Estará operativo a los tres meses de que se sancione el proyecto.

El Gobierno le presentó a la oposición un proyecto de ley para crear una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que deberá diseñar un plan nacional para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado.

En un proyecto de ley que entregó el martes en la Torre Ejecutiva a los partidos políticos con representación parlamentaria, el Poder Ejecutivo propone también crear un Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera que estará conformado por un representante de los ministerios de Interior, Defensa, Economía y Finanzas, y Relaciones Exteriores, la Junta Nacional de Drogas y la Administración Nacional de Puertos.

La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, por su parte, estará conformada por el prosecretario de la Presidencia de la República (que actuará como coordinador) y los subsecretarios de los ministerios del Interior, Defensa, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. La comisión deberá elaborar un Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado en los 90 días posteriores a la promulgación de la ley que propone el Gobierno, el cual deberá ser remitido a la Asamblea General.

La comisión también deberá promover los contactos con otros Estados y organismos internacionales para facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo. También deberá realizar un informe anual que tendrá que elevar a la consideración del presidente de la República y hacer el seguimiento del plan mencionado que deberá elaborar.

En cuanto al Comité de Seguridad para los Pasos de Fronteras, deberá coordinar la actuación de los organismos que tienen competencia en materia de migración, aduana, represión del tráfico ilícito de drogas y control de la seguridad en puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Coordinará las tareas diarias de las distintas operativas, intercambiará la información necesaria, y en casos de operativos policiales, coordinará el ingreso de personal del Ministerio del Interior tanto a las zonas de acceso restringido como a las áreas públicas y las áreas sin acceso restringido.

Asimismo coordinará y controlará los requisitos para el otorgamiento de los permisos necesarios para la circulación en las áreas restringidas, y elaborará el listado de personas que tendrán libre acceso a las áreas restringidas en razón de sus funciones.

El Poder Ejecutivo propone, por otro lado, que cuando haya procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas, el Poder Judicial deberá comunicarlo al Ministerio de Desarrollo Social y a Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Estos dos organismos deberán evaluar si a raíz de los procesamientos se ven afectados derechos de personas que mantengan vínculos afectivos, familiares o de dependencia económica con los imputados. Si así fuera, el Mides y el Inau deberán brindar asistencia y seguimiento a los afectados integrándolos a los planes sociales específicos.

Por otra parte, en el Partido Nacional se entiende que el Gobierno está presentando como acordadas con la oposición iniciativas que están siendo analizadas en la comisión interpartidaria que estudia la actualización de las normas penales que en realidad no lo están.

El senador Javier García señaló, por ejemplo, que no se puede presentar como acordado el proyecto sobre el Ministerio Público porque fue elaborado por el Gobierno que lo remitió sin cambios al Parlamento. A su vez, advirtió que los blancos no comparten aspectos del proyecto vinculados a los procesos penales abreviados que también fuera presentado como consensuado. García cree que los avances de la comisión son "insuficientes".

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