LO QUE DEJÓ EL CIERRE DE RAINCOOP

Piquete abrió debate sobre límites de protesta sindical

Juristas advierten que debe contemplarse el derecho a libre circulación.

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Ómnibus de Raincoop frente a la Intendencia de Montevideo. Foto: Ariel Colmegna.

Pasó primero por una medida del sindicato del taxi, que protestó contra la aplicación Uber. El Centro montevideano quedó bloqueado. Lo mismo pasó el lunes 13, y durante diez horas, como consecuencia de una protesta de trabajadores de Raincoop que reclamaban soluciones ante el cierre de la cooperativa de transporte de pasajeros. La avenida 18 de Julio y calles paralelas céntricas quedaron intransitables por el bloqueo de los buses.

Está claro que el problema no tiene todavía la dimensión que llegó a tener, por ejemplo, en Buenos Aires durante el gobierno kirchnerista. Pero los "piquetes" sindicales hace tiempo que se vienen realizando en Uruguay y aparecen voces que se alzan pidiendo al gobierno que no sea omiso y actúe para evitar que se vulnere el derecho de otras personas a la libre circulación.

El artículo 7 de la Constitución establece que todo uruguayo tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Podría interpretarse que no se puede ser libre totalmente ni ejercer el derecho a circular libremente si las calles están bloqueadas. "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general", de la Constitución.

El constitucionalista Martín Risso entiende que se deben poner sobre la mesa todos los derechos que están en juego: el derecho a la libertad de comunicación de pensamiento de parte de quienes protestan y el de los transeúntes y automovilistas que deben ser armonizados de acuerdo con criterios jurídicos adecuados.

"La clave es la intensidad del ejercicio del derecho y la intensidad del daño que se causa. Si hay una alteración del tránsito que se extiende por horas, es sin dudas contraria a la Constitución por violar desproporcionadamente los derechos de terceros", opina Risso.

El constitucionalista cree que ante un bloqueo realizado con ómnibus se deben distinguir al menos tres casos. En el primero, si hubiese ómnibus que fueron dejados en la calle la Intendencia de Montevideo por iniciativa propia debería removerlos como haría con cualquier vehículo mal estacionado. En el segundo, si los choferes o el personal de la empresa estuviesen en el lugar se debe intimar a su retiro y si se negasen a la remoción de los vehículos también sería responsable la comuna. Solamente en caso de que el personal que protesta persista en su oposición al retiro de los vehículos se debería llamar a la Policía para que se auxilie a la intendencia. "No creo que para remover un vehículo de la vía pública se precise la intervención judicial", considera Risso.

El también constitucionalista Ruben Correa Fleitas entiende que el derecho a la libre expresión tiene "tres límites clásicos" que son el "orden público", "las buenas costumbres" y "el derecho de los demás".

"En todo el mundo pasa esto y el que tiene que poner los límites es el gobierno que tiene que analizar cada situación. Un ciudadano puede presentar un amparo, pero es algo bastante teórico porque ¿cuánto demora?", preguntó Correa Freitas. En caso de un perjuicio económico grave, el ciudadano podría recurrir a otras vías judiciales también lentas, explicó.

Para el diputado colorado Ope Pasquet, no se puede admitir que se bloqueen calles céntricas durante horas y consideró que en el caso de Raincoop "se dejó hacer" porque es "cómodo".

A su juicio, debería irse a una especie de protocolo para enfrentar estas situaciones. "Siempre debe haber instancias de diálogo y criterios de razonabilidad. Hay que aprovechar la cercanía del gobierno con los sindicatos para que la comunicación sea más fluida", sostuvo el legislador.

A juicio de Pasquet, se corre el riesgo de que lleguen a Uruguay "de forma tardía los peores rasgos de la Argentina kirchnerista".

"Las normas ya están, hace falta voluntad para aplicarlas. No puede haber una transacción", considera.

De hecho, la Intendencia de Montevideo llegó a barajar la posibilidad de denunciar penalmente a los manifestantes de Raincoop por el bloqueo de la circulación en la ciudad.

Máximo Oleaurre, director de Transporte de la Intendencia, dijo en El País TV que el lunes pasado el intendente Daniel Martínez planteó a los sindicalistas de Raincoop que bloqueaban el centro de Montevideo "con mucha tranquilidad y mucha suavidad" que la obligación de la Intendencia era "asegurar la libre circulación" y, que, si eso no era posible se procedería a hacer una notificación con escribano público a los manifestantes y si persistían en el bloque se haría una denuncia penal. El funcionario señaló que finalmente "en una decisión madura" los manifestantes levantaron el bloqueo.

Los límites de las protestas sindicales es tema de debate entre las cámaras empresariales y el Pit-Cnt, y ha llevado al gobierno a tomar medidas. En el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010), derogó un decreto que habilitaba la desocupación de los lugares de trabajo en el sector privado por parte de la Policía, aunque luego aprobó otra resolución expresamente prohibiendo la ocupación de oficinas públicas.

En su primera administración, Vázquez también fue muy crítico con los piquetes del lado argentino en los puentes sobre el río Uruguay que permitió el gobierno kirchnerista mientras duró el conflicto por la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. Vázquez no ha permitido cortes de rutas.

En la segunda administración frenteamplista (2010-2015) el presidente José Mujica aprobó un decreto regulando las desocupaciones de organismos del Estado.

Los empresarios quieren una regulación similar para el sector privado. Las cámaras empresariales tienen en suspenso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplimientos del Estado a la ley de Negociación Colectiva. Justamente, uno de esos incumplimientos era la ocupación como extensión de la medida de huelga por parte de los sindicatos.

PROTESTAS

Taxistas contra Uber.

En mayo un grupo de 730 taxistas interrumpió el tránsito de la avenida 18 de Julio, frente a la Intendencia de Montevideo, para protestar contra Uber. La protesta se desarrolló desde la hora 12:00 y culminó puntualmente a las 15:00. Esta movilización, a diferencia de las anteriores, fue convocada por Radiotaxi, un servicio que reúne a coches de distintos grupos, asociaciones y cooperativas.

Movilización de COFE.

El pasado miércoles 15, los sindicatos del Estado reunidos en COFE pararon por 24 horas. El paro incluyó movilizaciones por el centro de Montevideo y una concentración frente a los ministerio de Salud Pública y Economía, que cortaron el tránsito durante la mañana. A esta altura del año hay varias las movilizaciones sindicales en el sector público porque coincide con la Rendición de Cuentas.

Ocupación del Codicen.

En septiembre de 2015, la Policía desalojó la sede del Codicen de la ANEP. Hubo incidentes con heridos y varios detenidos. Este caso reactivó la polémica sobre las ocupaciones de las oficinas públicas, la actuación de la Policía y los grupos radicales que participan de las movilizaciones. También intervino la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Tamberos cortan rutas.

En enero pasado productores tamberos cortaron parcialmente varias rutas nacionales en rechazo a la suba de tarifas y también en reclamo por las demoras en los pagos de productos lácteos enviados a Venezuela. El Libertad, San José, por ejemplo, en la ruta 1 hubo decenas de tractores y camiones y la Policía Caminera desvió el tránsito en media calzada.

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