EN BUSCA DE RECURSOS

El Pit-Cnt propone subir IRAE y Patrimonio

Buscan que se aumenten US$ 600 millones en ingresos cada año o reasignar gastos por ese monto.

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Olesker: para el exministro se pueden usar reservas para destinar a obras. Foto: Archivo

El Pit-Cnt entiende que la presión tributaria en Uruguay es más baja que en los países vecinos y que existe margen para incrementarla, en particular revisando exoneraciones tributarias existentes hoy por US$ 1.400 millones, subiendo de 25% a 30% el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y mejorando sustancialmente lo que hoy recauda el Impuesto al Patrimonio también eliminando "agujeros" a este tributo.

Estas modificaciones serían necesarias si el gobierno pretende cumplir con sus compromisos electorales, entre los que se destacan asignar un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, un punto a investigación y desarrollo, igualar el gasto por persona de ASSE al de las mutualistas y asignar US$ 1.300 millones a viviendas, señala el Pit-Cnt.

Las ideas están contenidas en un documento titulado "El Dilema Presupuestal" que presentó ayer el Instituto Cuesta-Duarte de la central a través del exministro de Salud y de Desarrollo Social, Daniel Olesker. El documento fue concebido como un insumo para los sindicatos públicos ante la inminente negociación de la Rendición de Cuentas. Como premisa de análisis, Olesker sostuvo que "la relación entre gravámenes al capital y al trabajo está desbalanceada" y se debe modificar.

Olesker apuntó en la presentación del trabajo a que la recaudación del Impuesto al Patrimonio equivale solamente al 6% de lo que ingresa a la Dirección General Impositiva (DGI) y que en el caso del que grava a las personas físicas, hoy en 0,7%, está previsto llevarlo al 0,1% en 2020, lo que equivale a su virtual eliminación. Para Olesker también debe considerarse que se paga sobre aforos en general subvaluados y que el mínimo no imponible en el ca-so de la propiedad de la tierra es demasiado alto (US$ 1,5 millones). "Si se corrigiera o detuvieran algunas de estas inequidades podríamos tener un Impuesto al Patrimonio más justo y sin tantos agujeros que lo terminan desvirtuando", opina la central.

El Pit-Cnt también cree que se debe establecer la progresionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a las rentas de capital. Como ejemplo de una situación a corregir mencionó lo que ocurre con la carga impositiva que deben pagar los propietarios que cobran alquileres: deben pagar 12% tanto quienes perciben un arriendo de $ 20.000 como aquellos que reciben $ 200.000.

Los técnicos del Cuesta-Duarte insisten también con la idea de utilizar parte de las reservas internacionales de libre disponibilidad de que dispone el país —en un monto que no precisaron— para financiar obras de infraestructura. "Uruguay tiene un nivel de reservas muy alto . (...) Los activos de reserva hoy son US$ 13.000 millones. Obviamente, no todos son de libre disponibilidad (...) Los que son, andan entre US$ 4.000 y US$ 5.000 millones. Todavía siguen siendo más o menos importantes. Tienen la restricción de que con eso no se pueden financiar aumento de salarios. (...) Todo puede ayudar en la resolución de la brecha presupuestal", opinó Olesker.

El Pit-Cnt también considera que deberían revisarse exoneraciones al IRAE, al Patrimonio y el IRPF al capital que suman US$ 1.400 millones. "Estas renuncias podían ser justificadas en el marco de crisis muy profundas como la del 2002 que obligaba a grandes sacrificios, pero por suerte esta no es la realidad de hoy", señala el documento. Entre las exoneraciones a revisar que mencionó Olesker están la que beneficia a los tenedores de deuda pública porque pesa mucho y las que se aplican a los aportes de las empresas a la educación, que suman US$ 8 millones anuales y cuya eliminación tendría un efecto fiscal inmediato. El conjunto de las exoneraciones pesa seis puntos en el PIB, pero tres de esos puntos corresponden a desgravaciones de IVA a productos básicos que no deberían eliminarse. Las exoneraciones al capital, entonces, representan tres puntos del Producto.

Para los técnicos del "Cues-ta-Duarte" se deberían aumentar recursos y/o redistribuir presupuestaciones a razón de US$ 600 millones anuales.

El "dilema" debe resolverse en la Rendición de Cuentas de este año, de lo contrario, los gastos quedan congelados, dice el documento. Cuantifica que el gasto en educación debería triplicarse en los tres años restantes de este gobierno, llegando a US$ 270 millones anuales.

Exoneraciones aplicadas "como un chicle".

La dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Virginia García, cuestionó la aplicación del artículo 69 de la Constitución que establece exoneraciones a la educación privada porque "ha sido estirado como un chicle (...) Hoy por hoy eso no tiene sentido. En una especie de sobreinterpretación, que rogamos a los compañeros que por favor se aclare esto de una buena vez por todas, estos tipos no pagan aportes patronales al BPS que no son impuestos (...) Las instituciones educativas privadas están teniendo una ganancia disparatada. Prácticamente no tienen más gasto que el sueldo limpio y algunas cuestiones de instalaciones. Y les aviso, por otra parte, que alrededor del 90% de las instituciones privadas no tienen la habilitación definitiva de Secundaria, porque siempre hay algo que les falta y hablamos de algunas instituciones que tienen 80 o 90 años en el país", dijo. "volviendo a cobrarles lo que se tiene que cobrar estamos dando el mensaje político muy importante de que el Pit-Cnt defiende la educación pública" sostuvo.

MSP: quieren un mínimo de $ 30.000.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública reclamará durante la discusión de la Rendición de Cuentas un salario de $ 30.000 nominales como sueldo de ingreso para quienes trabajen 36 horas semanales. Se beneficiarían 12.248 funcionarios de un universo de 21.350. Para quienes perciben entre $ 30.000 nominales y $ 60.000 pide un aumento de 10%. El sindicato también reclama una canasta de $ 5.000 para fin de año para quienes perciban menos de $ 60.000 nominales. Se beneficiarían 19.326 funcionarios.

También pide el sindicato licencias especiales por violencia doméstica. Y propone el ingreso de 300 trabajadores cada año en 2018, 2019 y 2020. El sindicato cree que la reforma de la salud está estancada aunque admite mejoras.

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