DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Policía perdió trabajo y familia por denuncia falsa de acoso sexual

Efectivo ganó juicio a Interior; enfermera lo demandó por $ 1.656.000.

El Poder Ejecutivo deberá resarcir por daños al efectivo de la Guardia Republicana. Foto: Archivo
El Poder Ejecutivo deberá resarcir por daños al efectivo de la Guardia Republicana. Foto: Archivo

Un capitán de la Guardia Republicana, que revistaba un cargo de subdirector en el Hospital Policial, perdió su trabajo y su familia a raíz de una falsa denuncia de acoso sexual que le hizo una de sus subordinadas. El capitán sospechó que la funcionaria, de profesión enfermera, se ausentaba del Hospital Policial para trabajar como vacunadora en una policlínica de una mutualista. Sin embargo, antes de que tomara medidas administrativas, fue denunciado por la enfermera ante la dirección del hospital y en Asuntos Internos.

El Ministerio del Interior resolvió iniciar una investigación administrativa. Pese a que esta no probó la existencia de un acoso, la cartera decidió suspender al capitán de su cargo y le retuvo la mitad del salario.

En su demanda, el efectivo de la Republicana considera que la decisión de la cartera de sumariarlo sin pruebas en su contra genera una responsabilidad civil, no solo por el daño moral sino por la privación a los ingresos legítimos y necesarios para la manutención familiar. "Se trató de un abuso del Ministerio del Interior", declaró el demandado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian.

Además, el Ministerio del Interior lo sancionó con 15 días de suspensión por no trasmitir a sus superiores la sospecha de que la enfermera se ausentaba del lugar de trabajo para realizar tareas en otra institución.

En el Juzgado, la enfermera ratificó sus denuncia de que sufrió un acoso sexual laboral por parte del capitán cuando estaban solos en el despacho de su superior y negó que realizara tareas de vacunación en una policlínica de una mutualista.

Insistió en que fue víctima de acoso por parte del capitán de la Republicana y presentó en la sede una contrademanda para que se le condene al pago de $ 1.656.000 por daño moral.

El Ministerio del Interior alegó que el capitán no cumplió con su obligación de denunciar las irregularidades del servicio que constató según señaló; actuó dentro de sus competencias para buscar la verdad y consideró que el reclamo del demandante era exorbitante. Agregó que la insolvencia del capitán no tiene relación con la cartera.

Violación.

El juez Ohanian acogió parcialmente la demanda del efectivo de la Republicana contra el Ministerio del Interior y absolvió a la enfermera.

No hizo lugar al pedido de la funcionaria de que el capitán le pagara la suma de $ 1.656.000.

El magistrado consideró que el Ministerio del Interior violó normas de procedimientos administrativos que "exorbitaron" sus legítimas potestades, ya que no debió haber iniciado un sumario contra el efectivo.

"No escapa al fino parecer de los operadores del Derecho (jueces) que la temática del acoso sexual laboral, en particular vinculado al género, deben movilizar la mayor dedicación de las autoridades, así como su celo para desterrar a los autores de los cuadros funcionales del Estado", señala Ohanian en su sentencia.

De inmediato agrega: "Basta pensar el daño que se le puede causar a un padre de familia y oficial de Policía, tanto en su vida de relación como profesional, el estar sumariado por acoso sexual".

El Estado deberá pagar US$ 23.000 e intereses.

El capitán de la Guardia Republicana reclamó al Ministerio del Interior por pérdidas económicas y gastos en abogados $ 500.000 y solicitó por daño moral US$ 100.000.

El juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian determinó que el demandante percibiera por pérdidas económicas y gastos de abogados la suma de $ 260.000 más intereses y US$ 15.000 por daño moral.

"No escapa a cualquier entendimiento que ser objeto de una denuncia de acoso sexual laboral genera en el entorno profesional y familiar un claro perjuicio a la reputación. Dicho perjuicio debe ser reparado porque la Administración fue quien causó este daño", señaló Ohanian.

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