Un policía y su familia serán desalojados de una casa de Mevir en el pueblo 25 de Agosto (Florida) en un plazo de dos semanas y deberán vivir en un parrillero prestado por un familiar.

"El gobierno otorga casas y comida a refugiados sirios, presos de Guantánamo y de otras nacionalidades y deja en la calle a la familia de un policía", dijo a El País Karina Giménez (33), esposa de un agente de segunda. Enseguida agregó: "No hay nada económico para alquilar en el pueblo. Uno de mis hijos tiene 12 años y juega al fútbol. Sus amigos están acá. No podemos ir a otro lugar. Mi otro hijo tiene cinco años y también sufrirá desarraigo".

Giménez y su familia viven en una modesta y bien mantenida casita del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) que antes había sido ocupada por el padre del policía. Tras el fallecimiento del anciano, hace nueve años, la casa estuvo vacía un tiempo. Luego el policía y su familia la ocuparon después de saldar la mitad de la deuda.

"Le propusimos a Jurídica de Mevir pagar desde cero esa casa. Es decir, que no tengan en cuenta el aporte de mi suegro y el pago de parte de la deuda. Pero no aceptaron y nos tenemos que ir", agregó Giménez.

Indicó que el Ministerio del Interior ni la Jefatura de Florida solucionan los problemas de vivienda de los policías subalternos. "Hubiera preferido que la Policía nos entregara una casa y que nos descuente del sueldo. No queremos nada de regalo. Pero Mevir nos desalojará y dará la casa a otra gente", dijo.

Para Giménez y su familia es "doloroso" tener que irse a vivir en un parrillero de unos 20 metros cuadrados. "También es algo triste para una familia terminar así. Queremos un techo digno", expresó.

En los últimos tres años, Giménez y su esposo efectuaron tareas de mantenimiento de la casa que Mevir otorgó al padre del agente de segunda.

La casa se ve prolija. Tiene una estufa en el living, una cocina-comedor amplia, baño y dos dormitorios cómodos. Detrás de la casa hay un pequeño fondo para colgar la ropa o armar una pequeña quinta.

Dentro de dos semanas, la familia deberá acomodarse en un parrillero de tres metros de ancho por seis de largo. Allí podrán colocar dos camas, un armario y una cocina. El parrillero se encuentra al fondo de la casa de los padres de Giménez.

La vivienda fue entregada al padre del agente en 2002. Cuatro años después, el anciano falleció. Un hermano del policía pagó por un tiempo la cuota de $ 680 por mes.

Giménez y su esposo concurrieron a la división jurídica de Mevir para buscar una solución al problema de la deuda y señalaron que estaban dispuestos a ocupar la vivienda. Allí les trasmitieron que debían pagar $ 9.000. El policía abonó $ 4.800.

A los dos meses, el agente recibió un llamado telefónico desde Mevir donde le trasmitieron que se encontraba en calidad de intruso. La primera orden de desalojo llegó el 22 de diciembre del año pasado.

Giménez habló con el magistrado actuante y logró una prórroga. Ahora el desalojo está previsto para el 5 de mayo.

No pedirán una nueva postergación.

En el pueblo 25 de Agosto no hay fincas económicas para alquilar. Los precios de renta de cualquier finca rondan los $ 9.000, lo cual son erogaciones demasiadas altas para un policía.

Los precios de los terrenos y las casas subieron en forma explosiva porque muchos montevideanos optaron por mudarse al pueblo aprovechando que el tren llega hasta ahí.

El valor de un terreno oscila entre US$ 6.000 y US$ 10.000, mientras el precio de una casa modesta puede alcanzar los US$ 30.000.

El pueblo se ubica a 80 kilómetros de Montevideo.

A las 22.30 horas del 10 de marzo pasado, la agente de segunda Carla Moreira recibió un disparo en el ojo derecho tras tirotearse con dos rapiñeros que querían sustraerle la pistola de reglamento y el chaleco antibalas. La bala todavía no fue extraída del ojo de la policía.

En los días subsiguientes, los gremios policiales se reunieron con jerarcas del Ministerio del Interior para plantearle el problema de Moreira y de otros tantos policías que viven en barrios carenciados, junto con las familias de los delincuentes que ellos apresan. La propia Moreira señaló, en una entrevista concedida a El País, que no tenía miedo de represalias pero sí temía por alguno de sus hijos.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que se le ofrecieron a Moreira dos viviendas por un año. Una de ellas se ubicaba en el barrio Maroñas y otra en Carrasco Norte. Ambas no estaban en condiciones de ser habitadas en forma inmediata al reque-rir de reparaciones. Una par-te de esos arreglos iba por cuenta del Ministerio del Interior y otra parte por la damnificada.

Según las fuentes, Moreira respondió en forma negativa a la propuesta porque el plazo de cesión era muy corto.

Hace 40 días que Moreira recibió el disparo en el ojo. En una intervención quirúrgica, se lo reconstruyeron pero no le sacaron el proyectil.

Trascendió que se le sacaría el plomo con una técnica especial, pero por ahora ningún organismo afrontó el costo de la cirugía, según las fuentes. En este momento, Moreira es estudiada por médicos del Hospital Policial que analizan cuál es la mejor técnica para extraerle el proyectil. Sufre de fuertes dolores de cabeza y en el ojo, lo cual la obliga a tomar calmantes.

Mevir los desaloja de la casa donde vivía padre del agente