La central tiene un proyecto “avanzado” 

Pit-Cnt va por ley para deudas laborales; alerta de industriales

Empresarios, sindicatos y el futuro gobierno están enviando señales en estos días de que quieren que las relaciones laborales discurran por el camino del diálogo.

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El Pit tuvo un triunfo al obtener la ley de responsabilidad penal empresarial. Foto: Archivo El País

Sin embargo, el cierre de Ecolat supuso un sacudón y un proyecto de ley que quiere impulsar el Pit-Cnt para que las empresas contraten un seguro que garantice el cobro de los créditos laborales si una firma desaparece o su propietario la abandona, augura dificultades para el futuro. La elaboración del proyecto, dice el Pit-Cnt, recobra importancia tras lo ocurrido con Ecolat que esta semana anunció su retiro de Uruguay.

El anuncio del grupo peruano Gloria, accionista de la empresa láctea Ecolat, de que abandonará el país porque, a su juicio, en la empresa se quebró el principio de autoridad, llevó al Pit-Cnt a acelerar la preparación de un proyecto de ley para que las empresas contraten un seguro que garantice a los trabajadores el cobro de sus créditos laborales cuando una empresa cierra o sus accionistas la abandonan.

Milton Castellano, dirigente del Pit-Cnt, dijo a El País que el proyecto está "bastante avanzado" y ya se ha realizado "algún intercambio con el futuro ministro de Trabajo" para presentarle la idea. Castellano argumentó que, de la misma forma en que las empresas contratan seguros contra incendio, deben contar con cobertura contra la insolvencia que deberá financiarse con recursos aportados por ellas. Si bien en el actual marco normativo los acreedores laborales son privilegiados, en el Pit-Cnt se considera que se necesita algún instrumento adicional para darles garantías a los trabajadores.

Representantes del futuro gobierno ven con buenos ojos la iniciativa. Juan Castillo, futuro director de Trabajo, dijo a El País que "suena como un buen instrumento, hay que analizarlo", pero advirtió que "no soluciona el tema de fondo que es el mantenimiento de los puestos de trabajo".

Sin embargo, en la Cámara de Industrias la idea no gusta. El industrial Gabriel Murara, opinando a título personal, se preguntó "¿quién lo va a pagar?, porque la preservación de los puestos de trabajo es responsabilidad de todos".

El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo que "la mayoría de las empresas que cierran, cumplen y ya hay leyes que protegen a los trabajadores". "Que esto no se haga de forma consensuada, es una mala señal", advirtió.

Las divergencias se extienden a la interpretación de la salida de Ecolat, la segunda empresa láctea del país.

Castillo fue muy crítico con la empresa. "Es un tema de mucha preocupación. Cada puesto de trabajo preocupa y más si hay 400 puestos de trabajo directos y 1.000 indirectos. Lo último que voy a hacer es echar la culpa a los trabajadores. No puede ser que sean los que pagan los platos rotos. La responsabilidad de gestión es compartida pero la parte principal es del inversor. No me quedo con la versión de la empresa. Si en una empresa de 400 trabajadores, se plantea una reestructura por la cual quedan 105, hasta un ratón te hace frente. Siempre se necesita negociación en la que nadie se va a llevar todo", dijo Castillo. Al futuro director de Trabajo le llama la atención que "a las demás empresas del sector lácteo les va bien, acá hay otro problema más allá de que juegan los precios internacionales que han caído".

La cúpula del Pit-Cnt se reunió el jueves con el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, y el viernes con el de Trabajo, Nelson Loustaunau, para plantear la fuerte preocupación de la central por un sector como el lácteo en el que ven un fuerte proceso de reestructura. En algunos casos, supone la aparición de "megatambos" que realizan procesos industriales que pueden llegar a afectar a los pequeños productores y en otros la "primarización" de la producción lo que representa un "retroceso", dijo Castellano.

Los empresarios cargan las tintas en otros factores.

Murara recordó que durante la ocupación de la planta de Ecolat se vivieron situaciones "muy duras" y que hubo personal que "fue secuestrado, porque la palabra es secuestrado". "Las soluciones en Ecolat se fueron dilatando y la empresa dijo, "no va más, no pongo más plata".

Corallo sostuvo que las empresas tienen que tener flexibilidad para reestructurar sus operaciones porque se desempeñan en mercados cambiantes y si "el plan de negocios no da, no da". "Lo de Ecolat no son buenas señales hacia afuera.

No se puede correr a los inversores que son los que arriesgan. Es una lástima lo que pasó y hay que prestarle mucha atención; esto debe ser un llamado a la reflexión", comentó.

Y Murara advirtió que globalmente la industria está estancada desde hace tres años porque "se complicó mucho el tema costos, hay atraso cambiario y es difícil que la competitividad se arregle este año". "Así que el trabajo lo tienen que cuidar todos, no solamente el empresario", señaló Murara.

En Trabajo, habrá una empresaria y sindicalistas

El futuro ministro de Trabajo, Ernesto Murro, tiene 63 años y fue sindicalista de la madera. Desde 2005 es presidente del Banco de Previsión Social, donde antes fue director en representación de los trabajadores.

Lo secundará Julio Baraibar, de 69 años, actualmente embajador itinerante, hombre de confianza del presidente saliente José Mujica y ex sindicalista. Baraibar estuvo exiliado en Suecia y conoce bien el Ministerio, porque fue director de Trabajo, subsecretario y, por último, ministro. Militante del Movimiento de Participación Popular, Mujica le asignó en 2011 la tarea de colaborar con la reestructura de AFE.

Juan Castillo, futuro director de Trabajo, tiene 57 años y ha sido funcionario de la Administración Nacional de Puertos. Es comunista desde 1984 y se desempeña como uno de los vicepresidentes del Frente Amplio. Fue un sindicalista combativo pero ha mantenido contactos fluidos recientemente con el sector empresarial.

De hecho, su adscripta en la Dirección de Trabajo será Cristina Fernández, que como asesora de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte (Anetra) se opuso como representante empresarial a la ley de responsabilidad penal del empleador. Como inspector general de Trabajo actuará Gerardo Rey, ex sindicalista de UTE. Y en la Dirección Nacional de Coordinación con el Interior actuará Jorge Mesa, que proviene del sindicato de la construcción (Sunca).

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