DECRETO POLÉMICO

Policía intervino de nuevo para asegurar libre tránsito en rutas

Intergremial del Transporte intentó trabar la salida del arroz en Treinta y Tres y Cerro Largo.

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El gobierno intentó clarificar el marco legal de la actuación. Foto: Archivo El País

El decreto "antipiquetes" del gobierno sigue generando controversias y mientras se suman cuestionamientos tanto desde el lado empresarial como sindical, ayer se dio otro caso en el que se aplicó la medida cuando la Policía intervino para asegurar el libre tránsito en las cercanías de Río Branco (Cerro Largo), la ciudad de Treinta y Tres y Vergara (Treinta y Tres) donde se desarrollaban medidas de la Intergremial del Transporte Profesional de Cargas (ITPC) para impedir que saliera producción de arroz de chacras de la zona.

Los empresarios del transporte están en medio de un duro conflicto con los cultivadores de arroz. Las partes no se ponen de acuerdo respecto a los fletes en plena cosecha.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), dijo a El País que "el Ministerio del Interior está actuando, tiene elementos legales para llevar adelante las acciones que crea convenientes (...) La Policía ha actuado con mucha rapidez en base a las solicitudes no solo de los productores, sino de la población en general", señaló.

El accionar policial se produjo en las tres localidades mencionadas, dijo Lago. "Los únicos camiones que no están yendo a la chacra son los que están siendo amenazados por un grupo de personas que no tiene nada que ver con el transporte de arroz", aseguró Lago.

Sin embargo, Humberto Perrone, gerente de la ITPC, dijo a El País que hubo consultas de la Policía, pero que los camiones no bloquearon nunca las rutas. No obstante, Perrone advirtió que "no está descartado" tomar medidas que afecten al conjunto del agro y se lamentó que el decreto del gobierno al excluir en su artículo 4 de su aplicación al ejercicio del derecho de huelga muestra que "no somos tan iguales ante la ley".

Perrone advirtió que "la cosecha se va a paralizar" y dijo que el problema es que "ocho o diez cabezaduras de la ACA" no quieren negociar. Agregó que la Intergremial interpreta que el gobierno emitió el polémico decreto pensando precisamente en el accionar de esta gremial de empresarios.

Empresarios.

Por su parte, las gremiales empresariales tienen serios reparos ante el decreto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, se reunió ayer con el presidente Tabaré Váz-quez y dijo que "si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones en las estructuras".

Es que los empresarios entienden que el artículo 4 del decreto establece una discriminación injusta. Los tres primeros artículos establecen que el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes para preservar el uso de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos. Determinan también que el Ministerio del Interior deberá dar inmediata cuenta a la Justicia de lo actuado. Pero el cuarto artículo establece que el Decreto Reglamentario no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución referido al derecho de huelga.

Andrés Fostik, de la Comisión Socio-Laboral de la Cámara de Industrias del Uruguay, comentó a El País que "el decreto es perfecto si se le saca el último artículo (...) A nosotros no nos viene bien el piquete, lo haga quien lo haga. Hay que regular para que todos tengan sus derechos protegidos. Los sindicatos se quejan, pero les está dando (el decreto) la posibilidad de que unos (las organizaciones de trabajadores) los hagan y otros no", dijo Fostik.

El tema será analizado por los abogados de la cámara industrial. Según el empresario, los piquetes empresariales han sido muy pocos en Uruguay. El decreto debió ser "parejo para todo el mundo" porque si vamos a invocar la Constitución la tenemos que invocar en todos sus aspectos".

Objeciones jurídicas.

Nelson Larrañaga, abogado laboralista de Ferrere Abogados, planteó varias objeciones a la norma. El artículo 4, a su juicio, "no debería existir porque si se protege la libre circulación de las personas es en todo caso y circunstancias".

Ese artículo interpreta que "si en el marco de una huelga se corta un camino, una carretera, una calle la Policía no puede intervenir, en ese caso el derecho a la libre circulación no está protegido". Y a su juicio se estaría vulnerando el artículo 7 de la Constitución que consagra la libertad en un sentido amplio, incluyendo la de tránsito y el 8 que establece el principio de igualdad porque se determina "un tratamiento diferencial".

Además, según Larrañaga, el decreto tiene defectos formales porque limita el ejercicio de un derecho, algo que solamente se puede hacer por razones de interés general y por ley, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

Según el laboralista, el Poder Ejecutivo asume un concepto amplio del derecho de huelga que incluye ocupaciones y piquetes pacíficos pese a que hay unas cuarenta decisiones de la Justicia Civil en sentido contrario. "Yo entiendo que el piquete no está comprendido en el derecho de huelga. La huelga es solo dejar de trabajar", consideró el jurista.

Sindicato policial aconseja filmar las actuaciones

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo propuso que cuando se aplique el decreto antipiquetes se realice una grabación en video de los acontecimientos que desencadenan la acción para que sirva de elemento probatorio de que se actuó de manera racional, gradual y ponderada. En un documento que el gremio entregó ayer al Pit-Cnt sostiene: "No querríamos que existieran lagunas en algo tan delicado como este asunto, menos cuando se le está exigiendo a la Policía un esfuerzo en la contención del orden público y si las señales no son claras, las respuestas tampoco lo serán", advierte el sindicato policial.

"Existen, internamente, a nivel de la propia Policía y sus diversos cuerpos "marcos de actuación" que son distintos según la especialidad de cada área interna. No es similar el desempeño disuasivo de un agente integrante de la Guardia Republicana que el de un cabo de una seccional. Sin embargo, ambos se rigen —en términos generales y obligatorios— por las mismas leyes. De cualquier forma, se sabe, que los entrenamientos son distintos, las actualizaciones a las que se someten son diversas y el encare policial es completamente diferente. No se convoca a la Republicana por asuntos menores y por ello su presencia debe estar acotada a la ley para evitar desbordes ilegales. Compartimos ese talante inicial del decreto respectivo", agrega.

HAY MÁS CRÍTICAS

Profesores anuncian medidas de lucha

Al cuestionamiento de COFE (sindicato estatal) al decreto “antipiquetes” se sumó ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que en un comunicado señaló que el gobierno viene aprobando decretos “que tienden a criminalizar la protesta, además de imponer condiciones a los trabajadores organizados (...) Hacemos saber al gobierno y a la opinión pública en general, que los docentes rechazamos que se limite el derecho a la protesta de cualquier colectivo que denuncie una injusticia, trátese de sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, comisiones barriales y demás organizaciones en torno a las cuales se nuclea la clase trabajadora”. Y advierte que “desarrollaremos todas las acciones jurídicas y de lucha hasta lograr la derogación de dicho decreto”. Este año se reeditará la discusión presupuestal y cabe suponer que el sindicato quiere asegurarse libertad de acción para la eventualidad de que instrumente movilizaciones.

También el Partido por la Victoria del Pueblo, integrante del Frente Amplio, emitió un comunicado en el que señala que “ante la promulgación y difusión del decreto presidencial que establece de forma expresa la autonomía policial y la capacidad de convocar a otros organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Defensa, para intervenir ante movilizaciones que obstruyan la vía pública, el PVP expresa su rechazo al decreto que refuerza el camino de la represión de las movilizaciones populares”.

“La democracia real se compone también del derecho a la protesta pública. Las estigmatización y criminalización de la lucha social son contrarias a la vocación de lucha por las transformaciones profundas de la sociedad que impulsa la izquierda. No es con herramientas de control, que habilitan la represión de la movilización social, que se avanza en la imprescindible participación de la gente para que esta sea protagonista de los cambios.

Esta ampliación de la autonomía policial, que perdurará como norma a futuro, no es el camino para la resolución de conflictos que emergen en la sociedad”, agrega.

El grupo frenteamplista entiende que debe darse prioridad al diálogo para buscar soluciones a los problemas que originan las movilizaciones populares.

También el Partido Socialista había emitido una declaración en la que marcaba su “preocupación” por el decreto del gobierno.

El tema será analizado hoy en el Secretariado del Pit-Cnt.

OPINIONES

No era necesario

NELSON LARRAÑAGA - ABOGADO LABORALISTA

“La ley orgánica policial le otorga a la Policía las competencias para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Ya la Policía tenía competencia para desbloquear. Se hizo un reglamento de ejecución” .

Diferentes tipos

PATRICIA RODRÍGUEZ - PRESIDENTA SINDICATO POLICIAL

“Cada piquete merece un abordaje peculiar (de las autoridades), aunque deben existir reglas generales. Hay piquetes acumulativos, planificados, voluminosos, menores, barriales, políticos, prepolíticos y hasta espontáneos”.

Divisiones

CARLOS PERERA - CÁMARA DE COMERCIO

“Si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite desalojar a los que son sindicalizados, de nuevo estamos generando divisiones. Considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Espejo argentino

ANDRÉS FOSTIK - CÁMARA DE INDUSTRIAS

“Por suerte en Uruguay no tenemos costumbres muy pesadas. En Argentina las tienen, por ejemplo. Veamos lo que pasa cuando esto no se regula... tenemos una ciudad vecina a pocos kilómetros como Buenos Aires”.

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