Defenderá el convenio bipartito que firmó con el sindicato.

El Pit-Cnt va a dar batalla para se aplique el convenio que tres gerentes de Alcoholes del Uruguay (ALUR) firmaron con el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA) y que el presidente Tabaré Vázquez ordenó dejar sin efecto. Esto augura un choque importante entre la central sindical y el Poder Ejecutivo.

El encargado del Interior en el Pit, Ricardo Cajigas, irá hoy con Daniel Urquiola, integrante al igual que él, del Secretariado Ejecutivo de la organización, a Bella Unión a reunirse con el SOCA. Ya adelantó que la postura de la central es que el acuerdo está vigente. "¿Por qué se tiene que meter el Ejecutivo? Es una negociación bipartita que no perjudica ni a ALUR ni a los trabajadores. No es una negociación por rama", dijo Cajigas a El País.

La decisión de Vázquez de objetar lo acordado afecta a la negociación colectiva, y no toma en cuenta que ALUR se regula por el derecho privado, por propia decisión del Gobierno, sostuvo Cajigas.

El diario El Observador publicó que el presidente Vázquez no quiere que se apruebe el convenio, que involucra a 520 trabajadores (la mayoría viven en Bella Unión y unos pocos en Montevideo), porque está en clara oposición a los lineamientos oficiales para las negociaciones salariales, al establecer aumentos bimensuales.

"El gobierno debería preocuparse porque no hay negociación colectiva por rama en las intendencias, por denuncias de violación a la negociación colectiva en OSE o en AFE, donde los directorios o no negocian o lo hacen de mala manera, o por la Zona Franca de Florida en la que se envían trabajadores al seguro de paro sin negociar. Los acuerdos están para cumplirse", dijo Cajigas.

Sin embargo, ni siquiera está claro que el acuerdo esté vigente, y de hecho el directorio de ALUR todavía no analizó ni aprobó el convenio que fue suscrito por tres gerentes y el sindicato el 10 de agosto.

Diego Labat, director blanco de Ancap y que también es uno de los tres integrantes del de ALUR, dijo a El País que el tema será analizado esta semana por el directorio de la empresa pública. Señaló que "no parece razonable en este momento que está atravesando el país" aprobar el convenio que "básicamente está por fuera de todas las pautas" por los ajustes bimensuales que incluye (los lineamientos oficiales aconsejan que sean semestrales) y por otros aspectos. Labat se incorporó al directorio de ALUR luego de que suscribiera el preacuerdo que establece beneficios para los trabajadores por nocturnidad y una paga extra por trabajar los domingos.

ALUR es propiedad en un 91% de Ancap y el resto del paquete accionario pertenece a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). ALUR produce biodiesel para mezclar con gasoil y bioetanol para hacer lo mismo con la nafta.

En 2015 facturó US$ 250 millones. La gestión de esta empresa fue uno de los puntos más cuestionados en la comisión investigadora que indagó la gestión de Ancap durante las presidencias de Raúl Sendic y de José Coya.

El directorio de Ancap pidió informes jurídicos sobre la situación del funcionario Jorge Pérez quien había sido sancionado por la empresa tras denunciar irregularidades en la facturación de la planta de Ancap en Manga. El director blanco, Diego Labat, solicitó esos informes. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló que Ancap había incurrido en "desviación de poder" al sancionar a Pérez y que se lo quiso callar.

SINDICATOS CUESTIONAN AL PRESIDENTE