Dentro de un mes habrá Policía de Tránsito recorriendo las calles de Melo. Su aparición implicará una suerte de contienda de competencias a la hora de aplicar la ley de faltas y, en particular, hacer cumplir con la obligatoriedad en el uso del casco protector en motociclistas, algo que en Melo no es habitual.

Apenas el 3% de quienes circulan en moto, de las 45.000 registradas, cumplen con la ley; de hecho la Intendencia aplica multas únicamente en caso de que se produzca un siniestro si el motociclista no lleva casco.

Ahora, por orden del Ministerio de Interior, se deberá aplicar la ley de Faltas. En Cerro Largo la Intendencia dejó de fiscalizar el uso del casco en el año 1985.

Fue cuando el entonces intendente y actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, derogó la disposición que había marcado el gobierno de facto de obligar el uso del casco.

Nin mantuvo la decisión hasta que concluyó su gestión en 1994. Luego asumió Villanueva Saravia, quien tampoco obligó a usar el casco. Al fallecer Villanueva, los suplentes Serafín Bejérez y Diego Saravia no lo impusieron.

Luego, desde el año 1999, el intendente Ambrosio Barreiro gobernó 10 años y nunca aplicó la medida. En tanto, en los cinco años del actual jefe comunal Sergio Botana, tampoco se fiscalizó el casco.

En el año 2003, el exintendente Walter Barreiro inició una campaña en los medios locales explicando los aspectos positivos del uso del casco. Los inspectores trabajaron seis meses en las calles pero no pudieron. Se aplicaron multas y se incautaron motos, pero la población se reveló y preferían ser multados o vender las motos antes que colocarse un casco.

La falta de inspectores, la enorme cantidad de motos y la falta de hábito en la población, hizo que se dejara de fiscalizar, incluso se exigió la devolución de los dineros abonados a la Intendencia por concepto de multas. Fueron devueltos ciertos montos de dinero cobrados por el no uso del casco.

Ahora las autoridades departamentales consideran que deben iniciar una campaña educativa antes de su aplicacion con sanciones. En ese contexto, el intendente Botana se reunió con el jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, a efectos de coordinar las competencias tanto de la Policía de Tránsito como del cuerpo inspectivo municipal.

La Justicia de Cerro Largo ya procesó a 87 personas desde enero a la fecha basándose en la ley de Faltas, quienes vienen cumpliendo penas con medidas sustitutivas —como tareas comunitarias—, debido a los controles que los efectivos de la Jefatura de Policía de Cerro Largo realizan en motonetistas por el no uso del casco, por conductores alcoholizados o por circular sin la licencia que los habilite. "A partir de este mes quienes sean detenidos sin casco o incumplan con la ley vigente serán puestos a disposición de la Justicia de Paz por la violación a las nuevas normas incluidas en la Ley de Faltas", sostuvo el jefe Olivera.

Botana, en tanto, dijo que "se tiene que hacer cumplir con la Constitución y la ley. El gobierno departamental que tiene facultades para atender en materia de tránsito, como lo ha hecho siempre, debe acordar con la Policía una complementariedad para la fiscalización y los controles", dijo.

Botana estuvo reunido con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hace una semana. En el encuentro, que duró siete horas, "estuvo en la conversación el tema del casco", admitió el intendente Botana, quien ha sido flexible a la hora de obligar a su utilización, sin dejar de aplicar multas a quienes protagonizan siniestros y no utilizan ese elemento de protección.

La comisión que en Melo recogió 17.000 firmas contra la "No obligatoriedad del uso del Casco", reaccionó al conocer la creación de la Policía de Tránsito y ha anunciado que "es una barbaridad lo que se está dando", dijo el vocero del grupo, José Fernández.

"La creación en Melo de la Policía de Tránsito es precisamente controlarnos a nosotros los motonetistas y violar nuestra libertad individual", sostuvo, y agregó que "el tránsito dentro de las ciudades es competencia de las intendencias. La Unidadad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) le ha quitado más potestades y funciones a los gobiernos departamentales, violentando otros principios constitucionales como las autonomías municipales", agregó.

motociclistas nunca han sido sancionados por Intendencia desde el año 1985