Alegan que “falta documentación” por hechos violentos del Hogar Ceprili

Pit-Cnt paraliza comisión que iba a expedirse sobre Joselo López

El Pit-Cnt dejó en suspenso el trabajo de la comisión de Ética y Propuesta que integró con el objetivo de analizar la conducta de funcionarios sindicalizados del Sirpa que violentaron a menores de edad internados y terminaron procesados por "tortura". La comisión debía decidir si los sindicalistas violaron normas de conducta del Pit-Cnt.

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La fiscal menciona golpes de puño, puntapiés y el uso de elementos químicos.

Uno de los sindicalistas más representativos que se encontraba en la revuelta del pasado 24 de julio era José Lorenzo López, ex vicepresidente de la central sindical, y máximo referente de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE). López renunció a la cúpula del Pit-Cnt un día antes de que la Justicia lo procesara, junto a otros 25 funcionarios, por el delito de tortura. Todos fueron partícipes (directos o indirectos), según la Justicia, de la reducción violenta de los reclusos que intentaron generar un motín en el centro penitenciario Ceprili.

Suspensión.

Según indicó Daniel Baldassari, ex dirigente sindical (fundador de la CNT), y miembro de la comisión que estudia lo sucedido en el Hogar Ceprili, habían "avanzado en el tema pero después se paralizó todo y no se siguió trabajando, se suspendió" la comisión.

En este sentido, Baldassari dijo a El País que "faltaron documentos que pretendíamos seguir trabajando, al final no quedó nada concreto". Luego reflexiono sobre la situación: "Estas cosas pueden servir para aprender, para que no vuelva a pasar lo que pasó".

Por su parte, Ricardo Vilaró, también dirigente sindical de la vieja guardia (CNT), indicó que "la Comisión dejó de funcionar hace más de tres semanas, por una cosa u otra paramos".

En tanto, Fernanda Aguirre, integrante del equipo encargado de temas vinculados a los Derechos Humanos en el Pit-Cnt, confirmó a El País que los trabajos de la Comisión "quedaron en suspenso y no hay nada que informar, no hay información al respecto". Consultada sobre cuál fue el elemento que hizo paralizar el trabajo de los sindicalistas, respondió nuevamente que "no hay nada".

Ricardo Cajigas (de la Unión Ferroviaria) fue más enfático que sus compañeros al ser consultado sobre la situación. "Ya los liberaron, eso debe de decir algo. Es una señal, aparte ya está pronto el protocolo de actuación, que antes no estaba", aseguró Cajigas.

El sindicalista argumentó que "una de las cosas que dice el protocolo actual, es que la mejor manera de reducir a un interno que está amotinado es entre cinco personas, por lo cual el día que entraron a reducir a los jóvenes no estaba tan mal. Entraron 26, tendrían que haber entrado como 65 personas. O sea que no era una exageración, como todo el mundo decía, eran pocos".

Los restantes integrantes de la investigadora son, Ricardo Ibarburu (de la Asociación de Bancarios del Uruguay), Edgardo Oyenart (secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt), José Suárez y el doctor Héctor Zapirain (abogado del Pit-Cnt).

Prisión domiciliaria.

De los 26 trabajadores procesados, 17 fueron con prisión. Estuvieron recluidos en cárceles (en su gran mayoría chacras) del interior del país desde el mes de julio hasta el 30 de octubre pasado, cuando el juez Gustavo Iribarren concedió la prisión domiciliaria para 14 de ellos durante los próximos noventa días. El resto de los procesados continúa cumpliendo el arresto domiciliario.

SABER MÁS

Cinco funcionarios por cada interno amotinado


Desde hace un mes comenzó a regir el protocolo de actuación para los trabajadores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que será usado cada vez que se presenten hechos violentos en las instalaciones carcelarias.

Sobre la reducción de los internos, el protocolo establece que el número de funcionarios por cada recluso debe ser en el entorno de cinco.

En este caso, cada persona sujetará una extremidad y el quinto colocará esposas y grilletes. De no ser posible, el número mínimo para llevar a cabo la acción es de tres funcionarios.

El texto del protocolo también indica que los trabajadores deberán actuar con una postura “firme y segura y a la vez respetuosa”, evitando cualquier muestra de agresividad con los jóvenes reclusos.

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