El mayor escándalo de corrupción en la historia de la FIFA estalló ayer a partir de una investigación en Estados Unidos y derivó en el arresto en Suiza de seis altos directivos de la FIFA, entre ellos el uruguayo y vicepresidente de la organización, Eugenio Figueredo.

Arrestados por la Policía suiza en un hotel de Zurich, del que fueron retirados cubiertos por sábanas para proteger su identidad, están acusados de recibir más de ciento cincuenta millones de dólares en sobornos, fraude, lavado de dinero y otros delitos durante 24 años en el marco de negociados para conceder derechos televisivos de copas mundiales y campeonatos continentales.

Si no puede ver el interactivo haga click aquí

Figueredo es el directivo con más alto cargo de todos los implicados, y se lo identifica como uno de los principales artífices del complejo entramado de corrupción. También están involucrados el paraguayo Nicolás Leoz, cuya extradición ya fue solicitada, y el extinto presidente de la AFA, Julio Grondona, quien habría recibido US$ 15 millones en coimas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció los sobornos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para la adjudicación de los derechos comerciales de tres ediciones de la Copa América y de su torneo del Centenario. De acuerdo con el auto de acusación, la empresa Datisa, fundada en el 2013, obtuvo ese año, cuando Figueredo presidía la Conmebol, los derechos comerciales exclusivos para transmitir la Copa América del 2015, 2019 y 2023, y la Copa América Centenario que se jugará el próximo año. Pero para conseguirlos Datisa desembolsó fuertes sobornos.

"Acordó pagar 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la Conmebol, que eran funcionarios de la FIFA, a cambio del contrato de la Copa América (acordado en) 2013: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones del torneo", según el documento.

El Departamento de Justicia dijo que cada pago de 20 millones de dólares se dividía en 3 millones de dólares para el presidente de la Conmebol, 3 millones para el presidente de la asociación de Brasil y 3 millones para el jefe de la asociación de Argentina. Cada uno de los líderes de las otras siete federaciones sudamericanas se llevaba 1,5 millones de dólares.

Este tramo de la denuncia provocó un escándalo local, cuando el portal de noticias de la empresa Tenfield, de Francisco "Paco" Casal, aludiendo a una nota de la página web del diario chileno La Tercera, afirmó que uno de los acusados era el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, que habría recibido en 2013 un soborno por US$ 1,5 millones.

Bauzá dijo ayer a El País que ese dinero lo recibió la AUF como pago de la Conmebol por concepto de derechos de televisación, y que ingresó a una cuenta bancaria de la Asociación, lo que figura en el balance correspondiente.

"Nunca recibí dinero de empresas o personas para lograr favores o contratos", dijo Bauzá, quien manifestó que está a disposición de la Justicia y evalúa con sus abogados las acciones a seguir por el manejo de su nombre en el caso, lo que considera "agraviante".

Fernando Sobral, tesorero del Consejo Ejecutivo de la AUF que presidió Bauzá, dijo a El País que ese dinero ingresó a fines de 2013 a la AUF a modo de adelanto por los derechos de la Copa América. "No es una cosa secreta, el ingreso de ese dinero se puede ver, seguramente, en la contabilidad de la AUF. Si se entra al balance, tiene que estar", agregó.

La Fiscal General de Estados Unidos, Loretta Lynch, encargada de la puntillosa investigación que incluye fecha de pago de los sobornos y cuentas bancarias en los que fueron depositados, involucra a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, responsables de la empresa Datisa.

"Desde comienzos de la década de 1990, cuando el valor de los derechos asociados con la Copa América se incrementaron, varios dirigentes de la Conmebol comenzaron a pedir pagos de sobornos (...) a cambio de su actuación, incluyendo la renovación del contrato de la Copa América".

Horas más tarde, la empresa argentina Torneos y Competencias S.A., que es presidida por Burzaco, negó "cualquier participación en los hechos denunciados".

La denuncia tiene tal grado de detalle, que por ejemplo revela que varios ejecutivos del fútbol recibieron 40.000 dólares en efectivo en sobornos, metidos en sobres en un hotel de lujo del Caribe días antes de las elecciones presidenciales de la FIFA del 2011, en las que fue reelecto Blatter.

Los pagos fueron supuestamente arreglados por un funcionario de alto rango de la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que fue candidato en las elecciones, pero que no fue nombrado en la acusación de los fiscales estadounidenses. La acusación señala que el propósito de los pagos de 40.000 dólares era influir en la votación

Algunas prácticas en la FIFA eran abiertamente desvergonzadas. Por ejemplo, el exvicepresidente de la FIFA Jack Warner solicitó 10 millones de dólares en sobornos al Gobierno de Sudáfrica para que el país organizara el Mundial del 2010, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Los acusados promovían una cultura de corrupción y codicia que creó un campo de juego dispar para el mayor deporte en el mundo", dijo el director del FBI, James Comey. "Los pagos clandestinos de dádivas y sobornos se convirtieron en una forma de hacer negocios en la FIFA", agregó.

Sin embargo, Blatter se encamina mañana a ser reelecto por quinta vez al frente de la FIFA.

"Estamos determinados a ponerle fin a la corrupción en la FIFA", dijo ayer con voz de mando Loretta Lynch, de 56 años, fiscal general de los Estados Unidos. Asumió hace apenas un mes, cuando se convirtió en la primera mujer de raza negra en alcanzar tan importante cargo en su país. La investigación sobre corrupción en el fútbol la comenzó cuando era fiscal federal en Brooklyn y comenzó a investigar el pago de sobornos en partidos de la Concacaf. Así fue siguiendo una madeja que la llevó a desarticular una verdadera mafia del fútbol enquistada en la todopoderosa FIFA. Además de esta pesquisa, Lynch investiga la violencia policial en Baltimore, la que derivó en un violento estallido racial.

"Quiero hacer justicia", dijo cuando debió comparecer ante el Congreso para que le fuera votada la venia. Fue la aspirante al cargo de fiscal general que más debió esperar para ser confirmada. Hubo 166 días de debate, en el cual los republicanos objetaron especialmente su apoyo a las medidas migratorias del presidente Obama.

vea el interactivo