Un total de 7.466 votos definió ayer el futuro de la Caja de Profesionales Universitarios. Y el pronunciamiento fue contundente: la necesidad de un cambio. El escrutinio provisional revela que de los cinco integrantes del Directorio que se eligen por el sufragio de los afiliados, ninguno representa al oficialismo actual.

Si bien la votación fue del 12% del padrón de habilitados, implica un crecimiento respecto a la última elección —en que apenas se superaron los 5.000 votos. El mayor incremento de la participación de este año se dio entre los activos. En buena medida responde a que la Caja está pasando por un momento de incertidumbre, fruto de un déficit operativo desde 2014, y en el que está en juego la sustentabilidad de la institución.

Se presentaron 20 listas, 12 en representación de los activos y el resto de pasivos. Entre los jubilados, el conteo primario indica que el médico Odel Abisab obtuvo una ventaja de 200 votos —lo que hace "casi imposible" que alguien le quite el lugar en el Directorio, incluso sumando los votos por correo.

Entre los profesionales en actividad, el conglomerado de los médicos del interior, la sociedad de anestesistas, los odontólogos y algunos abogados obtuvieron la mayoría de los votos. Lo más probable es que el médico Gonzalo Deleón y el odontólogo Federico Irigoyen se queden con dos de los cuatro cargos que se disputaron entre los activos. Los otros dos sillones los ocuparía el arquitecto Walter Corbo (de Agrupación Universitaria del Uruguay) y el ingeniero industrial Óscar Castro (de El Orden Profesional).

El conteo definitivo comenzará el martes, pero —según fuentes de la Corte Electoral— "es poco probable que haya cambios drásticos en los resultados". Esto haría pensar, en base a las propuestas previas, que varios integrantes del nuevo Directorio pedirán la revocación de la medida adoptada hace un año sobre el recorte de las pasividades.

Por aquella decisión, los jubilados pasaron de cobrar el 60% de lo aportado a un 50%. Además les fueron quitados los complementos en gastos de salud y se les sacó el aguinaldo (que son unos $ 8.500 al año).

Algunos candidatos que, a priori, ganarían la elección, pedirán además una auditoría para evaluar los gastos (con énfasis en las cobranzas y la morosidad).

Otros de los elegidos insistirán en mejorar la comunicación con los afiliados y en la defensa de la autonomía de la Caja, dado que hay quienes plantean su fusión con el BPS. Pero todo dependerá de acuerdos y del peso de cada fuerza.

CRISIS INSTITUCIONAL