000 niños y adolescentes desertaron este año de escuelas y liceos y el Banco de Previsión Social (BPS) analiza cortarles la asignación familiar por esa causa. El BPS hizo un primer relevamiento en abril de este año y en ese entonces había 22.000 jóvenes que no estaban concurriendo a estudiar. Unos 10.000 volvieron al sistema en estos últimos meses, informaron autoridades educativas. El corte del pago de las asignaciones familiares implica un cruzamiento de datos entre el BPS, la ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social.

El protocolo aprobado por autoridades educativas plantea llevar a cabo campañas publicitarias y de sensibilización para difundir los derechos de niños y adolescentes a la educación y los consiguientes deberes de sus responsables. Crear la Comisión de Seguimiento de las Trayectorias Escolares (Cosetre) en la ANEP para garantizar el derecho a la educación. En la misma se integrarán el Mides, Interior, BPS e INAU, además de los delegados de los Consejos de la ANEP. Creación y/o puesta en marcha del sistema digitalizado de información y seguimiento de las trayectorias escolares en los niveles de obligatoriedad. Presentar en los juzgados de familia y en las fiscalías penales y de menores un oficio requiriendo una consideración especial y una acción diligente a las situaciones que involucren vulneración de derechos a la educación. Coordinar con la Dirección del Registro de Identificación Civil para recibir información de los niños inscriptos en ese registro nacidos entre el 1° de mayo del año anterior y el 30 de abril del año en curso, correspondiente a la franja etaria de cuatro años. Adoptar resolución que haga preceptivo para todos los colegios e institutos privados, la entrega periódica de información circunstanciada sobre los estudiantes matriculados.

LA SITUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PÚBLICAEDUARDO BARRENECHE