Fiscal le tipificó estafa; actuaba como “representante encubierto” de la central.

Por primera vez las denuncias contra la gestión del Plan de Vivienda sindical del Pit-Cnt pueden terminar en un procesamiento con prisión.

El fiscal penal Carlos Reyes solicitó prisión para el gestor M.D. por un delito de apropiación indebida. Se trata de un exmilitante de izquierda sindicado por su socio ante la Justicia, R.CH.M. como "el representante encubierto del Pit-Cnt".

El acusado intermediaba con empresas interesadas en construir viviendas para 15.000 trabajadores, nucleados en 300 cooperativas, a través del Plan de Vivienda del Pit-Cnt.

El expediente pasará a estudio de la jueza en lo Penal de 8° Turno Graciela Eustachio, quien se expedirá sobre el pedido del fiscal Reyes. En esa sede penal hay cuatro denuncias contra el acusado por supuestas estafas y apropiaciones indebidas.

Según las denuncias, M.D. y su socio R.CH.M., ya fallecido, negociaban con empresas constructoras interesadas en construir viviendas para trabajadores a cambio de una "comisión" de US$ 300.000. Para convencer a los empresarios, mostraban un contrato firmado entre el Banco Hipotecario (BHU) y el Pit-Cnt que supuestamente otorgaba respaldo financiero al programa.

En algunos casos, ambos intermediarios cobraron ese dinero en cheques que terminaron en manos de prestamistas cuando debieron ser utilizados en la compra de terrenos.

Fuentes del caso indicaron a El País que el fiscal Reyes solicitó el procesamiento con prisión de M.D. por apropiación indebida como señala la primera denuncia penal referida a ilícitos realizados durante las negociaciones para construir casas.

Esta denuncia fue realizada por la empresaria de Rocha Susana Nicodiella, quien dijo a la Justicia haber sido estafada en US$ 300.000.

El 5 de mayo de 2016, el gestor R.CH.M declaró in extremis ante la jueza Eustachio que el entonces encargado del plan de viviendas de la central obrera, Eduardo Burgos, fue su "socio" y que tuvo el "aval" del Pit-Cnt durante las negociaciones con los privados denunciantes.

También admitió que, junto con su socio M.D., pidió dinero a los empresarios para la compra de terrenos que nunca fue devuelto.

Nicodiella entregó ocho cheques que totalizaban US$ 300.000. Cuando las viviendas comenzaron a demorarse y uno de los cheques por US$ 25.000 intentó ser cobrado por un tercero, Nicodiella le pidió a Burgos que lo recuperara. El dirigente sindical hizo gestiones pero no logró recuperar el cheque.

El Plan de Vivienda Sindical nació en 2011 en el sindicato metalúrgico (Untmra) por el impulso del entonces coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala (PCU), hoy secretario general de la central obrera. Al frente del plan, Abdala designó a Burgos, su mano derecha y también integrante del sindicato metalúrgico. Además fueron designados para trabajar en el plan otros dirigentes del Partido Comunista del Uruguay.

"En septiembre de 2011, Juan Castillo y Marcelo Abdala, en nombre y en representación de la central, se presentan en el Banco Hipotecario y celebran un contrato absolutamente nulo", dijo a El País uno de los abogados denunciantes, Gustavo Salle. Agregó que el contrato firmado por el entonces presidente del BHU, Jorge Polgar —hoy presidente del Banco República— es nulo porque el Pit-Cnt carece de personería jurídica. En ese contrato, el BHU le brinda un supuesto respaldo financiero al plan de miles de viviendas del Pit-Cnt.

"Con ese contrato, el acusado M.D. y R.CH.M. salen a nivel nacional e internacional a conseguir empresas constructoras que realizaran el proyecto. A cambio de eso y por conceptos técnicos y burocráticos, se les pedía a las compañías miles de dólares en concepto de adelantos", dijo Salle. En el caso de su cliente, una empresa de la ciudad española de Logroño, se le sacó US$ 300.000, agregó.

El abogado sostuvo que también se engañó a trabajadores que pensaron que, con este plan, iban a alcanzar su casa propia. "Las viviendas no se hicieron y esas sumas de dinero se quedaron en manos de esta gente", dijo.

Salle dijo que M.D. tenía algún tipo de vinculación con el Pit-Cnt. En las negociaciones con la empresa española, M.D. se presentó en el hotel como representante de la central. "Invocó la representación del Pit-Cnt y esgrimiendo el contrato entre Polgar y Castillo para demostrarle a la empresa constructora española que tenía respaldo estatal", explicó Salle.

El 5 de mayo de 2016, el gestor R.CH.M. declaró a la jueza penal Graciela Eustachio que, en 2012, un empresario del transporte de Tacuarembó interesado en invertir en el Plan de Vivienda Sindical, destinó dinero a financiar la campaña del entonces coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo (PCU), a la presidencia del Frente Amplio. El pedido fue realizado por el gestor M.D. —hoy acusado por la Fiscalía— al empresario.

R.CH.M. agregó que el empresario entregó tres cheques en pesos librados a nombres de tres canales privados de televisión por un monto equivalente a US$ 30.000.

El Pit-Cnt y el empresario no lograron concretar la construcción de las casas pese a que un financista prestó US$ 1.8 millones para construirlas a cambio de que por cada una de ellas se le pagaran US$ 1.000. Es decir, no aparecieron las casas ni los interesados en comprarlas y el empresario de Tacuarembó debió hacerse cargo de la deuda con el financista que había prestado dinero. Tampoco le devolvieron el aporte para la campaña de Castillo.

Consultado por El País, Castillo dijo que no sabía las razones que llevaron al gestor a declarar que recibió aportes de un empresario de Tacuarembó. "No puedo desmentir ni confirmar que fue así. Las finanzas de mi campaña las lleva el Partido Comunista", dijo. Agregó que no conocía a todos los empresarios que aportaron en su campaña. "No es ilícito hacer aportes a la campaña de un candidato", dijo.

EDUARDO BARRENECHE

UNA CAJA DE PANDORAEDUARDO BARRENECHE